¿Es Brasil una democracia, si no respeta la decisión de la ONU?
Ese viernes, el Comité de Derechos Humanos de la ONU exigió a Brasil que garantice los derechos políticos del expresidente de Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, a participar en las elecciones, mientras no sea condenado por una sentencia firme y en un proceso justo.
El expresidente de Brasil está condenado y encarcelado, acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero. Lula también es candidato a la presidencia de Brasil, liderando todas las encuestas electorales y defendido por personalidades de todo el mundo.
Esa aparente contradicción se confunde con la propia historia Brasileña, país que figura en la lista de las 10 mayores economías del mundo, a la vez que integra la lista de los 10 países más desiguales del planeta.
Nacido en 1945, Lula es el séptimo hijo de labradores analfabetos del nordeste brasileño. Trabajó como vendedor ambulante y lustrabotas desde los 8 años. Concluyó la educación primaria y empezó a trabajar como metalúrgico a los 14 años.
En abril de 1980, Lula fue encarcelado por la dictadura militar, en un intento de finalizar una huelga masiva de trabajadores. En abril de 2018, fue encarcelado nuevamente por un régimen antidemocrático, en un intento de impedir su candidatura presidencial.
¿Qué pasó?
En 2002 y 2006, Lula fue elegido presidente. Transformó Brasil en la sexta economía mundial, pagó la deuda con el FMI y sacó a 28 millones de personas de la pobreza extrema. Dejó el gobierno con 87% de aprobación y ayudó a elegir a su sucesora, Dilma Rousseff.
En 2016, el Estado Democrático de Derecho en Brasil fue violado por el golpe en contra de la Presidenta Dilma. Se estableció un régimen represivo, con la politización del Poder Judicial que mantiene presos sin condena firme, violando el artículo 5º de la Constitución.
La arbitrariedad instalada viene acompañada por el recrudecimiento de la violencia a través del retroceso en derechos sociales, la criminalización de los movimientos sociales y el aumento de asesinatos, como la ejecución de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco.
Este año se han producido graves hechos de violencia en contra de Lula, un atentado a tiros en contra de su caravana en los estados del Sur de Brasil, y otro en contra del campamento de solidaridad a Lula en Curitiba, donde resultaron dos personas heridas.
El jurista italiano Luigi Ferrajolli clasificó el “proceso como plagado de violaciones a las garantías procesales.” El exjuez español Baltasar Garzón señaló un “clarísimo interés político en neutralizar a Lula da Silva como principal candidato a las elecciones de octubre.”
En Chile, políticas/os y artistas, desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, solicitaron que se autorice la candidatura presidencial de Lula, encabezados por la expresidenta Michelle Bachelet, recién electa Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
La solidaridad es recíproca. Pocos se acuerdan que horas después del terremoto de 2010, Lula vino inmediatamente del traspaso de mando en Uruguay, y posó en el aeropuerto internacional de Santiago, para brindar apoyo moral y material a Chile.
En todo el mundo, grupos de personas y organizaciones denunciaron la prisión política de Lula y exigieron que la justicia electoral permita su candidatura, formando comités internacionales de solidaridad y organizando actos y marchas multitudinarias.
En Santiago, movimientos sociales, juventudes y partidos políticos realizaron el acto #LulaLibre, el domingo, 12 de agosto, en el Parque Forestal. Lanzando el Comité de Solidaridad Chileno en Defensa de Lula y de la Democracia.
Lula es un preso político, acusado haber recibido sobornos de una constructora, a través de un departamento que nunca le perteneció, en un proceso marcado por arbitrariedades, en el contexto de una escalada autoritaria en contra de la democracia en Brasil.
Debemos exigir democracia y justicia siempre. En especial cuando se trata de un país de la comunidad latinoamericana, cuyos efectos adversos de la escalada autoritaria necesariamente se reflejarán en Chile y la región.
Tras un golpe parlamentario, si el Estado brasileño impugna la candidatura favorita a ganar las elecciones presidenciales, incumpliendo la Constitución y la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿es Brasil una democracia?
