Durante el pasado martes 21 de agosto se desarrolló la audiencia laboral por prácticas anti sindicales que tenía enfrentada a la FENAMIP y al Fiscal Nacional, Jorge Abbott Charme por denuncias de medidas en contra de la organización sindical, sus dirigentes y los trabajadores afiliados al gremio, logrando en la instancia un importante acuerdo que beneficia y abre una nueva instancia de diálogo entre ambas partes.

Pese a que para los los trabajadores este acuerdo judicial es un avance concreto, no borra el negro antecedente de tener que haber llegado a instancias judiciales para resolver problemas que se venían denunciando hace más de dos años y que ocurrían al interior de la Fiscalía Regional Occidente. Entre ellas, obstaculizar el contacto en asambleas con sus afiliados, la creación de mesas o grupos de delegados, las cuales eran integradas por funcionarios y funcionarias al margen de elecciones democráticas y amparadas por la ley de asociaciones de funcionarios, Ley Nº 19.296 y comentarios discriminatorios en contra del dirigente Manuel Muñoz Veroiza por parte de su jefatura directa.

Los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Occidente (ASFFRO), asociación que es parte integrante de la Federación Nacional y que impulsó la denuncia de los hechos materia de la demanda, manifestó su satisfacción tras el acuerdo judicial alcanzado. Su presidente Fabio Trujillo destacó que las medidas logran "beneficios concretos en favor de nuestros asociados y de la transparencia de las investigaciones sumarias que ha denunciado está misma organización al Fiscal Regional y al Fiscal Nacional, quién deberá recibirnos como directorio previo a resolver su resultado".

En tanto, la presidenta de la FENAMIP, Paulina Ruiz Tapia, señaló que es más importante monitorear de cerca la evolución, ejecución y cumplimiento del acuerdo e hizo un llamado "a una reflexión profunda de parte de las autoridades del Ministerio Público sobre la necesidad de evitar repetir las situaciones que nos llevaron a iniciar este segundo juicio por prácticas antisindicales, ya que para nosotros como representantes de los trabajadores es importante mantener los canales de diálogo permanente con las autoridades, pero no descansaremos en defender los derechos laborales de nuestros funcionarios afiliados aunque para aquello debamos recurrir a instancias judiciales".

El directorio recalcó que el acuerdo logrado muestra la necesidad de que la institución viva una reforma legal que solucione la falta de control externo, el acceso equitativo a concursos públicos con perspectiva de género y el respeto a la carrera funcionaria, entre otras demandas como la protección de las víctimas ante el acoso laboral, sexual y las prácticas anti sindicales.