El pasado martes falleció Genival Inácio da Silva, más conocido como Vavá, víctima de un cáncer pulmonar a los 79 años. Hermano mayor del ex-presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su fallecimiento originó un pedido de la defensa del político, quien se encuentra preso en la ciudad de Curitiba, para que pudiera estar en el velorio, lo que fue negado por la Justicia tras una serie de versiones y contradicciones de los órganos judiciales.

El permiso solicitado por la defensa de Lula no configura un beneficio especial, sino que un derecho asegurado por la ley brasileña a todos los condenados por la justicia en el país - y hay que recordar que Lula está en la cárcel pese a que todavía no ha tenido una sentencia definitiva, una vez que el Supremo Tribunal Federal (STF), máximo órgano del Poder Judicial del país, no ha juzgado su caso propiamente tal, sino que solamente la prisión preventiva respecto a las condenas en instancias menores.

Aunque se trata de un derecho, la petición de la defensa fue negada por las instancias menores de la justicia brasileña, en una serie de decisiones controversiales. Primero, porque el pedido de Lula se basó en el parecer de la misma justicia cuando negó el mismo beneficio en diciembre, tras la muerte de su amigo y compañero de partido Sigmaringa Seixas, alegando que “el beneficio solo es otorgable en caso de la persona fallecida sea alguien con quien haya un vínculo familiar real”, lo que sí existe en el caso actual, donde el fallecido es su hermano.

Luego, la forma en cómo se dio la negativa también llama la atención. Durante la tarde del martes, la jueza en primera instancia Carolina Lebbos (la que ha negado todas las decenas de pedidos brasileños y extranjeros de medios queriendo entrevistar a Lula), pidió un informe de la Policía Federal (órgano que mantiene detenido al ex-presidente, en uno de sus edificios) sobre la viabilidad de permitir la salida de Lula da Silva al velorio. Los Federales, que desde enero están bajo las órdenes del ministro de Justicia, Sérgio Moro (el mismo que emitió la primera condena a Lula), envió su parecer de que no había tales condiciones, porque “los helicópteros que poseemos para poder hacer el traslado desde Curitiba a São Paulo están ocupados en las tareas de rescate de las víctimas del desastre ambiental en la ciudad de Brumadinho”.

Sin embargo, la periodista brasileña Karla Monteiro, que está en Brumadinho haciendo la cobertura de los hechos, afirmó haber chequeado la información y que no hay aeronaves de la Policía Federal actuando en los operativo de rescate, según lo publicado en su cuenta de Facebook: “están desplegados por la zona 18 helicópteros, siendo 5 de los bomberos de Minas Gerais, 4 de la Policía Militar de Minas Gerais, 2 de la Policía Civil, 1 de los bomberos de Río de Janeiro, 1 de los bomberos de Santa Catarina, 1 de los bomberos de São Paulo, 1 de los bomberos de Espírito Santo, 1 de la Fuerza Aérea Brasileña y otros 2 del Ejército.

El parecer de la Policía Federal basó la determinación de la magistrada Lebbos, de no otorgar a Lula da Silva el derecho a la salida, decisión que se repitió horas después, en el pedido de la defensa en la segunda instancia judicial, el que fue evaluado por el juez Leandro Paulsen.

Ya en la madrugada de este miércoles, la defensa entró con la misma solicitud en el STF, el cual fue evaluado por el presidente del órgano, ministro Dias Tóffoli (quien fue indicado por Lula para la Suprema Corte). La decisión del magistrado fue favorable a Lula, sin embargo, tardó toda la mañana en ser anunciada, y cuando se dio a conocer (alrededor de las 13h, hora local), ya había sido iniciada la ceremonia de sepultura.

Ante la polémica por la tardanza en emitir la decisión, Tóffoli decidió permitir que Lula pudiera tener una salida de todas formas para encontrarse con su familia, escoltado por policías. La decisión afirmaba que tal encuentro debería ocurrir en una sede militar cercana, en donde no podrían haber ingreso de teléfonos celulares o cualquier contacto del ex-presidente con el público, la prensa o con aparatos audiovisuales.

Ante esa situación, los abogados de Lula difundieron un comunicado donde él rechaza el beneficio otorgado por el STF y afirma entre otras cosas que “lamento no poder estar para despedir a mi querido hermano, pero no me dejaron ir, lo único que puedo hacer es quedarme donde estoy, y llorar”.

La prohibición a que Lula pueda ver a un familiar fallecido también es polémica porque ni en la dictadura sucedió. En 1980, cuando era líder sindical y había sido detenido por haber liderado las huelgas masivas en el año anterior, Lula tuvo que enfrentar el fallecimiento de su madre, Eurídice Ferreira de Melo, más conocida como Dueña Lindú. En aquel entonces, el DOPS (órgano represivo similar a la DINA en Brasil) permitió que Lula fuera al cementerio, a participar del velorio y del entierro.