Desde el año 2006 al calor de las masivas movilizaciones estudiantiles, abogados, procuradores y estudiantes de derecho, asistíamos a detenidos en comisarías y audiencias de control de detención. Además, se hacían habituales los operativos policiales y de inteligencia, que buscaban amedrentar distintas iniciativas de colectivos autogestionados, estigmatizados además por medios de comunicación oficial, en torno de “casas okupa”.

Comenzó a surgir, entonces, la necesidad cada vez más imperiosa, para quienes realizábamos asistencia legal a manifestantes, de coordinarnos. En ese entonces, a fines de 2007, se cerraba una larga huelga de hambre de la Lamgen “Chepa” Troncoso, la que menos dos veces por semanas generaba decenas de detenidos  en las calles y plazas de Santiago, de quienes apoyaban su ayuno y la salida política del conflicto del Estado chileno en contra del pueblo mapuche.

Hacia enero de 2008 la idea estaba más o menos cuajada. Se extendió una invitación para la primera quincena de abril a todos los que estuviésemos dispuestos a mejorar la asistencia legal de los detenidos en el contexto de protesta social.

Pero como en la historia de los procesos, y en nuestro caso ha sido una marca, la urgencia es una constante, se nos cruzó el 30 de marzo. Esa mañana se conocía de dos hechos que pusieron a prueba nuestras voluntades. Por una parte, gran cantidad de detenidos en las zonas populares de la ciudad acusados de una serie de delitos de orden y seguridad, que incluyeron allanamientos de viviendas y sedes sociales de parte de equipos policiales; y por otra, una medida administrativa del Ministerio del Interior, vía Intendencia Metropolitana, que expulsaba a un grupo de músicos españoles-vascos que se encontraban realizando una gira en el país con su agrupación “Los del Puente Romano”. Estas detenciones, y el que los jóvenes españoles habían transitado por la mayoría de casas okupa, hacía esperar una arremetida en torno a esos espacios. Rápidamente nos coordinamos para presentar recursos y otras medidas procesales e intentar revertir las resoluciones judiciales y la expulsión.

En las semanas posteriores, la urgencia se hacía evidente y por lo tanto improvisamos una primera reunión en una sala de la Escuela de Derecho de la Universidad Bolivariana, un esfuerzo por identificar y coincidir con lo mínimo que se requería para constituirnos como organización.

La denominación fue lo primero que se requería despejar. Hubo dos propuestas, tal vez otras más, que llegaron a ser debatidas: unos apoyaban la de “Defensoría Popular” que expresaba una tradición de luchas sociales en Chile, otros estuvieron por “Defensoría de los Pueblos”, por el carácter plurinacional del territorio. Finalmente quedó la primera.

Es importante hacer notar que en el origen de esta organización siempre estuvo la idea de una práctica penal crítica, discurso que se movía en un amplio abanico de militancias teóricas y políticas que no siempre tenían coincidencia, por lo tanto era necesario que desde el inicio el marco quedara lo suficientemente claro para que en el camino no se perdiera tiempo en disquisiciones que retrasaran la siempre urgente asistencia a las y los que luchan.

La segunda reunión se realizó en dependencias de la casa del profesor en calle Catedral. A esa altura se habían despejado varias dudas respecto de los criterios que se debía seguir para constituirnos, y en esa jornada se debatieron cuestiones de procedimientos y coordinamos la asistencia de los detenidos de las últimas semanas. Eran los primeros días de mayo.

Desde sus inicios la impronta de urgencia marcó el quehacer de la organización, la disposición a estar siempre preparados a recibir a quienes buscaban ser defendidos sin tener que justificar las tácticas políticas que les impulsaron a desarrollar sus acciones de disidencia, fue la principal característica de Defensoría Popular. Incluso en contra de lo que cada defens@r popular pudiera considerar como correcto políticamente. Cuando debíamos despejar la pertinencia de alguna causa, contrastábamos colectivamente  al principio rector:  “Asistencia legal de las/los luchadores sociales”, y son luchadores sociales aquellas personas o colectividades que en reclamo de un política pública o reivindicación, los organismos de seguridad pública, y el Estado, aplicaban fuerza, represión y criminalización.

Esta definición ha sido de las cuestiones que ha estado vigente en estos 10 años. Ni una sola vez nos ha alejado de nuestro compromiso, y ha servido para despejar dudas cuando algún afectado se ha acercado a nosotros.

No hemos estado ajenos a las críticas de parte de la comunidad de derechos humanos, por ejemplo, la pertinencia de citar a declarar al ministro del interior en mayo de 2012 Rodrigo Hinzpeter en el marco del llamado juicio “Montaje Caso Bombas”. También hemos tenido derrotas, de eso hay múltiples registros, y que nos ha permitido, en todo caso, aquilatar nuestras capacidades y competencias.

Pero indudablemente que de los hechos más dolorosos ha sido el de la crisis que vivimos en septiembre de 2015, y que implicó la salida de una parte de la organización.

Con todo, en estos últimos tres años hemos dado un salto de crecimiento significativo. Hoy desde la columna vertebral del “Derecho Penal Crítico”, hemos abierto líneas de trabajo que se especializan en atención a luchadores sociales que están insertos en realidad especiales: Trabajadores y activistas de las comunicaciones, medios alternativos, reporteros gráficos y en general, audiovisualistas asistidos por Grupo de Acción para Comunicadores en Conflicto (GACE); avanzamos en una alianza con MODATIMA y su reclamo por la usurpación del agua en la provincia de Petorca, y en general involucramiento en conflictos socio ambientales; profundizamos vínculos con comunidades del Wallmapu en alianza con defensores de la zona; desde Enero de 2018 somos querellantes en causa sobre Inhumaciones y Exhumaciones Ilegales cometidas en la Ex Colonia Dignidad, representando a la Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos del Maule y creamos el equipo “DD.HH. y Memoria”; además, y como una de las últimas líneas que estamos impulsando , creamos la “Defensoría Popular de Género y Disidencias sexuales”; fortaleciendo el trabajo del equipo de asistencia de luchadores sociales, y que se expresa en defensa ante hechos violencia policial y criminalización.

Todo este abanico lo hemos situado en la perspectiva de que las luchas populares se insertan en realidades de múltiples niveles y complejidades, se requieren discursos operativos que refuercen la localidad de la defensa penal, y esta última dimensión la entendemos como un componente que se suma a las estrategias de los actores en conflicto, que junto al esfuerzo de otras disciplinas, mantiene la conflictividad en l@s luchador@s sociales.

Estamos orgullosos del trabajo realizado, y hoy más que nunca, cuando arremete la violencia y la represión desde el Estado hacía la disidencia social y política, con normativa cada vez más específica. Creemos estar preparados para estos y más desafíos que se nos presenten, ahora y por 10 años más.