En su contra pesan un fallo del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia y de la mismísima Corte Suprema, pero el proyecto hidroeléctrico Mediterráneo S.A. se resiste a morir.

Se trata de una central hidroeléctrica de pasada de 210 MW de potencia y 400 millones de dólares de inversión que tres históricos socios y amigos del actual presidente como José Cox, Ricardo Bachelet -primo de la ahora ex mandataria, Michelle Bachelet- e Ignacio Guerrero, quieren impulsar de hace años. El proyecto que se ubicaría en el río Puelo, en la Región de Los Lagos, tuvo su primer visto bueno el 27 de febrero de 2014 -a semanas del fin del primer mandato piñerista- cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Lagos aprobó la iniciativa.

Después, todo se vendría costa a abajo con los consecutivos fallos del Tribunal Ambiental y la Suprema, que desestimaron la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -último eslabón que debe sortear un proyecto para lograr su aprobación- al dar cuenta que no se realizó la consulta indígena amparada en el convenio 169 de la OIT, el cual Chile es suscriptor desde hace una década.

Ahora, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se vuelve a poner de lado de la empresa.

Según un escrito presentado ante el propio Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, el SEA solicita una "aclaración de la sentencia definitiva", lo que permitiría re abrir todo el proceso. Si bien el documento ingresó el 8 de marzo y está firmado por Juan Cristóbal Moscoso -ex director del servicio- desde las comunidades opositoras al proyecto temen que con el nuevo gobierno se repita lo que vivieron en último mandato de Piñera, cuando organismos estatales como la Conadi intercedieron a favor de la iniciativa hidroeléctrica.

[caption id="attachment_152629" align="alignnone" width="640"] Ricardo Bachelet y José Cox.[/caption]

"Puntos dudosos"

El 14 de febrero de 2018, Alejandro Artus, gerente general de Mediteráneo S.A., solicitó al SEA que se pronuncie respecto de la "factibilidad de retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto", cuestión que realizó el SEA en su escrito ante el Tribunal Ambiental.

El argumento de la empresa es que tanto el fallo del Tribunal Ambiental como la Suprema no cuestionan la validez del proceso en su totalidad, sino que es específica en cuanto a la falta que se cometió. Es por eso que creen procedente que todo "el proceso se retrotraiga hasta la etapa de la evaluación que permita, a través del levantamiento de toda la información necesaria y de la ejecución de todas las actividades de consulta que procedan".

El SEA, en tanto, en el documento que presentó al tribunal de Valdivia argumentó que las resoluciones contrarias a Mediterráneo "no especifican si se entiende el proyecto queda en estado rechazado o si siendo nula la resolución de calificación ambiental, es necesario retrotraer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que culminó con aquella resolución".

Directamente, el organismo dice a continuación que lo fallado por el Tribunal Ambiental "no sería clara en señalar cual es la situación actual del procedimiento de evaluación ambiental".

Mira acá el documento completo enviado por el SEA

La preocupación de las comunidades locales aumenta con lo ya anunciado por el gobierno: La revisión de la adhesión de Chile al Convenio 169 de la OIT, la cual debe confirmarse este año para que siga vigente por la próxima década.