En su columna “Providencia se parece a Ñuñoa en corrupción inmobiliaria”, publicada por este mismo medio, el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Sr. Patricio Herman, señala que “las instituciones administrativas del Estado están cooptadas por el poder fáctico de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), poderosa asociación gremial empresarial que hace lo que quiere para que sus dilectos miembros obtengan, vía engaños a la fe pública, mayores ganancias en sus proyectos de inversión”.

Esta y otras afirmaciones vertidas en la citada columna faltan a la verdad y ofenden gravemente tanto a nuestro gremio como a la industria inmobiliaria en general, lo que rechazamos de plano.

La fundación Defendamos la Ciudad ha hecho un aporte valioso –como creemos que también lo ha hecho la CChC– en visibilizar las temáticas urbanas y generar un necesario debate al respecto. Sin embargo, hace un profundo daño a su propia causa, y a la causa compartida de lograr ciudades con mejor calidad de vida, cuando opta por esgrimir teorías conspirativas inexistentes y acusaciones sin ningún fundamento.

Es cierto que nuestro gremio, cumpliendo con su misión institucional, ha tenido históricamente un rol activo en la generación de políticas públicas asociadas al desarrollo urbano. Y nos sentimos orgullosos de ello, puesto que lo hemos hecho con trabajo constante y de calidad. Así como con transparencia –cumpliendo escrupulosamente con las exigencias legales– y aportando a la discusión pública análisis y estudios de primer nivel, formulando propuestas, organizando encuentros y seminarios abiertos a toda la comunidad y participando en todas las instancias, tanto públicas como privadas, a las cuales somos invitados.

No eludimos el debate ni el intercambio de opiniones. Pero respetamos y exigimos respeto, pues jamás ofendemos ni descalificamos a nuestros contradictores. Creemos en la fuerza de las ideas y de los argumentos y no en las descalificaciones ni en las agresiones.

Y por cierto que también estamos orgullos de la industria inmobiliaria que representamos. Tal como lo hemos sostenido en otras oportunidades, esta tiene mucho que mejorar en distintas materias y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a ello. Sin embargo, conocemos a las personas que están detrás de cada empresa y somos testigos de la rigurosa labor que llevan a cabo de Arica a Magallanes para construir proyectos que cumplan con las leyes, sus reglamentos e instrumentos de planificación.

Cuando se generaliza y se trata de caricaturizar a toda una industria, como en la mencionada columna, no solo se descalifica gratuitamente a cada uno de sus integrantes, sino que no se contribuye en nada a identificar eventuales problemáticas ni menos a buscarles caminos de solución, que a fin de cuentas aporten al bien común.

Como gremio, no construimos proyectos ni representamos casos particulares, pero, así como pedimos a nuestros socios el pleno cumplimiento de la ley, también esperamos que las instituciones funcionen de acuerdo al marco legal vigente o que este se modifique cuando ya no sea apto para responder a las actuales dinámicas de las ciudades.

Al respecto, cabe señalar que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República al que hace referencia la columna demuestra –una vez más– la existencia de múltiples áreas grises en nuestro ordenamiento jurídico urbano, las que requieren ser eliminadas, pues resulta totalmente inconveniente que, por ejemplo, un Plan Regulador Comunal difiera de lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Este es un factor que atenta contra la necesaria certeza jurídica con la que deben contar no solo anteproyectos y permisos de edificación –sobre los cuales se sustenta toda la actividad inmobiliaria, desde la construcción hasta la adquisición de un inmueble–, sino también las autoridades y la comunidad. Más certeza jurídica es más reglas claras para todos.

Esperamos que la Fundación Defendamos la Ciudad siga siendo un actor relevante en materia de desarrollo urbano, atendiendo los principios más elementales de la sana convivencia. Por nuestra parte, seguiremos trabajando con quienes estén dispuestos a hacerlo con respeto y altura de miras. El desafío de darle un desarrollo sostenible a nuestras ciudades demanda del esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad civil y el sector privado. Solo así las persona y las familias de todos los sectores socioeconómicos que habitan nuestro país podrán ver ampliadas sus posibilidades de acceder a una vivienda y cumplir el anhelo de la casa propia.