El ambiente de Derechos Humanos en nuestro país está enrarecido. En los últimos meses las definiciones sobre derechos fundamentales han sido capturadas por hechos falsos, decisiones apresuradas, contradictorias y notificadas por la prensa, sin más debate y participación que la posibilidad de disentir sobre hechos consumados.

¿En qué se ha equivocado el Gobierno que ha generado esta sensación de retroceso, de desidia e indiferencia por los Derechos Humanos, que nos tiene a tantos esperando la próxima mala noticia que nos informarán los medios?

En primer lugar, ha fallado en el diálogo. El gobierno del presidente, Sebastián Piñera, ha decidido que en este país no se va a dialogar ni consultar opiniones sobre materias que tienen relación directa con la dignidad de quienes vivimos en él, y que las decisiones serán tomadas por un grupo de asesores y notificadas cuando estén definidas. En segundo lugar, le ha faltado coraje. Ligado a lo anterior, el Ejecutivo rehuye del debate sobre Derechos Humanos, y parece preferir darle el gusto sectores radicales, antes de profundizar la democracia y la cultura de éstos como convicción de su accionar político.

Así, el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, notificó al país que Chile no suscribiría el Pacto Migratorio, un marco de cooperación entre países con el objeto de apoyarse de manera multilateral sobre una actividad humana tan arcaica como migrar. Las razones fueron muchas –que creaba obligaciones, que permitiría que Chile fuera demandado en el extranjero, que afectaba la soberanía nacional– y todas desmentidas por excancilleres, expertos y expertas en Derecho Internacional, como también en una carta que firmamos más de 400 abogados. La oposición criticó que el Gobierno abandonaba la tradición de hacer de la política exterior un asunto de Estado, y que se renunciaba al multilateralismo característico de nuestra Cancillería. El gobierno, una vez más, no dialogó, informó mal, y tomó una decisión.

Lo mismo ocurrió con el Plan Nacional de Derechos Humanos y el matrimonio igualitario. El Ejecutivo tomó la determinación de vaciar de contenido la obligación internacional que le cabe al Estado sobre este tema, modificando unilateralmente y sin consultar acciones contenidas en el Plan, pese a lo que expresamente señala la ley que mandata la creación de este instrumento sobre opinión de las organizaciones de la sociedad civil. Esto, a un año que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijera que el matrimonio igualitario es un derecho humano, y a semanas que la Corte Suprema de Chile señalara que casarse es un derecho fundamental de todas las personas. Así, lo que busca el Ejecutivo es evitar que la discusión ocurra a nivel parlamentario –el espacio democrático y pluralista para generar leyes–, impidiendo el avance del proyecto.

Finalmente, el gobierno anunciaba para las próximas semanas la reforma constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios, sin embargo, aún no se ha realizado la consulta previa y obligatoria contemplada en el Convenio 169 de la OIT, cuyo reglamento –el decreto supremo N°66– lleva la firma del mismo presidente, Piñera, en cuanto fue elaborado en su primer mandato. Tampoco sabemos si el gobierno llevará adelante este proceso, o si presentará el proyecto sin el necesario, justo, pero sobretodo, obligatorio diálogo que debe tener con los pueblos indígenas.

¿Qué nos espera para los Derechos Humanos en Chile durante los próximos tres años? No lo sabemos; pero la invitación al gobierno del presidente Piñera es a enmendar el rumbo: no se puede pretender gobernar solo la economía de un país, sin querer dar espacio, ni siquiera para la discusión, de los derechos que aseguran el respeto a la dignidad de sus habitantes.