"Hay que tener en cuenta la estrecha relación entre las compañías de seguro y las AFP", opinó el investigador Recardo Gálvez, de la Fundación Sol, para comenzar analizando la situación develada por una ex trabajadora de la AFP Provida, quien aseguró a El Desconcierto que la empresa incentivaba el boicot a la entrega de pensiones de invalidez.
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Recaredo Gálvez fue entrevistado por Rayén Araya en el programa #AquíYAhora, el programa de noticias transmitido en simultáneo por Súbela Radio y El Desconcierto.
El investigador puso atención a que este tipo de denuncias tiene que ver con que, hoy por hoy, la ley no pone ninguna traba a que las AFP y las compañías de seguro -que entregan las pensiones de invalidez- pertenezcan al mismo holding.
"Las AFP son un organismo privado regulado por una institución pública, pero estas regulaciones son muy permisivas. Aquí hay que hacerse la pregunta si se puede seguir tolerando esto, de empresas que tienen el monopolio del sistema previsional, una industria que entre 2012 y 2016 ha tenido más de un centenar de sanciones. Y aquí el problema no es que no se apliquen sanciones, no es un problema de regulación, sino de poder, el poder de las AFP en las inversiones, en la concentración de un mercado donde hay apenas seis actores participando. Ahí es dónde uno ve que las sanciones al final son tolerantes con este tipo de conductas en las pensiones de invalidez, sobretodo ante la integración de propiedad de las AFP y las compañías de seguros", afirmó Gálvez.
"Este problema puntual es gravísima, tenemos denuncias de personas que han muerto mientras se tramitan las pensiones de invalidez. Hay mucha permisividad con las AFP. Y ante este escándalo de Provida, uno esperaría mayor reacción, pero hemos visto un silencio sorprendente", agregó.
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