Durante la mañana de este martes, la Corte Suprema confirmó de forma unánime la sanción por 25 mil UF ($678 millones) que la Superintendencia de Valores (SVS) impuso al ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, en el marco del proceso judicial por el escándalo por repactaciones unilaterales a clientes de la empresa.

De este modo, el máximo tribunal dejó sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones que, en abril de 2017, anuló la multa y con esta decisión a Alcalde no le queda otro camino que pagar la multa. Con ello, se cierra el último capítulo de la historia protagonizada por un grupo de gerentes inescrupulosos que engañaron a clientes, accionistas, directores, autoridades e instituciones con el fin de enriquecerse a niveles desmedidos.

"Esta sentencia es un gran triunfo para el Estado, porque el fraude de La Polar es uno de los más grandes de la historia económica chilena. Después de algunos fallos contrarios en el Tribunal Constitucional en los juicios de las Cascadas que declaró inconstitucional la forma de fijar el monto de las multas (a Roberto Guzmán Lyon, León Vial, Julio Ponce), celebramos este fallo", afirmó a La Segunda el abogado Raúl Letelier, consejero del Consejo de Defensa del Estado (CD), quien alegó esta causa en representación de la SVS.

Alcalde –quien fue gerente general entre 1999 y 2009 y presidente de La Polar hasta junio de 2011– fue sancionado como el principal responsable del escándalo financiero, y en lo específico, por infringir los artículos A y F de la Ley de Mercado de Valores, que se refieren aquellos directivos que maliciosamente proporcionen información falsa al ente regulador, bolsas y al público en general.

"Alcalde era el director de la orquesta, el jefe del equipo que falsificó los balances, al no provisionar los créditos malos de los clientes. Escondieron las pérdidas, renegociando unilateralmente a un millón de personas. En promedio, fueron 13 veces a cada una", explicó César Barros, quien asumió la presidencia de La Polar cuando Alcalde renunció el 28 de junio de 2011, después de admitir que incurrió en "prácticas no autorizadas".

El monto del fraude alcanzó los US$1.000 millones y afectó a los bancos que habían otorgado préstamos y AFP que habían comprado bonos de la multitienda y a los accionistas. Las deudas equivalentes a los bonos, que se renegociaron a 110 años, ascendían a unos US$800 millones.

En 2015, Pablo Alcalde fue condenado en la arista penal del caso a cinco años de libertad vigilada y a una multa de 20 UTM (900 mil) luego de reconocer su participación en los delitos de entrega de información falsa al mercado, lavado de dinero y entrega de declaración maliciosamente falsa. A esa condena se le descontó el tiempo que estuvo preso en el anexo Capitán Yáber (118 días).