Durante el pasado jueves 19 de julio, 62 diputados del Knesset -el legislativo israelí- sancionaron la ley del «Estado-Nación», que rebaja el estatus del idioma árabe, estipula que Jerusalén unificada es la capital de Israel, excluye el derecho de autodeterminación a los palestinos e impulsa el fomento a la creación de comunidades judías como valor nacional, entre otros polémicos puntos.

El mensaje es claro tanto para judíos como árabes: Israel es solamente la patria de los judíos –incluso de los que no viven allí–, su idioma es únicamente el hebreo y los palestinos son habitantes de segunda categoría. El personaje que dio inicio a la ley, Avi Dichter, sintetizó la situación de esta forma: “hemos aprobado esta ley fundamental para impedir la mínima voluntad o tentativa de transformar el Estado de Israel en una nación para todos sus ciudadanos”.

Si bien la ley es mayormente simbólica en sus pasajes polémicos (sin ser idioma oficial, el árabe puede seguir siendo usado bajo el rótulo de estatus especial) y está suavizada en sus propuestas por la intervención del Presidente Rivlin (como la autorización al establecimiento de comunidades sólo para judíos, que fue eliminada), brillan por su ausencia conceptos fundamentales del mundo contemporáneo, tales como el respeto a los derechos humanos, la promoción de la igualdad,  el velar por la integración, el cuidado del pluralismo, entre otros.

Al codificar lo obvio con la ley básica -que Israel aspira a ser el hogar de los judíos-, el gobierno de Netanyahu y la ajustada mayoría que lo sustenta parecen olvidarse deliberadamente de lo anterior. No porque esto conduzca a cambios radicales en los hechos -árabes israelíes siempre han estado alejados de prioridades del Estado-, sino porque formaliza un statu quo en el que no es equitativo en su trato entre las diferentes comunidades religiosas y étnicas, al mismo tiempo que genera un sustento para justificar futuras políticas segregacionistas. Esto cuando el grupo árabe constituye al menos la mitad de la población en el territorio ocupado militarmente entre el río Jordán y el Mediterráneo, y cerca de un millón y medio de personas en el Israel reconocido internacionalmente.

El principal problema que emana de ello es que subordina implícitamente la naturaleza democrática del país al carácter judío de este. Para algunos, la nueva ley es una consecuencia natural de la victoria de Israel en 1967 sobre los vecinos que se oponen a su existencia, salvaguardando al pueblo judío dentro de las fronteras y las leyes que los ponen en primer lugar. Para otros, no obstante, es un paso adelante en el camino profetizado de Ben-Gurion: de la ocupación a un conflicto sin fin que corroería la democracia desde adentro, poniendo en peligro su carácter nacional.

Dicho Estado no necesita dar un respaldo a la mayoría judía del país para promover su carácter, pero sí lo requiere para discriminar a los no judíos, para privar a las minorías de la aspiración a una identidad y, a su vez, argumentar a favor de mayores privilegios, subsidios y derechos de hebreos. Lo que subyace a esto es un pensamiento tóxico: que la arbitrariedad se puede justificar de acuerdo a los intereses nacionales. Esto refleja un Israel temeroso de las diferencias, con miedo a un equilibrio geopolítico y demográfico que coloque a los árabes en una posición preponderante, y, por lo tanto, como una nación débil, desconfiada y no cohesionada.

Es significativo que esta idea haya tenido resistencias importantes en la diáspora judía como en la sociedad civil israelí, sin embargo, Netanyahu y su partido Likud persistieron con esta línea junto a las facciones políticas más duras. Esta ley justamente destaca la vigencia del nacionalismo y el populismo, combinación que ha ganado en serie las últimas elecciones en dicho país, siendo señera la visita de Viktor Orbán -líder de extrema derecha de Hungría- justo después de la aprobación de este proyecto.

Por tanto, la tensión entre democracia e identidad cruza esta situación política, que se expresa en la forma en cómo la ocupación israelí de los territorios palestinos incorporaría a los no judíos dentro de esta nación abiertamente judía, algo que los primeros líderes israelíes, recordando el Holocausto, se sentían obligados a proteger. Tony Judt señalo por 2003 que la idea de un Israel con una firme identidad judía era un anacronismo, sin embargo, a la luz del tiempo, pareciera que antes que hacer notar el declive del nacionalismo, fue más bien un precursor de lo que ocurriría.

Ahora, en cualquier caso, Israel no es una democracia para todos sus habitantes. Controla con registros de población los territorios ocupados, mantiene un muro de concreto kilométrico en su auto designada frontera, sostiene un complejo sistema de regulación de permisos para movimientos y desplazamientos dentro y fuera de Cisjordania, decide donde pueden construir los palestinos, entre otras cosas. No encaja la situación de Israel de dominio sobre otro pueblo e indiferencia en sus derechos con una historia de sufrimientos y persecuciones como la del pueblo judío.

En ese sentido, la controversial medida del Parlamento israelí se enmarca en varias acciones desconcertantes en dicho país. El mismo Congreso bloqueó la posibilidad de que grupos críticos del país (como Breaking the Silence) den charlas en las escuelas. Luego, se decidió que los palestinos no puedan acceder a la Corte Suprema israelí en casos de disputas por tierras en Cisjordania. A su vez, se vio una nueva ofensiva del Ejército israelí en el territorio de Gaza ante el desarrollo de protestas en la frontera, todo lo anterior en unas semanas.

Por último, cabe hacerse dos preguntas. La primera es si habría tenido la osadía de promover esto Israel si no tuvieran el beneplácito de Estados Unidos La respuesta, casi con seguridad, es que no, lo que pone en la balanza la responsabilidad del gobierno republicano de Trump, tanto por acción como por omisión, en poner atajo a los desbandes de sus aliados -aunque esto suene irrisorio-. Y la segunda es si la promulgación de esta ley tiene que ver con que Israel no tiene ninguna intención de abandonar Cisjordania y llegar a la fórmula de los dos Estados. Hasta ahora, los partidos israelíes de izquierda planteaban que la ocupación era insostenible en el tiempo, sin embargo, para la derecha -con un contexto internacional tendiente a lo autoritario- promover la situación colonial sobre Palestina como “la” solución, así como la anexión de dichos territorios, ya no suena distante. En cualquier caso, con el avance de esta agenda se amplifican las peores tendencias políticas y se cimentan pasos perniciosos para la democracia israelí, cuando unas nuevas elecciones están a la vuelta.