El semanario carioca Época salió este viernes 1º de febrero con un reportaje de alto impacto en Brasil, en el que acusa a Damares Alves, ministra de la Familia del gobierno de Jair Bolsonaro, de adoptar ilegalmente a una niña indígena.

El caso tiene que ver con la actuación de Damares en la ONG Atini, una entidad evangélica dedicada a trabajar con niños de comunidades indígenas, de la cual la ministra es una de las fundadoras.

En el 2004, la organización realizaba trabajos junta a la aldea de los Kamayurás, en el parque Alto Xingu (región centro-oeste de Brasil), cuando la activista Márcia Suzuki, entonces asesora de Damares, solicitó el permiso de una familia de la comunidad para llevar a su hija, Kajutiti Lulu Kamayurá, a hacerse un tratamiento dental en un centro urbano cercano. Según el reportaje de Época, la abuela de la niña, Tanumakaru Kamayurá (de 83 años), afirmó que su nieta Lulu fue llevada y jamás regresó.

El reportaje también reveló que Lulu Kamayurá (que ya es mayor de edad) vive con Damares Alves y la trata como su madre. La ministra publicó un comunicado criticando el reportaje y afirmando que su relación con Lulu no necesitaba un documento legal de adopción, y que era solamente su “cuidadora”, figura que existe en la legislación brasileña relativa, pero que no permite tener la custodia de la menor. Damares también afirma que jamás alejó a la niña de su familia y que los iba a visitar regularmente, lo que fue posteriormente desmentido por los líderes de la comunidad indígena.

Otro argumento utilizado por la ministra fue el de protegerla de supuestas amenazas, por presuntos rituales de infanticidio realizados por la tribu Kamayurá, versión que también fue desestimada por el Ministerio Público, a partir de un informe sobre los rituales específicos de cada comunidad, lo que descartó que las aldeas del Alto Xingu mantengan costumbres de ese tipo.

Además, esa excusa de Damares Alves se asocia a una serie de acusaciones de entidades indigenistas brasileñas en contra de la ONG Atini, criticada justamente por manipular expedientes sobre el trato a niños indígenas en las comunidades, usando el argumento de protegerlos de supuestas amenazas de infanticidio, para alejarlos de sus familias. En el año 2016, el Ministerio Público ingresó una querella en contra de Atini por fomentar el odio a los indígenas de la etnia Karitiana, acusada de prácticas de infanticidio en el documental Hakani – Voz pela Vida, producido por la organización y cuyas informaciones se verificaron como falsas, lo que le costó una indemnización de 3 millones de reales (poco más de 500 millones de pesos).

Otros grupos van más allá y sospechan que Atini sea parte de una red de tráfico de niños indígenas para adopciones ilegales y explotación sexual. Hay por lo menos tres denuncias –bajo secreto de investigación– interpuestas contra la organización por “sustracción de niños” que la entidad considera que se encuentran “en riesgo de ser usados en rituales”.

A todo eso, llama la atención que el sitio web de la ONG Atini cuente con una página entera dedicada al infanticidio, en la que trata de desmentir sus intenciones de alejar a los niños de sus familias, aunque sí justifica ciertas acciones para “protegerlos de ciertas prácticas” realizadas por las comunidades, aunque sin especificar qué tribus las realizan. La dirección (con el contenido en portugués y en inglés) es la siguiente: https://www.atini.org.br/quemsomos/politicas-publicas-e-infanticidio/