Cuando se hizo la entrevista al abogado Juan Pablo Galleguillos para este reportaje, quien trabaja en el Congreso desde 1991, se había celebrado hace dos semanas una sesión secreta en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Era fines de abril. Él conoce en detalle lo que ocurre al interior de las salas del Parlamento, es el jefe de los secretarios encargados de las comisiones.

—Entonces, cuando se declara una sesión secreta, además de los parlamentarios, ¿ustedes son los únicos que tienen acceso a toda la información?

—Así es, somos los únicos juramentados para permanecer en la sala y autorizamos o no que se queden los abogados ayudantes.

Los abogados secretarios deben estar presente en la sala porque son los ministros de fe; los diputados pueden salir y entrar, pero ellos siempre tienen que estar ahí.

Desde su escritorio, en una de las oficinas del Congreso en Valparaíso, el abogado explicó que si bien la Constitución de 1980 estableció la atribución de decretar secretos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos bajo una ley de quórum calificado, las causales que contempla se invocaban previo a que fuera clausurado el Poder Legislativo por la dictadura. Y habitualmente eran en asuntos de relaciones exteriores.

Ese mes de abril, la comisión de Derechos Humanos del Senado eligió a Patricia Muñoz como Defensora de la Niñez. Con un detalle: la votación fue en secreto. Pese a que después se conoció la distribución de fuerzas políticas que marcaron la elección, fue un debate a puertas cerradas.

Sobre esto, el abogado trajo a la memoria una imagen: la votación secreta de la acusación constitucional en contra del dictador Augusto Pinochet, en 1998, en la sala de la Cámara. Fue una jornada especialmente tensa por la polarización política que se vivía al interior del Congreso, que concluyó con el rechazo de la acusación por 52 votos a favor y 62 en contra. “Se votó en forma secreta por el sistema de balotas. Había mucho temor a las consecuencias políticas que la acusación podría haber desatado”, comentó.

Habitualmente quien le confiere el carácter secreto a una sesión es quien monopoliza la información. “Las instituciones dicen 'bueno, te la entrego, pero en secreto'”, explicó Galleguillos. De no exponerla presencialmente, remiten los documentos a la secretaría para que cada parlamentario se acerque a revisarlos. Pero deslizó sus aprehensiones sobre esto último. En general, dijo, solo acceden los presidentes de las comisiones y, por lo mismo, es preferible que las autoridades expongan esa información reservada cuando todos están presentes en la sesión.

Y esa reserva generalmente se anticipa:

—Te avisan que la sesión viene con "secreto". Sabemos, por ejemplo, que un ministro va a pedir que la sesión sea secreta cuando se despachan las invitaciones, como fue el caso de Hacienda a la que asistió Felipe Larraín, los dos subsecretarios y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas— detalló.

Más allá de cumplir con el protocolo, al interior de la sala se dan reacciones naturales que, por cierto, el abogado identifica muy bien, tras veintiocho años recorriendo cada rincón de la sede del Congreso.

—Cuando le quitamos los celulares a los parlamentarios hay algunos que son bien reacios a pasarlos, más que nada porque es difícil despegarse. Incluso podría estudiarse disponer de un tipo de lockers para guardarlos, pero es solo una idea para darle más seguridad a lo que implica una sesión reservada.

El secretismo en cifras

La información reservada se maneja bajo los criterios de la confidencia: es expuesta y discutida entre cuatro paredes por las autoridades de turno. La restricción a su acceso se ha justificado bajo el argumento de la protección a la seguridad nacional, entre otros.

De ese secretismo heredado de la dictadura quedaron huellas en el Congreso. La ley orgánica constitucional de la institución N° 18.918 establece cuatro razones para declarar reservada una sesión: si la información que se expondrá en la comisión pudiese afectar los derechos de las personas, la seguridad de la Nación, el interés nacional o el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos. Además, las sesiones, documentos, antecedentes, actas y votaciones serán siempre secretos si es expresamente solicitado por el Presidente, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Es decir, la transparencia es parcial.

Según información a la que El Desconcierto accedió vía Ley de Transparencia, desde marzo de 2014 a enero de este año, se celebraron 73 sesiones reservadas - total o parcialmente- en la Cámara de Diputados. El registro excluyó las sesiones de la comisión sobre el Control del Sistema de Inteligencia del Estado, conocida por "comisión ANI", en que todas sus sesiones son reservadas de acuerdo a la ley 19.974 del Ministerio del Interior. Las comisiones que lideran la reserva son Relaciones Exteriores y Defensa Nacional y, le siguen, las comisiones investigadoras sobre distintas irregularidades detectadas en Codelco y la comisión por violencia en La Araucanía. Mira en este link el listado completo.

De una segunda solicitud de información dirigida al Senado, se obtuvo que desde enero de 2015 hasta junio de 2018, se declararon 45 sesiones reservadas bajo los mismos criterios; 32 de ellas, en la comisión de Defensa. Aquí la lista.

