En España, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desmontado el relato y la carga acusatoria que en noviembre de 2016 llevó a la juez Carmen Lamela a considerar, en su auto de procesamiento, que los miembros del grupo anarquista vegano madrileño Straight Edge (SXE), seis jóvenes de entre 19 y 23 años detenidos en 2015 por la Policía Nacional en la operación Ice, constituían un comando terrorista que almacenaba explosivos y habría atacado sucursales bancarias, con posibles delitos que sumaban hasta 35 años de cárcel.

Fue una controvertida argumentación por su interpretación del delito de terrorismo, el nuevo artículo 573 del Código Penal español, que puede englobar cualquier hecho violento al que se le atribuya la intención de subvertir el orden institucional. También porque, según informa El País, el sumario se basaba en escasas y dudosas pruebas, como la de tomar como indicio de explosivos simples productos de limpieza y hasta caldo de lombarda hallados en casa de algunos de los acusados. Uno de los detenidos, Juan Manuel Bustamante Vergara, de 27 años, alias Nahuel, pasó un año y cuatro meses en prisión.

Ahora, según el escrito del fiscal, el ministerio público no considera acreditados los ataques a bancos ni los explosivos y deja la acusación en una petición de dos años por enaltecimiento de terrorismo en los tuits y vídeos que el grupo divulgó en redes sociales. La acusación particular, una entidad bancaria afectada por uno de los ataques, se ha retirado.

La acusación de propaganda con presuntos fines terroristas en redes sociales, que finalmente es el único cargo que ha permanecido en pie, también fue polémica. Eran un total de 12 mensajes de la web del colectivo SXE y 19 tuits de su cuenta de Twitter, que el fiscal recoge prácticamente al completo en su escrito. La mayoría son consignas genéricas, las habituales de círculos anarquistas contra el Estado. Lo más concreto son llamamientos retóricos a quemar bancos del estilo “Arderán vuestros cajeros”, “Muerte al capital” o “Capitalismo asesino”. Pero el fiscal también incluye en la lista un tuit que simplemente cita a un famoso personaje de manga de Dragon Ball ("Goku vive, la lucha sigue") y otro cuya principal amenaza es la cita de un célebre filósofo de la Escuela de Frankfurt: “El día 14 de mayo de 2014, junto a una cita de Herbert Marcuse relativa a la necesidad de cambiar la voluntad de una sociedad que ha logrado tener lo que quiere, se publica la fotografía de un individuo con la cara tapada con un pañuelo y un cartel en blanco en el que se lee STRAIGHT XXX EDGE”. El hecho de que algunos de estos mensajes estuvieran acompañados de fotografías de sucursales bancarias atacadas fue una de las pruebas para acusarles de haber sido los autores de esas agresiones, ahora desestimadas.

Otras frases tuiteadas que cita el fiscal para justificar la acusación de enaltecimiento del terrorismo son “#HazFelizAAlguien y revienta bancos que nos sobran piedras, correr es gratis y la policía estará en el centro cuidando borrachxs”, o este otro escrito en la Nochevieja de 2014: “#Para2015Quiero que los petardos, cohetes y baterías sean usados para la autodefensa contra la represión”. O este otro: “Día 24 de marzo de 2014: refiriéndose a la empresa FALKEN S.A, se publica el comentario: ‘Esta empresa es la que provee de material antidisturbios al estado español. Está bien tener en cuenta a qué nos enfrentamos’, junto a una fotografía con el logotipo de dicha empresa”.

Hay otros que se antojan inofensivos, como este tuit: “Día 8 de junio de 2014, publicación del siguiente tuit: ‘ESTAMOS EN EL RASTRO VENDIENDO CAMISETAS’, y la fotografía de camisetas con diversos dibujos y eslóganes como ‘LA RESISTENCIA NO ES VIOLENCIA. ES AUTODEFENSA’”. Otros son más líricos, pero igual de vagos: "Vuestro veneno no quemará nuestro interior. Nuestro interior quemará vuestro veneno. Destruye todas sus mentiras. "XVX", junto a la fotografía de un encapuchado que porta una especie de antorcha.

El escrito de acusación también señala tres vídeos colgados en YouTube que justificarían la violencia contra la policía en manifestaciones o quemar contenedores, y que los investigadores atribuyen al colectivo SXE. El más largo es un documental titulado Bajo la capucha en el que aparece una entrevista a tres individuos que defienden el uso de la violencia con el rostro cubierto y la voz distorsionada. Pese a ello los informes policiales los identifican con tres de los detenidos, con la base de la comparación con las voces grabadas en las escuchas telefónicas. Los otros dos vídeos, Lucha sin miedo y Bloque Negro Introducción, son de entre dos y tres minutos, una sucesión de consignas entre imágenes de protestas, destrozos de bancos y enfrentamientos con la policía, en las movilizaciones del barrio de Gamonal, en Burgos, o en la manifestación Rodea el Congreso, entre otras.

Para Eduardo Gómez, abogado de algunos de los acusados, “se demuestra una vez más que este tipo de operaciones solo buscan desarticular colectivos disidentes y de paso recopilar información para la inteligencia policial”. “El resultado judicial es lo de menos para la policía, porque de hecho todas las operaciones de este tipo han acabado encallando en la Audiencia Nacional por ausencia de pruebas de comisión de delitos”, concluye. "Al final se ha quedado todo en un típico juicio a tuiteros".

Straight Edge, algo así como camino recto, es una tendencia que nace en Estados Unidos en los setenta y toma nombre de una canción con ese título de un grupo de hardcore punk de los ochenta llamado Minor Threat. Nace en los círculos punks y anarquistas como respuesta al abuso de alcohol y drogas predominantes en ese mundo, un puritanismo que en realidad entronca con la tradición original anarquista, que ve en el alcohol una forma más de dominio de las voluntades del capitalismo. A ello unen la dieta vegana, el respeto por los animales y el antiespecismo, es decir, la negación de que haya una especie, la humana, superior a otras. Los miembros del grupo de Madrid se conocieron en torno a las movilizaciones del 15-M, pero se fueron alejando por sus ideas, más radicales. Se consideran antifascistas y libertarios.

La instrucción se retrasó en su fase final por las diligencias para solicitar a Google la identidad de la persona que subió el documental Bajo la capucha a YouTube. A una primera petición, la compañía reaccionó con perplejidad y rogó “clarificar la naturaleza específica de la infracción penal de que se trata y explicar cómo la divulgación de datos asociados con el vídeo se relaciona con la investigación del delito”. A la segunda solicitud nunca llegó a responder.