Según los datos proporcionados por el boletín estadístico anual del Ministerio Público, en 2018 ingresaron 123.792 denuncias por delitos económicos y tributarios, lo que refleja un aumento del 24% respecto a 2017.
El uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito es el delito que lidera los casos del año pasado (63.171), seguido de la estafa (38.773) y la apropiación indebida, con 13.877 causas. Sin embargo, la mayoría de los casos no termina en una resolución condenatoria.
Desde fines de 2014, los delitos económicos subieron casi un 95%, lo que se explica con el crecimiento de las estafas piramidales y con la existencia de clonación masiva de tarjetas de crédito y débito. Del total de 135.370 casos sobre este tipo de delitos que se cerraron en 2018, solo un 3,2% terminó con alguna condena.
Mauricio Fernández, director de Delitos Económicos de la Fiscalía, explicó a Pulso que "los factores que explican este fenómeno son variados. Por ejemplo, en este tipo de delitos se persigue la reparación del daño patrimonial del afectado y ello muchas veces se logra sin necesidad de la dictación de una sentencia condenatoria, sino a través de acuerdos reparatorios o suspensiones condicionales del procedimiento en los casos en que proceda. A ello también contribuyen las penas aplicables a estos ilícitos, y que en muchas ocasiones los imputados no tienen antecedentes previos".
Además, 64% de los casos se cerraron con archivo provisional, lo que se explicaría porque hay quienes denuncian con el único fin de poder cobrar los seguros asociados a los bienes sustraídos o defraudados, sin proporcionar más antecedentes a los fiscales para sus investigaciones.
