Durante el pasado jueves, el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley "Aula segura", que otorga más facultades a directores de colegios públicos y subvencionados para sancionar con expulsión o cancelación de matrícula a estudiantes responsables de hechos de violencia.
La medida recibió críticas de diversos sectores, especialmente de las Juventudes Comunistas, quienes aseguraron que se trata de una "mera propaganda". Su presidente, Camilo Sánchez, señaló que "los manuales de convivencia ya entregan facultades a directores para expulsar y suspender a estudiantes ante faltas graves, como por ejemplo en las que se atenta contra trabajadores de la educación".
A la vez, explicó que en Santiago, donde los medios han mostrado los episodios más graves de violencia al interior de los recintos, "los manuales de convivencia fueron actualizados el año 2016 con participación de todas las comunidades escolares, todos partiendo de la base del debido proceso y que ante hechos que atenten de forma gravísima contra la comunidad, se podría tomar como sanción la rápida expulsión".
En la misma línea, el dirigente recalcó que "quizás el gobierno busca terminar con el debido proceso para asegurar las expulsiones, lo cual sería grave porque no se reconocería al estudiantado como sujetos de derecho y se abriría la puerta a las arbitrariedades, lo que es un pésimo estímulo para que los colegios asuman su responsabilidad formativa".
Por último, Camilo Sánchez señaló que "nosotros creemos que el foco debe estar puesto en reforzar la labor del colegio, fortaleciendo sus equipos psicosociales que hoy no dan abasto, a la vez de una ofensiva de formación ciudadana. De lo contrario el debate se reduce a traspasar conflictos de un colegio a otro".
