Fue una semana más agitada que de costumbre para Virginia Reginato. El lunes se conoció el informe de la Contraloría que confirmó el profundo déficit que afecta al municipio de Viña y esa misma tarde salió a dar declaraciones asegurando que la crisis está controlada y casi subsanada. En medio de esto, anunció la participación de Backstreet Boys en la Quinta Vergara y, el jueves, tuvo un álgido concejo municipal que terminó con protestas por parte de vecinos y dirigentes sociales. "¡Vecinos, no podemos soportar más el robo y la corrupción!", se escuchó.

En las 368 páginas que contiene el informe de Contraloría se detallan situaciones insólitas en que incurrió el municipio: pagó por asegurar dos inmuebles particulares contra incendios y robos, tratándose de oficinas utilizadas para fines gremiales. También, aseguró camiones que no se encuentran operativos desde 2009 y renovó patentes de alcoholes a personas fallecidas. Sobre los pagos indebidos por la reparación al Reloj de Flores será una de las aristas que tendrá que indagar el Ministerio Público.

Si hay algo que salta a la vista en la auditoria es la cantidad de trabajadores contratados por servicios dudosamente prestados. El municipio hizo un “copy/paste” de informes mensuales de trabajadores contratados a honorarios sin antecedentes que acreditaran que cumplieron con las labores. El monto que se pagó por esto superó los 20 millones de pesos.

Las irregularidades que se detectaron se asocian con procesos licitatorios que se realizaron desde 2015. En octubre de ese año, el municipio firmó la última modificación de las bases administrativas para contratar a 173 trabajadores a través de una licitación pública. Los funcionarios prestarían servicios en las direcciones de Provisiones y Servicios, Desarrollo Comunitario, Turístico y Comunicaciones, entre otros. Un mes después se adjudicó la licitación y la duración del contrato sería por tres años.

Lo llamativo es que cuando el municipio elaboró las bases administrativas para esta licitación no estableció las funciones que debían cumplir estos trabajadores, no indicó su perfil educacional ni tampoco precisó la experiencia que tenían. Nada de eso estaba. Ese vacío en las bases no permitió definir, antes de efectuar la contratación, si era posible que se cumpliesen esas labores con el personal de planta que ya estaba contratado en el municipio.

La situación se repitió al año siguiente. Una nueva licitación se celebró en febrero de 2016 para proveer al municipio de personal para los servicios de Ambiente, Infraestructura y Recursos Materiales y Rentas. Esta vez el total de trabajadores contratados fue de 154 por los mismos tres años.

Es decir, en el transcurso de cinco meses se contrataron a 327 trabajadores por vía externa. El cálculo que se hizo al año después constató que para 2017 había 324 trabajadores de planta que cumplían idénticas funciones que los externos. A pesar de que había personal suficiente en el municipio, se duplicaron los servicios. Con esto queda totalmente en entredicho el criterio de eficiencia y economía de la gestión aplicada en el municipio que encabeza Virginia Reginato.

Como si no hubiese sido un principio asumido de por sí en la administración de la alcaldía, recién en 2018 se instruyó a los departamentos del municipio que para las próximas licitaciones se indicaran los perfiles, las labores y la experiencia de los funcionarios que serían contratados. Recién ahí se les ordenó que debían entregar información para demostrar que lo que aparecía firmado en el papel efectivamente se había realizado y no correspondía a un servicio dudosamente prestado, un servicio fantasma, como detectó la Contraloría.

González y Fierro Ltda.

Sumado a la duplicación de funciones que antes se mencionaba, otros funcionarios fueron contratados a honorarios en el municipio durante 2017 siendo, a la vez, trabajadores en las empresas contratistas que le prestaba servicios a la misma alcaldía.

Un ejemplo. Uno de los trabajadores -se mantiene su identidad protegida en el informe de Contraloría- encargado de supervisar las áreas verdes concesionadas de la municipalidad de Viña tenía en el registro de asistencia el mismo horario que debía cumplir en la empresa contratista Alto Jardín S.A. Por lo mismo, el libro del departamento de Parques y Jardines reveló que por meses varios no registraron asistencia y, aun así, se desembolsaban fondos para el pago de sus supuestas funciones. Esto también ocurrió con las contratistas Siglo Verde S.A., Araya, Prevención y Seguridad S.A., Ignacio Vidal Barraza, Cosemar S.A.y González y Fierro Limitada.