En ocasiones, al seguir una comisión investigadora - como lo fue en la del fraude en Carabineros- y antes de leer en el gestor de contenidos “sesión suspendida”, el secreto despunta entre los expositores y los parlamentarios, a veces con dudas y, otras, con naturalidad. Una opinión compartida por varios parlamentarios consultados para este reportaje es que, más allá de la justificación legal, la reserva le otorga un estatus diferenciado a la sesión, donde se crea un ambiente distinto en el cual hay mucho de ritual.

“Es el clásico dicho 'mucho ruido y pocas nueces' porque el grueso de la información que se entrega bajo reserva o ya la sabías o la sabías a la vuelta de la esquina, hasta lo podías sospechar, pero igual se declara sesión secreta”, comenta un ex parlamentario de la Nueva Mayoría.

La información entregada por la la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia de la Cámara de Diputados demostró una falencia. El documento incluía 129 actas parlamentarias ordenadas en una planilla Excel según su fecha de celebración. Sin embargo, incorporó sesiones en las que se habló sobre el secreto, como una condición posible de ser solicitada por los invitados, y no únicamente las que fueron declaradas reservadas. La información no fue filtrada adecuadamente porque dicho registro, según aclaró la jefa encargada del área, no existía en el sistema hasta la presente solicitud.

Los antecedentes que facilitó la Cámara se obtuvieron a través de una búsqueda en Google. La funcionaria precisó que no existía otro buscador en el sistema que arrojara “ni automática ni semi automáticamente la información solicitada, tampoco se han elaborado informes que contengan dicha información. Ni se cuenta con personal para efectuar una investigación acusiosa al respecto”.

“Es la manera como siempre se han hecho las cosas”

 Después de dos años de estar bajo la custodia reservada de su secretaría, los materiales de registro de las comisiones son eliminados del sistema; los documentos en papel se destruyen en una máquina picadora y las grabaciones en cintas magnetofónicas se eliminan.

—¿Realmente se destruyen esos documentos?

— No le quepa duda — responde otro de los abogados secretarios, y añade— en las comisiones permanentes o investigadoras se hace una versión taquigráfica, es decir, la transcripción de las intervenciones de los parlamentarios, pero la parte reservada se destruye.

Mantener bajo reserva estos registros, incluidos los audios de las comisiones, está dispuesto en el inciso octavo del artículo 5°A de la ley orgánica constitucional del Congreso, que indica que tanto las grabaciones, apuntes o instrumentos que apoyen la labor de las secretarías no son materiales públicos.

La ley también señala que las sesiones de la Cámara Alta se realizarán sin asistencia de público, salvo que la mayoría de los parlamentarios acuerde lo contrario. De ahí que el secretismo fuera reinstalado en la agenda por la Agrupación de Periodistas del Congreso, en junio pasado, a propósito del debate a puertas cerradas que sostenía la comisión mixta por cohecho en el Senado.

La frase que resonó al interior de esa comisión fue: “Es la manera como siempre se han hecho las cosas”. Así lo escucharon los periodistas que unos días después consiguieron darle un giro precisamente a esa idea. La presión fue tal que los profesionales contaron con la autorización de los parlamentarios para ingresar y cubrir las sesiones. Pese a eso, es algo que no está garantizado legalmente.

Por otro lado, sobre las sesiones que son declaradas total o parcialmente secretas, es necesario consignar que como la ley establece que la reserva es la excepción a la norma, se requiere de un quórum elevado para concretar la medida: los votos favorables de los dos tercios de los parlamentarios que integran una comisión. En el caso de la Cámara Baja nueve de trece diputados y, en la Cámara Alta, tres de cinco senadores. En el acta quedan registrados los fundamentos del presidente de la instancia, no así su contenido.

En los casos en que no se ha alcanzado el quórum o se ha negado el secreto a las instituciones que asisten a exponer, uno de los abogados secretarios comentó:

— Ha habido interés de hacer secreto por información que no lo amerita. A la secretaría le cabe el análisis y si no encaja debe ser recibido en sesión pública. Yo quisiera interpretarlo como que estas instituciones tienen una lectura más laxa de la ley orgánica, que no son tan estrictos — sostuvo el profesional.

[caption id="attachment_154535" align="alignnone" width="640"] Cámara de Diputados / Agencia Uno[/caption]

Comisión ANI: El secreto mejor guardado de la Cámara

“Es una una rareza”, así calificó el abogado Juan Pablo Galleguillos la comisión sobre control a los órganos de inteligencia del Estado, conocida como la comisión “ANI”. Una instancia totalmente reservada de acuerdo a la ley N° 19.974 del Ministerio del Interior, que le dio origen en 2004.

Esta comisión tiene una conformación distinta: siete parlamentarios en total, de ellos actualmente tres son oficialistas y cuatro de oposición. La nómina de los diputados integrantes debe ser propuesto y aprobado en la sala de la Cámara.

