La localidad de Brumadinho, en el Estado brasileño de Minas Gerais, vivió la semana pasada un nuevo capítulo de tragedia ambiental ocurrida en ese país a raíz de la negligencia de los estándares mínimos de cuidado ecológico necesarios para la actividad - que va a dañar el medio ambiente aunque se cumplan, pero muchísimo más cuando eso no ocurre, como ha demostrado Brasil en sus últimos dos casos.

El caso actual ocurrió con el rompimiento de un embalse donde se acumulaban los desechos tóxicos de la actividad minera de la empresa Vale S.A., lo que resultó en un inmenso río de lodo que destruye vidas, ciudades y florestas a su paso. Hasta ahora 65 es el número oficial de fallecidos, pero hay también 279 desaparecidos y decenas de miles de personas afectadas con la pérdida de sus casas y sus pertenencias. Tan poderoso es el nivel de destrucción del río tóxico de Brumadinho que la mayoría de los cuerpos encontrados no han sido identificados todavía (31 de los 65).

También está la posibilidad de que el lodo tóxico alcance a los de zona, e incluso el Río São Francisco, uno de los más largos de Brasil y que es responsable de abastecer de agua a gran parte de las regiones Central y Noreste del país, lo que provocaría una catástrofe aún mayor.

Lo de Brumadinho es la repetición del mismo desastre ocurrido en noviembre de 2015, en la región de Mariana, también en Minas Gerais, cuando el rompimiento de otro embalse -esta vez de responsabilidad de la empresa Samarco, una joint venture ligada a Vale S.A. y a la angloaustraliana BHP Billiton. El desastre generó otro inmenso río de lodo que barrió con 1,7 mil hectáreas de florestas y destruyó completamente el Río Doce, uno de los más importantes del país, causó 19 muertes y dejó a otras decenas de miles de personas sin sus casas y sus trabajos - especialmente a quienes vivían de la pesca en el río.

Detrás de esas dos tragedias - que configuran crímenes ambientales, según un comunicado reciente de la Organización de las Naciones Unidas con respecto a lo ocurrido en Brumadinho - está la empresa Vale S.A., la más importante mineradora brasileña, dedicada sobretodo a la explotación de hierro (del cual es una de las más grandes del mundo) y níquel.

Privatizada en 1997 - se llamaba Vale do Rio Doce, hasta el proceso iniciado por el presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), un socialdemócrata muy amigo de Ricardo Lagos Escobar, y conocido en Brasil como el gran privatizador del país en los años 90 -, Vale S.A. es responsable directa o indirecta de más de 600 embalses en todo el Estado de Minas Gerais, similares a los que generaron las tragedias de Mariana y Brumadinho, de los cuales más de 300 están en situación de riesgo, según el ingeniero Júlio César Dutra Grillo, director del IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) en el Estado de Minas Gerais.

En entrevista para BBC, Dutra Grillo relató una reunión ocurrida en el pasado mes de diciembre, donde estuvieron presentes representantes de Vale S.A., distintas autoridades medioambientales de Minas Gerais y del gobierno federal (todavía en manos de Michel Temer en aquel entonces) y voceros de las comunidades cercanas a los embalses, entre las cuales se encontraban vecinos de Brumadinho.

El encuentro tenía como objetivo discutir la renovación de los permisos ambientales para esos embalses. El ingeniero asegura que alertó a las autoridades presentes sobre el riesgo relacionado a los más de 300 embalses en malas condiciones, incluyendo el que se rompió la semana pasada y arrasó con Brumadinho y la región. Al final, se hizo una votación entre las autoridades presentes, y la solitaria abstención de Dutra Grillo impidió que la renovación de los permisos se diera por unanimidad.

El caso demuestra la excesiva simpatía del poder público con Vale S.A. incluso cuando esta actúa al límite de la irresponsabilidad ambiental. Tanta buena voluntad también asegura una gran dosis de impunidad por los casos ya ocurridos, como se puede ver con en las consecuencias de la tragedia en Mariana: las 59 multas recibidas por Vale y Samarco por aquel crimen acumulan un valor de 552 millones de reales (alrededor de 98 mil millones de pesos), de los cuales solamente el 1% fue pagado por las empresas hasta hoy, correspondiente a una cuota de las múltiples multas. Los abogados de las dos compañías (y también los de BHP Billiton, que también es socia de Samarco) siguen postergando la aplicación de las sentencias relacionadas a las demás multas a través de seguidas tutelas judiciales, esperando algún perdonazo por parte de los órganos federales.

La esperanza se basa en la actuación de los numerosos diputados elegidos que tuvieron sus campañas financiadas por la empresa, y que por supuesto harán el lobby por la impunidad a Vale como contrapartida de ese auspicio, aunque también por la política medioambiental del gobierno de Bolsonaro -si es que se puede configurar como tal- de “no permitir que la política de multas y restricciones ambientales sea un obstáculo para la actividad económica”, según palabras del propio mandatario.

Parte de esa estrategia consiste en castigar solamente al menor responsable posible, lo que se hizo efectivo este martes, cuando la Justicia responsabilizó del caso de Brumadinho solamente a cinco profesionales, los ingenieros Makoto Namba y André Jum Yassuda y los supervisores de Vale S.A. César Augusto Paulino Grandchamp, Ricardo de Oliveira y Rodrigo Artur Gomes de Melo, acusados de falsear informes que determinaron la aprobación de los permisos para el embalse.

Esta semana, las empresas recibieron un guiño de parte de Ônix Lorenzoni, ministro de la Casa Civil (similar a un ministro del Interior), quien descartó una intervención federal en la empresa por las seguidas fallas en sus embalses y los efectos causados en el medio ambiente y las comunidades cercanas a sus estructuras. “Hay que ser prudentes con las medidas relacionadas a este sector económico tan relevante en nuestro país. Una intromisión del Estado ahora no sería una buena señal para el mercado”, declaró el ministro.

El activista social y ex-candidato presidencial Guilherme Boulos contestó a Lorenzoni por twitter, diciendo que “el mensaje (del gobierno de Bolsonaro) es que en nombre del lucro a los accionistas se les puede tolerar crímenes contra la vida y el medio ambiente”. En otro mensaje, recordó una frase del célebre escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano: “Si la naturaleza fuera un banco, ya la habrían salvado”.