Los detalles de la inédita querella que apunta al fiscal Chiffelle y a la PDI por ocultar información en caso Luchsinger Mackay
El 21 de mayo de 2013, el oficial Ricardo Villegas, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales -la policía especializada de la PDI- lideraba al equipo que investigaba la muerte del cabo Hugo Albornoz. Ese fue el primer momento en que el nombre de José Manuel Peralino Huinca se llevó su atención.
Una interceptación telefónica realizada por la unidad de Villegas identificó al joven mapuche como el autor de una conversación relativa al derribamiento de una antena en el cerro Rahue, comuna de Padre de Las Casas, La Araucanía.
Ricardo Villegas declaró en el juicio oral por el caso Luchsinger Mackay que "esos ante antecedentes revestían interés criminalístico", por lo que el Ministerio Público inició una investigación paralela.
El 29 de mayo, oficiales de la PDI le tomaron fotografías a Peralino en el terminal de buses de Collipulli, según consta en el Informe Policial N° 394 del 11 de diciembre de 2013. Ese mismo día, sin embargo, el fiscal Alberto Chiffelle firmó la resolución de cierre de la investigación.
En otro informe policial, suscrito por el mismo Villegas, asegura que los antecedentes respecto de la antena del cerro Rahue "carecen de veracidad, tratándose solo de una conversación en la que trata de impresionar a su pareja Joselyn Llanca".
Cinco años después, Peralino Huinca fue condenado, junto a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, como autores materiales del incendio terrorista que terminó con la vida de Werner Luchsinger y Vivian Mackay en enero de 2013. Pero la historia no termina ahí.
Querella criminal
Contra Alberto Chiffelle Márquez -fiscal local de Temuco- por obstrucción a la investigación y en contra de Iván Rubilar Acevedo y Claudio Leiro Marambio -ambos oficiales de la PDI por falso testimonio.
Esos son los delitos que imputa José Tralcal Coche a los tres actores claves en su condena. El juicio oral -segundo del caso, después de que la Corte de Apelaciones de Temuco anulara el primero que absolvió a todos los acusados- se desarrolló entre el 26 de febrero y el 5 de mayo de este año.
La razón es que la defensa de Tralcal, el abogado Sebastián Saavedra del Cidsur, recién tomó conocimiento de los antecedentes de la causa de la antena del cerro Rahue después de conocida la sentencia que condenó a su representado, el 12 de junio de 2018. Y según la querella ingresada hoy al Juzgado de Garantía de Temuco, esos documentos contienen antecedentes claves que pueden, incluso, hacer caer la condena con el recurso de nulidad que ya fue ingresado a la Corte Suprema.
La querella apunta a dos contradicciones claves en las pruebas que fueron ocultadas a la defensa y fija los focos sobre Alberto Chiffelle como jefe de la investigación del caso Luchsinger, por faltar a su responsabilidad de entregar los antecedentes a las defensas, lo que constituiría una grave infracción en su rol.
El primer punto conflictivo tiene que ver con números telefónicos. Según reportó este medio hace un mes, los tres jueces del Tribunal Oral en Lo Penal que condenaron a los comuneros mapuche -la primera de carácter terrorista en años- descansaron su argumentación en un peritaje de análisis telefónico entre los tres condenados y el machi Celestino Córdova. Específicamente, más de 100 intercambios telefónicos entre José Tralcal Coche y José Peralino Huinca -incluido uno del 3 de enero a las 18 horas- y más de 10 entre Luis Tralcal Quidel y Córdova.
El peritaje analizó nueve números asociados a José Peralino Huinca, tomados de la base de datos de la Bipe de Temuco y los jueces acreditaron el intercambio telefónico pese a un oficio de Movistar que dice los números no corresponden ni están ligados a Peralino. El único número acreditado que ha correspondido al comunero es el que fue interceptado en 2013 en la investigación del cabo Albornoz. Y ese número no fue analizado por Iván Rubilar, el perito a cargo del análisis.
En juicio, Rubilar -junto al oficial Claudio Leiro- aseguraron que no se analizó ese número porque comenzó a ser utilizado después del incendio en el fundo de los Luchsinger. Sin embargo, los antecedentes de la otra causa que ligaba a Peralino, la del cerro Rahue, contradijeron esos dichos, pues el número -el único comprobado que perteneció al comunero mapuche- tuvo actividad desde 2012 hasta 2014.
El otro punto que resalta la querella como eventual delito del fiscal Chiffelle tiene que ver con el seguimiento que le realizó la PDI a José Peralino.
Entre los antecedentes de dicha causa se da cuenta cómo Peralino fue investigado y fotografiado por oficiales de la policía especializada junto a su polola. Es en ese contexto que es llevado a declarar y donde entrega los antecedentes que inician la investigación contra él y los otros 10 imputados del caso Luchsinger Mackay, el 8 de noviembre de 2013.
"Todas estas actividades fueron desconocidas para la defensa durante toda la investigación, y por cierto durante el juicio oral, impidiendo a la defensa contar con antecedentes relevantes para efectuar un correcto contraexamen y control de la información que fue introducida a juicio", argumenta Sebastián Saavedra en la querella.
El defensor apunta a que Peralino tuvo la calidad de imputado durante esa investigación donde se produce la declaración clave. Y es de ese testimonio del cual el propio comunero se desdijo después, argumentando que fue torturado, presionado y amenazado por los oficiales Leiro y Vilches de la PDI a acusar a los 10 que fueron llevados a juicio.
La declaración clave, entregada al propio fiscal Chiffelle en presencia de los oficiales de la PDI, fue sin abogado defensor para Peralino. Esto, según las defensas de los condenados, corresponde a una grave infracción de garantías de su derecho como persona investigada, cuestión que, de comprobarse, afectaría la credibilidad de su testimonio y con ella la principal base de la sentencia a cadena perpetua contra José y Luis Tralcal.
La querella apunta a la responsabilidad de Chiffelle en esconder estos antecedentes y los oficiales Leiro y Rubilar en derechamente entregar falso testimonio.
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