Esta última entidad, una de las más mencionadas en el informe, es una sociedad contratista que provee de mano de obra principalmente a municipalidades. De cinco trabajadores contratados por el municipio de los cuáles no existe información suficiente para acreditar que cumplieron con sus labores, tres trabajaban paralelamente en la empresa González y Fierro. De hecho, el que recibió más plata por un servicio dudosamente prestado fue un trabajador de esta empresa, Jaime Moreno Valenzuela.

Valenzuela fue contratado durante 2017 y se le pagaron poco más de seis millones de pesos. En el informe que elaboró el municipio se consignó que su actividad era obtener y preparar el material fotográfico para el plan de incendios y otras dos relacionadas al mismo tema. Tiempo después habría dejado de trabajar en la empresa contratista y se habría pedido una nueva contratación a honorarios en el municipio para que siguiera desempeñando funciones.

Al trabajador de la misma empresa Felipe Valderrama Escobar se le pagaron casi cinco millones de pesos y en el detalle de su actividad sólo se indica “de peritaje técnico de especies nativas y exóticas”.

A pesar de que el municipio contestó a las observaciones que se le hicieron en este ítem, la Contraloría indicó que no aportaba ningún nuevo antecedente que les permitiese acreditar que se realizaron los servicios y que respaldaran la pertinencia de los pagos.

 Defraudación fiscal en la mira

Al interior del municipio se habla de los trabajadores que tienen “chipe libre”. Se reconoce que hay un débil control de los servicios que prestan los trabajadores que son contratados a honorarios y los informes que se deben entregar sobre su situación. Por lo mismo, se ha llegado a periodos en que hay excesos de personas contratadas y la manera de justificarlo, o de camuflarlo, ha sido duplicando los cargos.

Esta era una preocupación que existía desde el concejo municipal, lo que también quedó consignado en informes anteriores. Se manejaban cifras aproximadas que de mil 200 trabajadores al menos un cuarenta por ciento no contaba con las competencias profesionales para desempeñarse en los puestos que ocupaban. Por lo mismo, fue uno de los puntos que se le solicitó a la Contraloría investigar.

“Es una situación que se ha generalizado y no hay como comprobar los informes de las personas. Está instalado en la cultura del municipio porque funciona como un botín electoral”, comenta un abogado que prefirió mantener su identidad bajo reserva.

Los supuestos pagos indebidos que detectó la Contraloría podrían configurar una defraudación fiscal. Ese fue uno de los motivos por el que el abogado Luis Cuello, en representación de dos organizaciones de Viña, presentó este jueves una querella en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

“Habría una defraudación en la que estarían implicados, a lo menos, uno o más funcionarios municipales que consintieron una operación que infringe normas administrativas generándose un perjuicio fiscal. Por eso la querella se acota a estos elementos donde consideramos que pueden existir responsabilidades penales”, sostuvo Cuello.

Se espera que una vez iniciado el proceso judicial se le tomen declaraciones al administrador municipal Claudio Boisier quien tiene la responsabilidad administrativa de dar buen uso de los recursos municipales, aunque la responsabilidad política recae en Reginato.

El camino político para la alcaldesa está difícil. A pesar de que a ella no se le vio tan complicada para las repercusiones que podría tener el informe de la Contraloría y afirmó que quería morir siendo alcaldesa. Y es que Reginato, de 79 años, puede mantenerse indefinidamente en ese cargo porque la legislación que rige a los municipios así se lo permite. No hay restricciones, excepto si es destituida, entre otras causales, por notable abandono de deberes. La próxima semana los concejales definirán si presentarán una acusación por este motivo ante el Tribunal Electoral Regional que podría terminar con la destitución de Reginato, la alcaldesa que ha estado más años a la cabeza del municipio.