El anuncio del Plan Impulso Araucanía del Presidente Piñera ha recibido el apoyo del empresariado y críticas desde parte del Pueblo Mapuche por los retrocesos que significa en materia de derechos indígenas. Uno de los puntos más conflictivos del acuerdo para el desarrollo y la paz en la Araucanía presentado por el gobierno es la modificación de la Ley Indígena para que tierras ancestrales puedan ingresar al mercado para ser vendidas o arrendadas.

La ley 19.253 en su artículo 13 se refiere a que las tierras reconocidas como indígenas "no podrán ser enajenadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, a excepción de comunidades o personas indígenas de una misma etnia", además, las tierras que son propiedad de comunidades indígenas "no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración". Ahora, esto puede cambiar de raíz.

El plan del gobierno de Piñera pretende modificar la ley indígena para "potenciar el uso productivo de las tierras entregadas a los miembros del pueblo mapuche reduciendo o eliminando las prohibiciones de vender, hipotecar, arrendar, o disponer de sus tierras". Esta propuesta ha generado un amplio rechazo de la comunidad mapuche ya que significa un retroceso en la reivindicación del territorio indígena.

Las comunidades mapuches han señalado en primera instancia que si bien la ley indígena no es suficiente, es la única herramienta jurídica que establece la protección de sus tierras, por lo que hacen el llamado a parlamentarios a rechazar este punto del proyecto.

Para el historiador e investigador mapuche, Fernando Pairicán, este proyecto es una contradicción del gobierno con las demandas mapuches ya que "la base de la sociedad mapuche es la tierra y la historia del movimiento mapuche desde 1910 hasta el día de hoy, ha sido la lucha por la devolución del territorio y por lo tanto me parece algo contradictorio de parte del gobierno que se plantee que una de las salidas a la conflictividad sea entregar a la individualidad la propiedad de la tierra y el derecho a arrendarla sin comprender que el fondo del tema de la pobreza mapuche, no pasa por poder arrendar las tierras, sino por ampliar el territorio para poder seguir viviendo como sociedad".

El werken José Huenchunao es enfático al señalar que el Plan Impulso Araucanía del gobierno no considera ningún punto fundamental de lo que plantean hoy en día las comunidades mapuches en resistencia y que la modificación de la ley indígena es algo que preocupa a las comunidades. "La mayoría de las comunidades está preocupadas por esta situación, el foco de este proyecto apunta a que se siga destruyendo los conceptos que han venido en el último tiempo planteando las comunidades mapuches. Durante la dictadura se usurparon nuestras tierras y hoy vuelve a renacer esta idea desde las posiciones de poder del Estado, la modificación de la Ley Indígena viene a afectar nuestro proceso de recuperación de tierras", señaló.

La administradora pública del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa Huencho, señala que el proyecto omite un tema sustantivo, como lo es la concepción del territorio indígena y su reivindicación. "Creo que lo profundo es que en Chile la ley que regula tenencia de tierra no ha reconocido una reivindicación que es previo a la tierra, que es el territorio indígena, que va mucho más allá de un pedazo de tierra, es cómo se generan sinergias en un espacio territorial que contiene determinados recursos naturales y espirituales importantes".

Además, agregó que la modificación de la ley para poner las tierras mapuches en el mercado es parte del modelo que impera en Chile que no reconoce la lucha ancestral del Pueblo Mapuche. "Este plan tiene un componente productivo de generación de esfuerzo de privados y públicos, y que la disponibilidad de la tierra, ya sea individual o colectiva, se pueda entregar en comodato. Esto supone una visión que da cuenta del modelo de crecimiento económico que tenemos en Chile, pero que no resuelve la reivindicación territorial, ya que busca hacer productiva las tierras, pero atenta contra la visión colectiva y ancestral que hay acá", afirmó Figueroa Huencho.

"Un aspecto clave de la relación conflictiva entre el Estado y el Pueblo Mapuche tiene que ver más allá de la visión sesgada de la ley o lo que supone este anuncio, sino la concepción que el Estado tiene y su poca capacidad de dar cuenta de esta visión que significa el territorio. Si esto se somete a consulta, hay que prestar suma atención, porque podría haber una contradicción con el reconocimiento de otros derechos", finalizó la administradora pública.

Al ser una materia que afecta directamente a las comunidades indígenas, la modificación de la ley debe pasar por una consulta previa, de acuerdo a lo estipulado en el convenio 169 de la OIT.

Pairicán, por su parte, aclara que el reconocimiento constitucional prometido por Piñera es solo un "ponerse al día en algo que no hizo en los últimos 30 años". Sin embargo, remarca que esto no necesariamente representa lo que el movimiento  indígena está planteando en sus ideas actualmente. "El movimiento mapuche ya sobrepasó esa enunciación. Hoy día esta exigiendo la autonomía como forma de ejercer la autodeterminación", afirmó el investigador mapuche.

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Consultado sobre la importancia de un debate en el parlamento sobre el proyecto y las demandas mapuches, el historiador señala que lo que se debata en el parlamento es importante, pero este "debe apuntar a debatir sobre lo que hoy día el movimiento indígena está debatiendo y no sobre lo que ellos consideran que se debería debatir. Ellos están debatiendo desde una mirada criolla, lo que a ellos les conviene en su estabilidad o lo que culturalmente lo que a ellos les asemeja mucho más que es el indígena incorporado como parte del mestizaje cultural del país. Eso podrá haber sido novedoso en la década del 40 u 50, pero hoy día ya no es vanguardia, ese pensamiento es puro conservadurismo", finaliza Pairicán.