A 3 años de este delito impune cometido por los funcionarios de salud, funcionarios de gendarmería y el Estado de Chile, nos acercamos a conversar con Lorenza Cayuhan en la comunidad mapuche Mawuidanche, ubicada en la región del Bío Bío, comuna de Cañete. Son las Tierras de Alto Anquiquina, las que proclaman ser de sus antepasados Mapuche Lavkenche y parte del Territorio mapuche, Wallmapu.

Lorenza Cayuhan fue detenida el 15 de diciembre del 2015, acusada por un testigo sin rostro del supuesto robo de una motosierra, un cooler, un GPS, una lima, un hacha y una cámara a trabajadores de la empresa FUMIVAR, prestadora de servicios de Forestal Arauco.

Junto a otros seis mapuche miembros de la familia Cayuhan, Lorenza fue condenada a 5 años y 61 días, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete desestimó lo señalado por la Corte de Apelaciones de Concepción sobre la utilización de la figura ilegal inventada por la PDI -referente al uso de un testigo ocasional al que el Ministerio Público describió como un colaborador habitual de la policía- quien no quería revelar su identidad, ni menos prestar declaración al tribunal. Lorenza tenía ya 4 meses de embarazo cuando fue condenada. En octubre del 2016, mientras cumplía condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones en su embarazo.

-Lorenza cuéntanos, queremos que el mundo sepa, ¿quién es Lorenza Cayuhan?

-Yo soy Lorenza Cayuhan, de la comunidad Mawidache de Alto Antiquina. En el tiempo antes que fuera procesada judicialmente, era dirigente de la comunidad

-¿Cuál es la lucha que llevan como comunidad?

-Recuperación de tierras de los predios de volterra, hay algunos que son de forestal Arauco y Mininco. Actualmente la tierra llamada Alto Antiquina está en manos de dos gigantes de la industria forestal, CMPC del grupo Matte y Arauco del grupo Angelini, quienes en dictadura de forma fraudulenta, junto al estado de Chile y sus amparadas legislaciones denominaron esas tierras de aptitud forestal, expropiándolas para la subsistencia alimenticia (agricultura) y de paso violentando la espiritualidad y cosmovisión de las comunidades mapuche de la zona con fines lucrativos, siendo las responsable de la escasez hídrica y los problemas de salud de la población del territorio.

En este contexto, de usurpación y nula voluntad política para reconocer y asumir la deuda histórica con el pueblo mapuche, es que las comunidades mapuche de la zona han decidido hacer ocupación de faenas forestales y autoproclamarse como lov en resistencia.  El estado de Chile ha respondido con una política sistemática de persecución, hostigamiento y represión hacia los miembros de estas comunidades movilizadas, con especial ensañamiento hacia dirigentes que reivindican tierras a empresas forestales.

-¿Cuál es la situación judicial que vivió?

-Forestal Arauco fue la empresa que nos llevó a la cárcel… lo que yo viví, ya que fui yo la más perseguida. Llevaban cerca de medio año siguiéndome, porque hubo fotos que salieron después en los juicios, de cosas que andaba haciendo y me di cuenta que me estaban siguiendo durante bastante tiempo.

Mi familia fue víctima de allanamientos, porque en mi comunidad allanaron todo, trajeron más de 50 efectivos y 2 helicópteros. Ahí fueron golpeados, tiraron bombas, hubo amenazas con armas para que entregara información, para mí y para mi hijo, que tenía en ese entonces 9 años. Estuvo con psicólogo y todas esas cosas, ya que era mucho el miedo que él sentía. Había hartos niños en ese momento y todos quedaron traumados, ahora ven un carabinero y salen arrancando, es un proceso bien complicado y yo creo que ellos están con esa idea y no se les va a salir. Se militarizo la zona, en cualquier momento cualquier cosa puede pasar.

-¿Cómo fue vivir un embarazo en prisión?

-Yo me sentía mal hace muchos días, como quince días antes de que naciera Sayen. Había un solo paramédico en ese tiempo, y nunca me tomaron en cuenta, les dije que me sentía mal, tenía muy hinchados los pies, la cara, todo el cuerpo, pero ellos nunca quisieron hacer nada.

Estaba con síntomas de parto el último día, no podía caminar… por eso me sacaron. Mi bebé estaba por nacer, iba todos los días, las internas me ayudaron porque si no me llevan, mi bebé muere porque ya no tenía oxígeno.

