Hoy en día no resulta difícil encontrar en los medios de comunicación noticias alusivas a delitos perpetrados por inmigrantes, donde ante todo se resalta la condición de foráneo del infractor/a de ley. No importa que mayoritariamente se trate de faltas administrativas que responden a su situación de irregularidad, lo relevante es que es un extranjero que vendría a medrar “nuestro” preciado ordenamiento, “nuestra” seguridad, en fin, pondrían en jaque “nuestro modo de vida”.

El tratamiento mediático que sobreexpone determinados hechos responde a la denominada “agenda setting”, que privilegia ciertos sucesos sobre otros. No resulta baladí el qué informar y el cómo se transmite un hecho, cómo una situación se transforma en noticia y bajo qué encuadre se narra. La cobertura que los medios le otorgan a un determinado fenómeno configura la agenda pública. Precisamente por la influencia que detenta en la “construcción de realidad” a la prensa se le ha denominado el cuarto poder.

En materia migratoria no es distinto, lo publicado por los medios de comunicación incide en la percepción ciudadana, así lo informado incrementa ciertos prejuicios, mantiene otros, los disminuye, posibilita el disenso y la deliberación. Allí reside su importancia, en constituir un espacio de reflexión crítica, en permitir la discusión y el debate entre diversos puntos de vista. Sin embargo, lo que termina aconteciendo es que se imponen ciertas miradas, las que, por regla general, resaltan un aspecto de los flujos de personas, reduciendo un fenómeno sociocultural a la mera ecuación inmigrante = delincuente. En general, se trata de narraciones que restringen los desplazamientos a aumento de la criminalidad, fomentando una percepción que vincula determinadas nacionalidades a ciertas formas de comisión de delitos, así, por ejemplo, en Chile los colombianos son asociados a narcotráfico y a crímenes con altos grados de violencia.

En junio de este año el caso de Margarita Ancacoy reavivó la discusión. Margarita se dedicaba a la limpieza en una universidad ubicada en un sector céntrico de Santiago. En la madrugada, cuando se dirigía a su trabajo, fue alcanzada por cinco sujetos que ya habían intentado asaltar a otro transeúnte, la golpearon para robarle su teléfono móvil y su cartera. Su muerte conmocionó al país por la agresividad demostrada por la banda que apaleó a la mujer hasta darle muerte. Los medios de comunicación informaron este suceso resaltando la nacionalidad de los atacantes, la brutalidad ejercida y el hecho de que huyeran del lugar riéndose.

Su asesinato generó controversia nacional, en especial pues dos de los imputados fueron torturados en prisión. Hecho que adquirió connotación pública por la viralización de un video que muestra como un grupo de reos rapa, golpea y electrocuta a los imputados. Mientras varios “rostros televisivos” y deportistas justificaron las torturas, otros las rechazaron enérgicamente, subrayando que no es posible que en una democracia se permitan, acusando la pasividad de gendarmería. El jefe jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, señaló que “en una sociedad con Estado de Derecho, no cabe responder a la violencia con más violencia, y en este caso el hecho se ve agravado, porque las personas estaban bajo la custodia del Estado”. En similar sentido se pronunció la académica Isabel Arriagada criticando la errónea travesía punitiva que se estaba adoptando, aseverando que, con su muerte, “En Chile empieza un carnaval desatado de xenofobia. Muere la esperanza de tener un país solidario, diverso y respetuoso de sus migrantes. El público espectador celebra la tortura. Alaba que los asesinos sean electrocutados.”

Casos como el de Margarita Ancacoy pueden nublar la razón, pues instan a responder irreflexivamente, no obstante, es primordial enfatizar, una y otra vez, que en un Estado de Derecho la necesaria búsqueda de justicia no puede servir como justificación a la tortura. Es fundamental hacer hincapié en que una práctica de esta índole es intolerable, en un sistema democrático que se precie de tal, la tortura no se puede permitir bajo ningún concepto.

Este caso no sólo deja al descubierto la precarización laboral que sufren las mujeres en Chile, en especial las que se dedican a labores de limpieza -según el Centro de Investigación e Información Periodística, en el submundo del aseo en universidades las mujeres son “invisibles”, pues en su mayoría se encuentran subcontratadas, reciben el salario mínimo y están expuestas a maltratos de sus jefes y a vulnerabilidad por el horario de su jornada-, sino también la muerte de Margarita Ancacoy reaviva el binomio inmigración-delincuencia.

Reducir a quiénes se movilizan a criminales constituye una generalización burda que no se condice con la realidad. Del hecho de que cinco extranjeros asesinen a una mujer no se deriva que los foráneos vengan a delinquir a Chile. Las cifras desmienten una y otra vez este mito que se ha levantado en torno a ciertas nacionalidades, sólo basta considerar que la tasa de extranjeros cumpliendo condena en Chile se sitúa en torno al 0,1%. No obstante, a pesar de que los datos contradicen esta errónea percepción, se mantiene una mirada sesgada y restrictiva sobre la inmigración.

Por eso es esencial no olvidar el papel que tienen los medios de comunicación en la creación de la opinión pública, el rol que disponen en la construcción de la percepción ciudadana. Como acertadamente sostiene la reconocida filósofa Judith Butler “el periodismo es un lugar de lucha política...inevitablemente”, en este entendido la prensa debería fomentar una mirada amplia que evitara la reproducción de estereotipos. Los medios de comunicación deberían promover una reflexión profunda y seria acerca de un fenómeno sociocultural tan complejo como lo es la inmigración. Ya va siendo hora de dar visibilidad al 99,9% de quienes se movilizan a Chile, rechazando prejuicios y reducciones burdas.