El pasado miércoles 20 de junio asistí a la actividad agendada por la subsecretaria de previsión del delito, Katherine Martorell Awad en la gobernación provincial a fin de infórmales a los alcaldes de las distintas comunas de la región respecto a un “nuevo y novedoso” modelo de plan anti delincuencia.

Como imaginaremos, nada nuevo bajo el sol, salvo el cambio de nombre a “STOP” (Sistema Táctico Operativo Policial) a una política fracasada por el Estado y en la cual pesa la falta de inteligencia entre el gobierno o las policías o bien una falta de voluntad para terminar con una problemática social nacida en dictadura y fortalecida por el modelo.

Amparados en los críticos índices de “sensación de inseguridad”, el nuevo gobierno pretende hacerle frente a este dilema en un acto perfomático nacido desde sus propias filas desde sus relatos cosistas y alarmistas en el cual, apoyado por sus plataformas mediáticas (canales de televisión, radios, personajes públicos y discursos públicos), dieron a cada habitante de Chile la certeza de que nos encontramos en un país con las mismas tazas delincuenciales de Burundi, Eritrea y Papúa Nueva Guinea.

A la anterior sensación fatalista, se suma la “falta de control” policial” y la necesidad de bajar la edad penal hasta 13 años, a lo cual se suma la urgencia de contemplar la pena de muerte por parte de la opinión pública a quienes cometen determinados delitos. Es esta misma opinión pública la que justifica estas medidas en pos de una sensación de bienestar, pese a que los delitos cometidos –que sin duda existen- en comparación con países latinoamericanos son inferiores.

Ahora bien, al parecer quienes dirigen las políticas nacionales, sobretodo, la clase dirigente formada en dictadura y perfeccionada por los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría obviaron el principio fundamental de seguridad basado en la sociabilidad y utilización de los espacios públicos  como centros de reunión, convivencia y formación  de ciudadanos, elementos fundamentales para la construcción de sociedades sanas y con profundidad democrática.

Fue durante los ochentas, tras la dictadura de Augusto Pinochet donde se implementó la dialéctica contradictoria entre Estado y la adaptación por medio del uso de la fuerza desmedida de un modelo neoliberal de escala mayor, donde los mencionados principios, pilares básicos dentro del concepto de sensación de seguridad, fueron violados y destruidos sistemáticamente en sus centros vitales de acción, desde la industria y su cultura identitaria, hasta los barrios y sus identidades de base, lo cual determinó una nueva socialización basada en aspectos exógenos influenciados dramáticamente en la capacidad de consumo y en uso de productos como socializantes atomizadores.

En conjunto con ello se suma el criminal acto estatal de la dictadura de Pinochet de instalar de manera descarada el narcotráfico dentro de las poblaciones históricas de Chile, condenando a muchas comunidades organizadas de Chile a una miseria que hasta ahora daña nuestra riqueza nacional e identitaria a través de la droga.

Es ese flagelo el que abordado desde una perspectiva postmoderna donde el Estado Subsidiario creado en dictadura y fortalecido en los 90´s bajo una equivoca definición de Estado de Bienestar, propone métodos de inclusión social basados en políticas atomizadas dirigidas desde el ejecutivo y ejecutada por privados disfrazados de ONGs para recuperar la identidad en los barrios.

Esto llevó a que millones de pesos destinados a este propósito fueran destinados a planes sociales hechos desde Santiago, obviamente con apoyo de privados, donde la inclusión social, entendida como una vana aritmética de sumar por sumar, se transformó en el tiro de gracia para las identidades barriales nacidas por el trabajo comunitario y mantenidas en el relato y en la memoria histórica de sus habitantes.

Así entre ruidosos tambores y escandalosas batucadas, los recursos destinados a la recuperación de los espacios fueron desperdiciados, afectando a los barrios y hundiéndolos más en el anonimato en un devenir vacío y laxo junto a sus dirigencias y su riqueza basada en la memoria y en la historia; lo cual es tierra fértil para el narco.

Todo lo anterior se suma a estas nuevas políticas estatales comunicadas bajo la lógica del marketing político emocional, donde el nombre prima más que el contenido.

Otro punto abordar es la relación directa –obvia al parecer- entre sensación de inseguridad y las ganancias para empresas dedicadas al rubro, sólo por dar un número, el gasto privado en seguridad entre 2013 hasta el 2015 subió en un 14% en sólo dos años, lo cual si se proyecta a 2018, los números aumentarían considerablemente. Esto, más que ser un dato antojadizo, indica que el concepto instalado de sensación de seguridad posee dos matices: uno discursivo y el otro económico, pero en ningún caso proactivo o de intención de política pública para acabar con el principio mismo del concepto: La delincuencia.

