Coincidiendo con el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en pleno debate en Chile sobre la salida del país del Pacto Mundial sobre Migración de Naciones Unidas, suscrito en Marruecos este lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó esta mañana el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2018. El completo informe dedica uno de los capítulos a las personas migrantes, –"Derechos de las personas migrantes y la nueva política migratoria"– y señala que en nuestro país hay un 4,35% de población migrante (497.892 personas), siendo Perú, Colombia y Venezuela los principales países emisores.

El texto pone el foco en las políticas migratorias que está diseñando el gobierno de Sebastián Piñera y subraya como debilidad el "bajo nivel de participación social y técnica en la elaboración a las indicaciones al proyecto de ley, y propone que se incorpore la opinión de los actores relevantes (expertos, organizaciones de y pro migrantes) en la materia para mejorar el contenido de las modificaciones presentadas o sumar otras que resultan necesarias para garantizar el acceso a derechos de las personas migrantes.

El INDH también repara en el reemplazo de la visa por motivos laborales por la visa temporaria de oportunidades. En su opinión, este cambio "puede presentar problemas para los migrantes porque restringiría la posibilidad de acceder a un empleo formal en Chile, si no se solicitó previamente un permiso en el país de origen".

La institución cuestiona que no se pueda optar a una visa estando ya en el país porque eso "puede contribuir a la generación de más irregularidad". Y añade: "La creación de la visa temporaria de orientación nacional e internacional reforzaría la idea de una migración selectiva que no se ajusta a los principios de igualdad ante la ley y puede contribuir a un relato discriminatorio que muchas veces se han instalado contra los extranjeros que viven en Chile en condiciones de vulnerabilidad". El requisito de pertenecer a universidades de elite, o haber realizado un posgrado en Chile, con los costos que ello tiene —incluso para los nacionales—, "resulta aparentemente alejado de una realidad social y del contexto de la migración y sus fundamentos", señala el informe, que ejemplifica esta dificultad con un dato: según lo reportado por el Departamento de Extranjería y Migración, al 31 de agosto, no se han presentado solicitudes de visa de orientación nacional.

En el caso de la visa para los haitianos y haitianas, señala como "preocupante" que el gobierno "no dé razones fundadas para establecer las visas consulares" y apunta a requisitos "difíciles de cumplir".

El informe también califica de "avance" la visa de responsabilidad democrática para las personas procedentes de Venezuela. "Es importante recordar que las situaciones de crisis políticas en América Latina no solo se dan en Venezuela", recuerda el documento, que también hace hincapié en el alza en el número de solicitudes presentadas por personas de nacionalidad colombiana, cubana, venezolana y dominicana. El INDH alerta que no extender este beneficio a otras nacionalidades "puede transformarse en un acto de discriminación arbitraria que contradice los tratados internacionales adoptados por Chile".

Sobre el proceso de regularización masivo que se llevó a cabo en abril, pone encima de la mesa las complejidades del requerimiento del certificado de antecedentes penales. "Para extranjeros de ciertas nacionalidades se dificulta enormemente la obtención de este documento", reza el texto, en referencia a los ciudadanos venezolanos a quienes el Estado cobra 50 dólares por certificado (que deben ser pagados en dólares); y en el caso de los haitianos, que se ven atrapados en una demora "excesiva" en la entrega de este certificado (extendiendo así la irregularidad en este proceso, no pudiendo acceder a un trabajo formal).

Recomendaciones

El INDH propone al Ministerio de Interior hacer ajustes a la política migratoria "para que las personas migrantes que habitan en Chile puedan optar, en forma expedita, a una visa de trabajo sin exponerse a eventuales vulneraciones de sus derechos ni derivar en una situación de irregularidad".

Al ejecutivo le recomienda "modificar el carácter consular de las visas de turismo establecidas para las personas migrantes de origen haitiano" para evitar exponer a esas personas a contextos de mayor vulnerabilidad, irregularidad y potenciales circunstancias de trata o tráfico ilícito. Además, sugiere extender el beneficio de las visas de responsabilidad democrática a todos los países de la región que se encuentran en situación de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público del país.

En clave de género, el INDH recomienda incorporar en la tramitación de la actual legislación el principio de igualdad y no discriminación por razones de género, orientación sexual, edad, nacionalidad, idioma, raza, discapacidad; e incorporar en la normativa "medidas de protección a la maternidad y frente a la violencia de género", independientemente de la condición migratoria, para que les "sean aplicables las mismas leyes y normas previstas para las mujeres nacionales".

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