El 12 de octubre, la mujer mapuche recluida en el CDP de Arauco, embarazada de aproximadamente 8 meses, fue trasladada al Hospital de Arauco por molestias físicas debidas a su embarazo. Dado la gravedad de su estado de salud, tuvo que ingresar al Hospital Regional de Concepción.

Durante los 72 kilómetros de distancia para el traslado, la víctima quedó engrillada en la ambulancia, sufriendo molestias físicas debidas a las contracciones y la gravedad de su enfermedad. El 13 de octubre ingresó al Hospital Regional de Concepción, donde fue engrillada en la sala de parto y se le pidió a los funcionarios retirarse.

Frente a la urgencia de su situación, Lorenza tuvo que ser de nuevo trasladada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán. Engrillada a la cama del hospital, fue conducida a la sala de pre parto. Un funcionario masculino se quedó en la sala, mirando cómo la mujer se desnudaba para vestirse con la bata clínica, asistiendo a los exámenes ginecólogos. El mismo sólo accedió a quitar las esposas de los tobillos de la víctima para que le pudieran poner medias de contención, y la volvió a engrillar después.

"El funcionario también se quedó en el pabellón, donde se practicó la cesárea. La mujer dio a luz a una niña, engrillada, y en presencia de un funcionario de policía”, detalla el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

-¿Cómo fue este momento, nadie pidió quitar las medidas de seguridad?

-Ellos no solicitaron en ningún momento sacar las medidas de seguridad. En Arauco sí la solicitaron porque yo llegué con un chaleco y con grilletes en los pies y en las manos, y ahí la matrona les pidió a ellos que tenían que sacarme todas esas cosas, pero solamente ahí, saliendo de ahí ellos nuevamente colocaron las medidas de seguridad.

Nombramiento de Christian Alveal en Gendarmería: "Mientras más cosas malas hacen es más fácil para ellos ascender"

En diciembre de 2016, la Segunda Sala de la Corte Suprema determinó en un fallo unánime que “el Estado ha transgredido su obligación de proteger a la amparada de la violencia ejercida por funcionarios de gendarmería, al permitir que aquella que se encontraba en una condición de vulnerabilidad, dado su estado de embarazo y privación de libertad, fuera sometida a tratos vejatorios e indignos que debieron evitarse".

En la misma oportunidad se concluyó que el maltrato recibido tuvo origen discriminatorio debido a su pertenencia a una comunidad mapuche, constituyendo una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación”. Lorenza mujer, madre, mapuche, embarazada, prisionera del estado chileno.

En búsqueda de responsables, se inició la investigación por parte del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, encabezada por el doctor Héctor Morales, que determinó la responsabilidad de cuatro facultativos y acreditó la tortura y trato inhumano entregado a Lorenza. Sin embargo, la sanción a Morales finalmente fue revocada.

-La próxima audiencia de juicio -este jueves 21 de febrero- es contra los gendarmes que participaron en tu parto ¿qué pasó con los trabajadores de la salud, que también fueron parte del proceso?

-No sé por qué no fueron formalizados porque en este caso Fiscalía encontró que los culpables eran únicamente los tres funcionarios. No hubo ni siquiera mención al director regional, que ahora a todo esto es director nacional de Gendarmería, entonces es como ilógico: mientras más cosas malas hacen es más fácil para ellos ascender, no entiendo.

Llama la atención y no parece casual que Chistian Alveal, actual director nacional de Gendarmería, haya sido efectivamente ascendido y no expulsado de sus funciones, luego de que en 2016, como director Regional del Bío Bío fue quien permitió  y resguardó los abusos en contra de Lorenza y Sayen. Christian Alveal, el mismo que ejercía como jefe operativo titular de Gendamería en la Cárcel San Miguel, cuando un incendio en la torre 5 terminó con la vida a 81 hombres privados de libertad el año 2010.

El trato inhumano y tortura en contra de Lorenza y Sayen gatilló el cuestionamiento sobre la realidad particular que viven las mujeres en contexto de encierro, considerando la evidente crisis del sistema penitenciario chileno, tanto a nivel legislativo como nivel orgánico interno. Desde el hacinamiento y las deficiencias de las estructura, hasta el acceso insuficiente a agua potable, la mala alimentación y falta de atención médica son algunas de las situaciones cotidianas, que se acentúan considerablemente en los recintos donde habitan mujeres.

-¿De qué manera la prisión cumple con los derechos de una madre embarazada y niños/as en proceso de lactancia?

