Desde el retorno a la democracia, hace ya 28 años, persiste en nuestro país una marcada subordinación de los pueblos indígenas que limita y obstruye las posibilidades de ser protagonistas de su propio desarrollo.

Son muchas las promesas incumplidas que siguen lesionando la dignidad de las comunidades. Desde el “Acuerdo de Nueva Imperial” la democracia en Chile no ha sabido ni ha intentado construir, de manera consistente, una relación entre el Estado y los pueblos en base a una República que reconozca políticamente identidades y plenos derechos.

El gran error de la izquierda y el centro, primero fue entender y reducir la demanda de los pueblos indígenas y en especial del pueblo mapuche sólo a políticas de focalización y pobreza, no abordando una justa exigencia de reconocimiento e incidencia.

El segundo gran error, con consecuencia aún indeterminadas, fue ser pasiva, asimilarse y no develar la política de racismo y estigmatización de la derecha hacia el pueblo mapuche, sentando las bases para una estrategia orientada a la persecución y negación de la demanda territorial.

En el presente, el Presidente Piñera da un paso más en este esfuerzo persistente por militarizar La Araucanía. Si en su primer gobierno no pudo establecer un vínculo real entre la otrora guerrilla de las FARC y las organizaciones mapuches, hoy busca convertir la región en una zona de guerra, con miras a un Estado de Excepción. La existencia de un "Comando Jungla" de Carabineros, formado en tácticas anti-guerrilla en Colombia, con uso de armamento bélico y operando en la zona rural, es un acontecimiento que se presenta tan delirante, y más grave, como la Operación Huracán y todo el montaje propiciado por carabineros para inculpar con pruebas falsas a comuneros mapuches.

De igual manera, es obsceno y refleja ausencia de prioridades sociales invertir tanto dinero en tanquetas y no en el incremento y mejoramiento de políticas sociales, en una región donde la pobreza se acentúa.

Es evidente y curioso que los hechos violentos hayan disminuido en frecuencia e intensidad con la asunción del gobierno de derecha y la pregunta sobre a quién le resulta funcional la violencia no puede ser soslayada. Por lo mismo, así como no es creíble que exista una organización militar indigenista que pueda sostener actos violentos en el tiempo, tampoco puede ser creíble la necesidad de un comando contrainsurgente en nuestro país. El riesgo de que se instale una versión actualizada de la Escuela de las Américas en Chile es altísimo. 

Qué se persigue entonces con esta política militarizante: Limitar e idealmente anular la restitución de tierras usurpadas para el pueblo mapuche, como así también debilitar la institucionalidad de derechos internacionales que Chile ha venido incorporando, como el Convenio 169 de la OIT.

Así, la política impulsada por el Presidente Piñera niega el crecimiento que ha experimentado los pueblos indígenas; hoy de acuerdo al CENSO 2017, representan el 12,8% de la población de Chile, es decir, 2.185.792 personas, tres puntos más que hace algunos años; porcentaje y número que se ha ido incrementando conforme la identidad indígena se vitaliza.

De esta manera, la solución política expresada en la idea de una República Inclusiva, que reconozca derechos políticos, sociales, culturales y económicos debe anteponerse a la criminalización de la demanda de los pueblos y debe ser un elemento central en el plano programático para la discusión de la Izquierda y el Centro. Postergar definiciones estratégicas puede ser uno de los gérmenes del deterioro de nuestra democracia, con consecuencias devastadoras para los derechos de las comunidades.