La singularidad de esta comisión son las medidas de seguridad que se han implementado.

—Los documentos reservados que se trabajan y que quedan en mi poder, luego se depositan en una caja fuerte — precisó el abogado secretario de esta comisión, Mario Rebolledo Coddou.

La sala que se escoge no tiene habilitado el sistema de grabación ni trasmisión vía streaming y periódicamente se hace un barrido para detectar la presencia de posibles aparatos electrónicos que pudiesen registrar la información que se expone en la comisión. En el perímetro de esa sala no debe haber tránsito de personas ni tampoco hay versión taquigráfica.

Lo llamativo es que el informe anual que presenta el director de turno de la ANI se entrega de manera verbal y de eso no queda registro escrito. Este es el momento “peak” de la comisión porque se hace un balance de todas las estrategias de inteligencia y contrainteligencia aplicadas por estos organismos.

— Que no anoten también es una medida de seguridad, no he visto que intenten hacerlo. Habría que pensar que los parlamentarios tienen muy buena memoria — señaló el abogado secretario y agregó — La reserva a funcionado de manera óptima en el Congreso durante los últimos catorce años.

Las reservas del “Pacogate”

Según el registro entregado por la Unidad de Transparencia de la Cámara, el 2 de octubre de 2017, la comisión investigadora sobre las irregularidades en la gestión y administración financiera de Carabineros, conocida como “Pacogate”, recibió al ministro del Interior, Mario Fernández.

Dos meses antes, mediante esa cartera, los parlamentarios de la instancia tuvieron acceso a una serie de antecedentes solicitados a la policía uniformada, en el oficio N° 17.317. Parte de estos documentos fueron declarados reservados y, de acuerdo a la ley orgánica del Congreso, solo podían ser conocidos en una sesión secreta. Aludían a dos normas legales sobre las cuales se explayó el ex ministro Fernández en la parte reservada: el Código de Justicia Militar y la ley sobre el sistema de inteligencia del estado.

También tuvieron ese carácter los documentos que hacían referencia a los oficiales que ejercieron los cargos de general director, subdirector, inspector general, director nacional de logística, director nacional de inteligencia y director nacional de personal, desde el 2004 hasta esa fecha.

A esto se sumaron los documentos referidos a la estructura orgánica de Carabineros, la relación de mando y dependencia, el reglamento de organización, la directiva de organización, la estructura orgánica de la Dirección de Finanzas de Carabineros, la norma jurídica que la crea, sus facultades y el personal al mando de dicha repartición, de sus unidades y departamentos.

La herramienta legal de Carabineros y las Fuerzas Armadas para reservar esta información es el artículo 436 de la Justicia Militar que establece que no será público lo relacionado a pertrechos militares o policiales, las plantas o dotaciones, los planos o instalaciones de recintos, los concernientes a armas de fuego, explosiones o municiones.

Se instala la “teoría de la relación”: todo lo que esté asociado con dichas categorías se reserva, lo que permite ampliar los márgenes del secreto. El entonces presidente de esa comisión, el ex diputado de la DC Jaime Pilowsky, recordó que como se incluyen las plantas, Carabineros guardaba secreto sobre el número de funcionarios y en la comisión se hablaba, en un tono irónico, de los "carabineros fantasmas".

Sobre esto el ministro Fernández dijo que el Ministerio del Interior solo tenía facultades parciales sobre la institución uniformada.

Modificaciones a la ley antiterrorista: Sin trasmisión en vivo

 Para el presidente de la Agrupación de Periodistas del Congreso, Óscar Cáceres, es llamativo que asuntos que muchas veces se tratan abiertamente en la Cámara una vez que pasan al Senado se manejan bajo reserva. Y advierte que una de las comisiones que ha generado resistencia para cambiar dicho criterio es la de Constitución del Senado.

Una de las tramitaciones que se está dando en esta instancia es el proyecto que modifica la ley antiterrorista, un debate que no se está transmitiendo vía streaming. El secretario de la comisión indicó que no hay acuerdo al respecto, no así su presidente, el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien insistió en lo contrario. Para las próximas semanas no está planificado seguir con esta discusión porque habrían otras prioridades, precisó el ex intendente de La Araucanía.

El senador PPD Felipe Harboe mantuvo la línea de Huenchumilla y el socialista Alfonso de Urresti insistió en que se le preguntara a la secretaría porque desconocía la información, mientras que los dos senadores oficialistas, Víctor Pérez y Andrés Allamand, no contestaron el llamado.

Cáceres aseguró que los parlamentarios están al tanto del tema- días antes de indagar en esta información él mismo se lo planteó a Harboe-, pero, dice, se desentienden. Señaló que aquí hay trabas para implementar modificaciones y que “entra a jugar el Partido del Orden, donde todos asumen posturas en bloque más allá de los partidos, y se termina por mantener la estructura, la cultura del secretismo”.