-No hay controles como corresponde, ni para uno ni para los niños. Recién ahora Sayen está con sus controles. Va una enfermera las revisan y se van, porque de Sayen no existe ningún registro. Sayen es prematura y no tiene ni un control como niña prematura. Ella debió haber tenido controles cada dos meses, no como un niño normal que es cada seis. Nunca se me informó que tenía que ser así: yo creo que se las arreglan entre ellos, si hubiese sido una profesional me hubiese informado… cuando salí me entere de cómo era el proceso con un niño prematuro. Ahora recién Sayen a los 2 años normalizó sus controles… ahora es tarde, si le llega a pasar algo, nadie es el responsable.

Un grupo de ONG’s, junto con el grupo legislativo de Alejandro Navarro, crearon un proyecto de ley que buscaba solucionar los problemas de las mujeres y de la infancia en prisiones. El proyecto buscó modificar dos aspectos del Código Procesal Penal: el artículo 141 donde se agrega la improcedencia de tomar en prisión preventiva a mujeres embarazadas o madres de infantes menores de tres años.

Por otra parte, se incorpora el artículo 468 bis, el cual, dentro de la reglamentación durante el cumplimiento de la pena, crea una institución que suspenda la ejecución de la pena cuando las condenadas son mujeres embarazadas o madres de menores de tres años, suspensión que se extenderá hasta el cumplimiento de dicha edad o bien la posibilidad de extenderla por tres años más en caso de que sus infantes presenten alguna enfermedad grave o discapacidad física o mental.

-Este proyecto fue ingresado al congreso para su discusión, pero hasta la fecha no hay resultados de su modificación y/o aprobación, ni presión de sus propulsores políticos.

-La Corte Suprema ordenó, cuando se puso el recurso de protección por Sayen, que hubiera un lugar mejor. Me di cuenta de que antes de venirme, ya las condiciones habían cambiado, porque yo hice reclusión nocturna tres meses, solamente iba a dormir a la cárcel. Entonces cuando llegaba allá me daba cuenta que habían llenado de camas el comedor, que habían más embarazadas y que al final volvió a ser lo mismo y yo esperaba que no hubiese sido así, lo mismo que solicitaba yo, que nadie más vuelva a tener su hijo de la forma que yo la tuve a Sayen y que las condiciones fueran mejoradas pero al final todo fue algo pasajero, porque ya todo volvió a la normalidad.

Qué impotencia me da, qué podemos hacer, porque yo sé que hay mujeres y hay mamás igual que yo, y una como mamá igual se coloca en el lugar de la otra mamá, que cómo me siento yo en un espacio pequeño de tres por tres todo un día, porque la visita es todo el día, y cómo me siento yo todo el día ahí y estar toda la noche también hasta el otro día…

-¿Qué esperas de este nuevo proceso judicial?

-Yo creo que no va a haber justicia, o sea no hubo y no habrá, lo hemos sabido de un principio. Nosotros como mapuche siempre somos mirados debajo de ellos, de hecho lo he dicho en varias entrevistas que siempre se van a defender entre ellos, que el fiscal del caso en vez de estar a mi lado, está para el lado de ellos, o sea los defiende a ellos en vez de a mí. Me dí cuenta cuando fui a la última audiencia y creo que no va a ver, ni soñando, creo que va a ser mínimo lo que ellos van a obtener, y para mí va a quedar siempre. Ellos hacen su trabajo, hacen su vida normal, en cambio para mí va quedar algo marcado y que no se va a poder olvidar, porque yo fui la que viví todo el proceso.

La red de apoyo a Lorenza y su hija, compuesta principalmente por mujeres penquistas autoconvocadas, se ha articulado a través de distintas acciones y comunicados en torno a la consigna de “Justicia y Reparación para Lorenza y Sayen”.

Así,  en conjunto a diversas organizaciones sociales, territoriales, nacionales e internacionales, artísticas, feministas y culturales, han firmado una declaración pública donde exigen al Estado Chileno “que reconozca y se manifieste ante los hechos de violación a los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la salud física y psíquica, el derecho a no ser sometida a la violencia de género, la vulneración de los derechos del niño/a y los derechos específicos consagrados en el convenio 169 de la OIT y la declaración ONU en relación a los derechos de los pueblos indígenas".

La próxima audiencia en el juicio oral de Lorenza Cayuhán contra Gendarmería se realizará este jueves 21 de febrero, a partir de las 10.00 hrs en el Juzgado de Garantía Local de Concepción.