Hace pocos días, después de una semana de intriga, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia se adjudicó como operación militar el atentado que dejó al menos veinte oficiales muertos y decenas de heridos en la Escuela de Cadetes de la Policía General en Bogotá. Si bien este hecho no debería ser excepcional -para un país inmerso en un conflicto armado hace más de medio siglo- ha conmocionado a la prensa internacional, al gobierno y a parte de la sociedad que se manifestó en marchas masivas en algunas ciudades.

El conflicto armado colombiano tiene causas históricas que son difíciles de tematizar en un escrito tan acotado, pero que son muy actuales como el asesinato político de 252 dirigencias sociales y comunitarias, las 242 muertes de menores de cinco años por desnutrición, las 17.549 muertes asociadas a la mala calidad del aire o el agua, todas producidas durante el año 2018. Las razones que llevaron al alzamiento armado de las FARC-EP a mediados del siglo XX y las razones que tuvieron para firmar la paz el 2016 siguen vigentes en el país hermano. Esa contradicción, que tanta sangre y esfuerzo a consumido, tiene ahora al ELN -ahora la guerrilla más antigua del continente-, al Estado y -sobretodo- a los pueblos de Colombia en una difícil encrucijada frente al nuevo gobierno.

Todo proceso de paz implica un reconocimiento de las partes en conflicto, como actores provistos de razones y voluntad para un entendimiento. En Colombia hay una guerra, que se está librando todos los días, con miles de víctimas que quedan fuera de la opinión pública, la mayoría no era, ni se estaba preparando, para ser combatiente. Una guerra en donde no ha existido una fórmula militar viable -de ninguna de las partes- para su término. La fórmula es el diálogo para una paz con justicia social. Así lo entendió, incluso, el gobierno de derecha de Juan Manuel Santos. Así también lo entendió Sebastián Piñera cuando ofreció a Chile como sede para los diálogos de paz con el ELN el 20 de abril del 2018 a un par de meses de que la guerrilla se haya adjudicado una serie de atentados letales contra la policía.

Iván Duque es presidente del país desde el 7 de agosto del 2018, fiel seguidor del expresidente Álvaro Uribe, conocido por su vinculación al narcotráfico y al paramilitarismo. Coherente con la mirada guerrerista de la oligarquía terrateniente colombiana no ha retomado los diálogos de paz con el ELN desde el cierre de su sexto ciclo al fin del gobierno de Santos. Estos días, después del atentado, ha cerrado toda posibilidad de diálogo y le insiste al gobierno de Cuba -sede y garante- que capture a los negociadores de la guerrilla y los extradite. Esta actitud de Duque, que pone en riesgo la construcción de la paz, no se le puede atribuir como causa el atentado, sino más bien como excusa razonable.

Desde que llegó al gobierno no tuvo voluntad de retomar los diálogos de paz. Le exigió al ELN poner fin a su actividad insurgente como condición unilateral. Al enterarse que Nicolás Rodríguez, alias “Gabino” y comandante del ELN, se encontraba en Cuba remite una orden de captura internacional en su contra en octubre del año pasado. Decide excluir unilateralmente a Venezuela de los países garantes. Su partido político, el uribista Centro Democrático, propuso una modificación a la prórroga de la Ley 418 (que da viabilidad legal a las negociaciones de paz con grupos insurgentes) en la cual se buscaba integrar “precondiciones” y dar facultades al presidente para revivir órdenes de captura a combatientes desmovilizados. La Misión de Paz de la ONU y el Senado de Colombia rechazaron rotundamente la modificación el 12 de diciembre del 2018. Cuando la guerrilla anunció un cese unilateral al fuego por navidad y año nuevo (del 25 al 31 de diciembre) el gobierno respondió públicamente que no iba a detener las operaciones militares en su contra. Justamente en el comunicado donde se adjudican el ELN el último atentado afirma que sufrieron bombardeos el mismo día de navidad y en donde habría muerto una familia campesina. La muerte de pobres pareciera no doler.

La voluntad de Duque es cerrar la puerta a la paz y empujar una guerra que no ganará ninguno de los bandos, solo sembrar más miseria y muerte. Más allá de las razones de la guerrilla para estar en armas, todos los sectores políticos de Chile debemos interpelar al gobierno de Piñera que interceda ante su par y cumpla con su propia palabra: “Chile reitera su deseo de que estos diálogos de paz [con el ELN] lleguen a feliz término en el menor plazo posible”. Lo que solo será factible con un cese bilateral al fuego. No se puede construir paz con muertos entre las partes, ni tampoco de una sola de las partes como lo exige -a modo de excusa- el gobierno colombiano. Nuestro país hizo un compromiso de Estado por la paz en Colombia, no es admisible que su gobierno de turno haya cambiado de opinión hace unos meses.