La mañana del martes 21 de agosto del año pasado, los estudiantes y profesores del Liceo Politécnico de Quintero partieron las clases con un olor molesto, nauseabundo, que incluso les generaba dificultades para respirar. Pero fue recién después del primer recreo, pasadas las 11 de la mañana, que comenzaron con malestares: mareos, cefaleas, dolores estomacales, picazón ocular. Por protocolo, el colegio debió esperar la información de la municipalidad para suspender las actividades. Llegaron las autoridades sanitarias a fiscalizar las salas de clases y el comedor del colegio, y determinaron que la humedad ambiental estaba dentro de los parámetros para derivar a los niños a centros asistenciales de salud. El diagnóstico fue severo: envenenamiento por exposición a sustancias químicas. Se detectó metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno.

Este fue uno de los cerca de 30 colegios que se vieron afectados por los episodios de intoxicación masiva ocurridos en las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso, que luego se repitió el 23 de agosto y el 4 de septiembre. Durante el periodo que comprendió las tres emergencias, se registraron 1.294 atenciones solo en el Hospital de Quinteros. Se calculó que el total de afectados llegó a cerca de 600 personas en ambas comunas, que en varios casos requirieron más de una atención médica de urgencia.

Posteriormente se presentaron 12 recursos de protección para determinar las responsabilidades que desencadenaron estos hechos. Además de ONG y de personas naturales, los municipios de ambas comunas se hicieron parte de estas acciones judiciales, en calidad de recurrentes, y presentaron recursos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso argumentando que ENAP Refinerías S.A incurrió en acciones ilegales y arbitrarias. Esto, teniendo en cuenta que la medición realizada por el Ministerio del Medio Ambiente determinó que la empresa presentaba los niveles más altos de hidrocarburos dentro del complejo industrial ubicado entre la bahía de ambas comunas. También se presentaron recursos en contra de la subsecretaría del Medio Ambiente, del Ministerio Salud, del Interior y de los municipios. El tribunal acumuló todos los recursos en la causa 7266-2018.

En el documento que ingresó el municipio de Quintero, el 29 de agosto de 2018, en contra de ENAP señaló que “está claro que las emanaciones de gases tóxicos de la empresa están íntimamente ligadas a un actuar ilegal, arbitrario y negligente respecto de las faenas de limpieza de los estanques derivados de petróleo que fueron causante de esta emergencia”.

La causa tuvo la presentación de los alegatos la semana pasada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la instancia jurídica en la que se exponen los hechos ante los ministros y se remarca la importancia del recurso que se presentó. De las entidades que se hicieron parte asistieron el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales, la ONG Fiscalía del Medio Ambiente, un abogado representante del senador por Valparaíso Francisco Chahuán (RN) y personas naturales. Sin embargo, ninguno de los dos municipios asistió al tribunal.

El tema causó revuelo por la gravedad de los hechos que implica e hizo que ambas municipalidades justificaran su ausencia a través de comunicados públicos. En el caso de Quintero señalaron que, por la decisión del tribunal de acumular estos recursos, ellos también quedaron en calidad de recurridos porque una ONG se dirigió en contra del municipio. Esto les habría generado una incompatibilidad para asistir a la Corte de Apelaciones para exponer las razones por las cuales presentaron los recursos.

En el caso del municipio de Puchuncaví indicaron que “todos los argumentos y antecedentes que el municipio tenía en su poder, respecto al recurso de protección presentado, están contenidos en el mismo, el cual se encuentra vigente en todas sus partes, y nuestras pretensiones y requerimientos han sido plasmadas en el mismo recurso, él que no ha sufrido alteraciones, modificaciones o rechazo alguno por parte la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso”. Con eso reiteraron el compromiso de seguir con el curso de esta acción y con la querella criminal que presentaron en el juzgado de letras de Quintero contra todos los que resulten responsables.

"Acá hay abandono de deberes"

La abogada Cristina Lux, integrante de la Defensoría Ambiental, organismo que patrocinó un recurso de protección en favor de tres sindicatos de pescadores y la organización de Mujeres en Zonas de Sacrificio, afirmó que el argumento del municipio es “derechamente una falacia”.

“Lo que tú estás solicitando se trata de cautela de garantías fundamentales por los derechos establecidos en la Constitución. Es grave no alegar un recurso de protección, en cualquier parte no lo permitirían. No hay incompatibilidad en ser recurrente y ser recurrido, eso no es una justificación jurídica”, señala.

Además, explicó que “los ministros no leen los recursos porque tienen demasiadas causas. Hay un funcionario en la Corte que los lee el día antes y el día del alegato se les resume las cosas. Por eso es importante ir a alegar (…) Además, es una Corte que conoce poco la zona y que para convencerla de que tome decisiones hay que hacer realmente un esfuerzo. El municipio se supone que defiende los derechos de los ciudadanos, y ante una desigualdad de poder como la que hay en la zona, las municipalidades están siempre expuestas a sospechas. No ir a alegar es dejar botada a la comunidad”.

En respuesta a lo dicho por los municipios, la organización Mujeres en las Zonas de Sacrificio indicó que una de las peticiones que le hicieron a la alcaldía fue que se cerraran las industrias dañinas ejerciendo la atribución que les entrega el artículo 160 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, pero hasta ahora eso no ha sucedido.

“La principal obligación de un abogado que presenta un recurso de protección es alegarlo, acá hay abandono de deberes”, manifestaron.

El 25 de enero pasado, la comisión especial que investigó estos hechos en el Congreso responsabilizó a los ex ministros de Medio Ambiente del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Pablo Badenier (DC) y Marcelo Mena por no implementar el Plan de Descontaminación en ambas comunas, que hasta ese momento no había tenido luz verde de la Contraloría por no ajustarse a derecho. Mientras que la ONG Defensoría Ambiental llevará el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las audiencias públicas que se realizarán durante esta semana en Sucre, Bolivia, denunciando las consecuencias de la actividad industrial sobre la salud en Chile.