Pacos, Stop o la responsabilidad de la comunidad

Tras los últimos sucesos provocados por Carabineros de Chile durante los últimos años y que constituyen sin lugar a dudas, los delitos más escandalosos de una institución pública en la historia de Chile, el Estado desde sus poderes legislativos y ejecutivos han tratado de tapar o más bien desestimar el daño que la policía uniformada le ha hecho a la nación chilena con su altos estándares de corrupción por casos como el pacogate, caso huracán, robo de armas al interior de carabineros, policías uniformados involucrados con narcos y otros tantos que día a día aparecen como noticias breves, pero constituyen hechos gravísimos que quizás en otro país marcarían la agenda a nivel mundial dado a su gravedad.

La utilización de recursos informativos por parte del estado como la victimización de carabineros, acompañado por la virilización en redes sociales de una campaña que enlaza la muerte de uniformados con sucesos ocurridos en marchas organizadas la sociedad civil, han llevado a crear en la opinión pública una polarización orquestada que enfrenta vertientes nacidas desde la visceralidad pinochetista hasta la laxa posición izquierdista para tratar temas de seguridad, argumentando por un lado políticas represivas como las utilizadas por Pinochet y por otro la utilización de mecanismos sociales sui generis de corte posmoderno.

La pregunta entonces cae de cajón y cuál es el papel que juega el estado frente a estas situaciones.

Una pregunta que al parecer es obvia, pero que a la luz de muchos acontecimientos y al rol concreto que este juega, se transforma en un fenómeno complejo de evaluar, sobre todo considerando que las políticas de seguridad por parte del gobierno se basan en disminuir la sensación de inseguridad y no de atacar el problema principal que es acto delictivo en si.

Con programas como el STOP! el gobierno pretende realizar un  “nuevo” sistema integral de prevención del delito, derivando las responsabilidades –nuevamente- a un trabajo mancomunado entre los diferentes actores que componen la sociedad.- Si suena parecido a anuncios anteriores, es simplemente porque no hay nada nuevo bajo el sol, y porque consultada la subsecretaria de previsión del delito, Katherine Martorell Awad, en su visita a Concepción respecto a si existía un trabajo de inteligencia entre el Gobierno de Chile y Carabineros para prevenir delitos o bien tener conocimientos sobre bandas organizadas de narcoscriminales, la respuesta fue insuficiente.

Tan insuficiente y escandaloso como la nula reacción del gobierno para referirse a las responsabilidad respecto a la pérdida, confirmada por Contraloría, de armamento e insumo policial que sospechosamente han sido descubiertas por bandas de criminales. Sólo para argumentar, el lamentable asesinato del cabo Óscar Galindo Saravia (29), fue cometido con una sub ametralladora UZI, arma la cual es de uso exclusivo de Carabineros de Chile y cuyo control se presume exhaustivo.

Oportunidad desde la izquierda

Lo argumentado anteriormente, exige desde la izquierda un nuevo campo de acción basado en hechos que denuncien dentro de la opinión pública la ineficaz política gubernamental para trabajar respecto a la delincuencia. En ese sentido se hace primordial abordar esta temática que afecta a miles de chilenos en establecer una guía política y programática que aumente las penas para delitos de tráfico de drogas y otra que asegure una recuperación integral a las víctimas de estos criminales como drogadictos, comunidad reclutada y menores con consumo reciente.

Lo anterior en la lógica de determinar que es el narco el principal fenómeno delictivo que en la actualidad tiene a los barrios sumergidos en las más bajas miserias y por ser, por definición, el principal impulsor del modelo económico imperante dentro de la marginalidad, lo cual significa que al ser el tráfico una actividad lucrativa, también permeabiliza las dimensiones estructurales de quien rodea el mundo de la droga, fortaleciendo así la necesidad de consumo, de dinero y de estatus social a fin de conseguir la tan anhelada aspiracionalidad.

En ese sentido, se debe exigir al corpo estatal acciones que conlleven una profunda auditoria pública a las policías a fin de establecer una restructuración de parte de Carabineros y PDI, además de intervenir los barrios afectados con más y mejor infraestructura con políticas que –a diferencia de lo hecho en los 90´s apunten a la recuperación de la memoria histórica de los sectores y que incluyan en los niños y jóvenes una participación activa.

Esto a juicio de quien escribe este documento se debe hacer desde una política de estado que resguarde los talentos propios que se esconden en nuestros barrios, donde existen poetas, músicos, fotógrafos, cineastas, bailarines, artesanos y muchos otros talentos que potenciando sus habilidades y dándoles visualización en la opinión pública es posible recuperar esas identidades a través del trabajo público.

Para ello es vital que el relato público desde nuestra organización sea claro respecto a nuestras políticas de estado y a los cambios estructurales que apuntamos, más allá de las coyunturas. En  resumen, dar respuestas desde nuestra vereda a las demandas que hoy exige el pueblo chileno, a través de un trabajo destinado hacia un Chile Socialista y Popular.