Tras escuchar la defensa de Emilio Santelices después de que la Contraloría declarara que el protocolo de objeción de conciencia promovido por el actual gobierno "no se ajusta a derecho", el Frente Amplio decidió seguir adelante con la acusación constitucional contra el ministro de Salud.

Esto significa que, de aprobarse en el Congreso, Santelices sería destituido de su cargo.

Ayer, el órgano contralor le bajó el pulgar al documento, ya que promueve que instituciones privadas con convenios con el Estado puedan declararse objetoras, lo que, en la práctica, reduce el acceso a la despenalización del aborto en tres causales.

Esta mañana, el gobierno respaldó a Santelices en su cargo. "Él cuenta con todo el respaldo del Presidente que es lo que cuenta para ser ministro”, afirmó Andrés Chadwick, ministro de Interior.

El propio Santelices también habló esta mañana y aseguró que los equipos jurídicos del ministerio están trabajando en la elaboración de un nuevo protocolo, en el que, según dijo, recogerán las observaciones hechas por la Contraloría.

Sin embargo, las explicaciones no son suficientes para la bancada del Frente Amplio, que después de la interpelación realizada al propio Santelices hace una semana, ahora procederá con una acusación.

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La acusación constitucional es una figura que existe en la Constitución y que permite que, con la firma de más de diez diputados y menos de veinte, se "acuse" a alguna autoridad de la República por abandono de sus deberes, infringir las leyes o dejarlas sin ejecución. Este último punto es lo que argumentan en la oposición para llevar adelante la iniciativa.

El diputado del Movimiento Autonomista, Diego Ibáñez, confirmó esta mañana la acusación: "No hay ninguna razón para hoy no proceder a acusar constitucionalmente. El ministro ha sido soberbio, no ha reconocido el problema de fondo, que es finalmente abrir la objeción de conciencia institucional a instituciones privadas que reciben fondos públicos".

[caption id="attachment_212096" align="alignnone" width="5243"] Diego Ibáñez[/caption]

"Aquí hay una contradicción entre lo que plantea el movimiento de mujeres y movimiento feminista, que ha luchado durante muchos años por avanzar en el proyecto de aborto en 3 causales, frente a un ministro que, en definitiva, no está de acuerdo con las mayorías sociales, y pretende pasar por sobre la institucionalidad, imponiendo su propia verdad ideologizada respecto de cómo solucionar los problemas que viven miles de mujeres", agregó el parlamentario.

Históricamente, solo dos ministros de Estado han sido acusados y destituidos por el Congreso: Yasna Provoste, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y Harald Beyer, en el primer mandato de Sebastián Piñera.