Desde hace años estamos criticando al sector inmobiliario y a la propia institucionalidad dirigida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y en los tiempos actuales, gobierno de Piñera, debemos tener presente que se requiere de una completa reingeniería al interior de ese ministerio para mejorar sustantivamente las normas con énfasis en que la generación de instrucciones a nivel nacional de su División de Desarrollo Urbano (DDU) sean muy claras para evitar las sempiternas “equivocaciones” que favorecen a algunos de los actores del mercado.

Las exigencias a las inmobiliarias deben ser las mismas y los funcionarios que se desempeñan en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) deben capacitarse permanentemente para ir terminando con los permisos de edificación mal otorgados, vicios detectados siempre por las comunidades organizadas de la sociedad civil, algunas veces unidas con concejalas comprometidas con la probidad, caso de Ñuñoa. Sabemos que la Contraloría General de la República (CGR) ha tratado de ordenar y mantener el Estado de Derecho, sin embargo, si las normas urbanas no son bien elaboradas por los que detentan el poder político continuaremos con proyectos de construcción que son declarados ilegales por la Contraloría o por los tribunales de Justicia.

La institucionalidad sectorial tiene nula presencia y liderazgo, y por ello existe tanta corrupción. Las DOM,s de una infinidad de municipalidades actúan como se les ocurre, según la influencia de cada solicitante de permisos de edificación y lo que ha sucedido en Estación Central, Las Condes, Providencia, Peñalolén, La Reina, Ñuñoa, Curicó, Viña del Mar, Valparaiso, Concón, Santiago, La Serena, Lo Barnechea, Pudahuel, Puchuncaví, Quintero, por nombrar algunas localidades, es fruto de la indolencia compartida por los agentes públicos y los actores privados. De una u otra forma, muchos municipios se han convertido en verdaderos pueblos sin ley, tipo far west.

La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) delega en la mencionada DDU del Minvu importantes funciones, fijándole sus facultades y una estructura orgánica. Respecto de sus facultades están todas las relacionadas con las normas que regulan la elaboración de los planes reguladores y también las referidas a proponer las modificaciones de las disposiciones de la propia LGUC, de su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, como también la elaboración de circulares para la correcta aplicación de los 3 estatutos antes indicados. Las circulares de esa DDU son de alcance nacional, deben tratar solo asuntos generales y son dirigidas a ciertas instituciones públicas y privadas. Entre sus destinatarios no se encuentran las organizaciones civiles por la sencilla de que el Minvu tiene solo como contraparte a quienes se desenvuelven en el negocio inmobiliario.

Tales circulares son obligatorias para las Direcciones de Obras Municipales, en lo relativo a las normas que rigen a los certificados de informaciones previas, anteproyectos, los permisos de edificación, recepciones finales de obras y la auténtica aplicación e interpretación de los Planes Reguladores Comunales, Planes Intercomunales y Metropolitanos.

Por lo anterior se esperaría que el profesional que dirija a esta importante DDU del Minvu sea alguien que debiera tener un conocimiento acabado de la materia y que demuestre en los hechos un liderazgo en el ejercicio del cargo. Esa persona debiera conocer muy bien todas las normas técnico urbanística para asumir tal responsabilidad pública, ya que sus pronunciamientos son esenciales para que los Directores de Obras Municipales no sigan con una aplicación tan laxa de la normativa urbana.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que el ministro Cristián Monckeberg haya designado como nueva jefa de la DDU a la arquitecta originaria de Temuco, Paz Serra, una profesional con escaso conocimiento y experiencia en la normativa urbana, quien años atrás, como Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía, cometió el grave despropósito de arrepentirse de una correcta decisión previa que había adoptado respecto a un permiso de edificación viciado otorgado por el DOM de Temuco: ella recibió indebidas presiones del nivel central y como consecuencia de ello, sobre un pasaje, llamado Callejón Massmann, se construyó un edificio de 12 pisos, en circunstancias que la altura máxima permitida, según la OGUC, eran y son 2 pisos más mansarda.

Actualmente, la funcionaria Serra, como no se maneja con la necesaria competencia, creó al margen de la estructura orgánica ministerial una Comisión conformada por 5 abogados, un arquitecto y un geógrafo para que revisen todos los pronunciamientos que ella tenga que ponerle su rúbrica, es decir, nadie en su sano juicio puede entender que la persona que asume una función en la Administración del Estado, tenga que contratar a 7 profesionales para que en conjunto le “hagan la pega” : un nuevo récord Guinness. Luego, el rol que la ley le otorga solo a una persona es ejercido colectivamente con el consiguiente despilfarro de recursos monetarios fiscales. Piñera nos repite majaderamente que su gobierno es “de los mejores” y por ello le preguntamos al presidente ¿no habrá dentro de los partidos políticos que lo acompañan en su misión un profesional idóneo para ese cargo? Los hay y conocemos a varios de primer nivel.

Llama la atención que la Jefa de la mentada DDU, Paz Serra, haya contratado recientemente al geógrafo Javier Wood como un “nuevo miembro” de la exclusiva comisión, a sabiendas que este profesional en un gobierno de la Concertación o Nueva Mayoría ya había ejercido la jefatura de dicha DDU. Curiosamente Wood conoció muy bien el luctuoso episodio del callejón Massmann, el cual oportunamente lo denunciamos en el Ministerio Público, sin que el Fiscal Regional de Temuco se tomara la molestia de investigar.

Como guinda de la torta, con motivo del otorgamiento de un permiso de edificación ilegal -Nº 16.060 del 08/06/16- por parte del DOM de Santiago para que una empresa construyera un hotel en la calle Agustinas 718-720, caso que la Contraloría en varios dictámenes, como era su deber, ordenó la invalidación del mismo, lo que no ha ocurrido a esta fecha, la novata DDU demostrando su ingenuidad ofició a la municipalidad de Santiago que se debían respetar los derechos adquiridos del privado (sic), informándole además a la Contraloría que la DDU estaba en desacuerdo con sus dictámenes, luego sin percatarse que su obligación como funcionaria pública es acatar sin chistar las resoluciones del ente fiscalizador.

Estaremos atentos a las próximas decisiones de tan curiosa DDU pues, a pesar de lo denunciado en esta columna de opinión, todo seguirá igual en el Minvu para desgracia de aquellos que se relacionan con el sector de Vivienda y Urbanismo.