A la espera del habeas corpus: Tribunal Supremo decidirá si Lula entra o no a la cárcel el 4 de abril
El tribunal de segunda instancia TRF-4 de Porto Alegre dio luz verde este lunes para que el juez Sérgio Moro ordene el ingreso en prisión del ex presidente brasileño Luis Ignácio Lula da Silva, tras rechazar por unanimidad la apelación del ex mandatario. La suerte de Lula está ahora en manos de la Corte Suprema de Brasil que tiene 12 días para pronunciarse, cuando se agote el plazo para recurrir (diez días) y para responder a los recursos (48 horas más).
La sentencia del tribunal de Porto Alegre, que hace justo dos meses ratificó la condena de Lula por corrupción y aumentó su pena de nueve años de cárcel a 12 y un mes, depende de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso de habeas corpus que el ex presidente ya ha solicitado. Si se concede este recurso, se paralizará la ejecución de la sentencia de la instancia. Si no lo hace y Moro da la orden, Lula no tendrá más remedio que ir a prisión. Eso se decidirá el 4 de abril, fecha en la que el Supremo se reunirá para votar.
El Supremo tenía que haberse pronunciado el jueves pasado pero, uno de los magistrados aseguró que ya había hecho check-in en un vuelo que saldría en unas horas y, ante la estupefacción de quienes esperaban noticias sobre el tema por televisión, pidió que la sesión se acortase y se votase otro día. Se acordó el día 4, una fecha que, según informa El País, ha abierto "otro enredo" ya que el juez del Supremo más cercano a los conservadores, Gilmar Mendes, anunció que no podrá presentarse a votar porque ya tiene un compromiso para ese día.
Su ausencia podría ser determinante porque sin Mendes, el resultado quedaría en un empate 5 a 5, lo que, en casos de habeas corpus, significa la aprobación automática y dejaría a Lula fuera de prisión.
Lula, quien lidera desde hace años las encuestas de intención de voto a las elecciones de este octubre, concentra así todas sus esperanzas en el Supremo. Eso pese a que la Justicia electoral del país contempla normas que impiden que un condenado en segunda instancia pueda optar a un cargo electo.