Una querella por fraude al fisco contra cuatro reos que cumplen condena en Punta Peuco fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La medida legal responde a que los reos están recibiendo pensiones de inutilidad de segunda clase, lo cual es equivalente a la jubilación de invalidez. Sin embargo, ninguno de ellos al ingresar al penal manifestó tener algún tipo de enfermedad.

Según consigna La Tercera, los reclusos "no cumplían ni cumplen con los requisitos para haberse acogido a la pensión de inutilidad de segunda clase que les fue otorgada".

"No tienen, según sus propios dichos, ninguna limitación física o mental que les impida desarrollar alguna actividad laboral en completa normalidad", agrega el documento.

El detalle de las pensiones revela que en conjunto recibieron más de 7 millones de pesos. De esta forma, Enrique Neira recibió 2.605.979 pesos; Patricio Ferrer, 2.161.406 pesos; Jaime Torres, 1.647.687 pesos; y Rubén Fiedler: 1.340.000 pesos.

El Consejo de Defensa también investiga a Emilio Neira Donoso, ex oficial de la CNI, a Patricio Ferrer Ducaud, ex oficial de la Fach y a la ex abogada de Capredena Patricia rivera, quienes también habrían recibido pensiones de invalidez.

La querella también incluye al ex comandante en jefe de la Fach, Patricio Ríos Ponce, y al general en retiro de Brigada Aérea, Patricio Franjola.

Además de esto, el CDE también solicitó a la Fiscalía oficiar a la subsecretaría para las Fuerzas Armadas con el fin de que informe sobre los miembros de la comisión de sanidad que integraron funcionarios de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.

Según el organismo, los diagnósticos que se generaron en esta instancia dieron "origen al otorgamiento de pensiones improcedentes y cuya individualización deberá precisar la presente investigación".

Esta investigación fue desarrollada por la Fiscalía Centro Norte a mediados del 2017 por iniciativa de un abogado particular, quien fue el primero en querellarse en el caso.