El lunes 30 de julio, el gobierno publicó el Informe que el Comité de Derechos del Niño de la ONU realizó luego de su visita a Chile en enero de este año. Una de las características de este informe fechado 1 de junio es su confidencialidad, pero que puede ser renunciada por el Estado como lo hizo Chile este lunes. No era obligación del Estado su publicación, pero al hacerlo transparenta la dura visión que tiene un organismo internacional sobre el Sename.

El Comité comienza su análisis nutriéndose de información obtenida principalmente desde el Informe Jeldres 2013 y el del INDH de 2018, los dos informes más comprehensivos sobre Sename. Es más, casi la totalidad de los datos estadísticos que fundamentan las conclusiones del Informe, son obtenidos directamente por la investigación del INDH. Así por ejemplo, cuando el Comité sustenta que Sename no propicia la reunificación familiar, habla de que el 32,7% de las residencias permite visitas solamente en horarios laborales, dato que fue recogido con las visitas del INDH en 2017, a más de 170 residencias. La información del Comité también se complementa con entrevistas, recogiendo valiosos testimonios de egresados, y de visitas a algunas residencias.

De la realidad constatada, la conclusión es lapidaria: existen múltiples violaciones de Derechos Humanos garantizados por la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos. Estas violaciones ocurren hoy en democracia y sus causas no son superficiales, sino que están arraigadas en la estructura Sename, que hoy está superada al no poder responder a las exigencias mínimas que imponen los tratados internacionales.

Se debe destacar que este informe llama al Poder Judicial a hacerse cargo de su rol de garante de derechos, ya que son los Tribunales de Familia los que institucionalizan niños y niñas, y los que deben observar las normas internacionales, las que hoy se consideran violadas.

Junto con los hallazgos y conclusiones, otro gran valor de este informe es que lo realizó un órgano internacional, del cual no se pueden acusar sesgos o supuestos problemas metodológicos, como algunos esbozaron del Informe Jeldres o del Informe INDH. Además, el hecho de que la ONU respalde este informe, implica que el Estado debe darle seguimiento y cumplir sus recomendaciones de manera urgente y prioritaria.

Con este informe se completa además el piso mínimo de realidad sobre la cual se deben articular todas las acciones de reforma. El Comité nos cuenta la realidad del Sename, la misma realidad que se ha minimizado, relativizado o derechamente negado a lo largo de las últimas décadas por varios actores interesados. Con este informe, también, se agota la fase de diagnósticos, y solo queda desde ahora en adelante el diseño de las soluciones.