La crisis carcelaria ha vuelto a estar en boga. Hace pocos días el presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, hizo un llamado a dar solución a las graves vulneraciones que sufren las personas privadas de libertad. El hacinamiento, el contagio criminógeno, las condiciones inhumanas y la segregación son factores que revelan la intensidad de la crisis, entre tantos otros, son factores que impiden la rehabilitación y la reinserción social de este tipo de población penal.

El problema ha llegado a un punto insostenible. Tanto operadores jurídicos como la sociedad en su conjunto debemos dejar de asentarnos en los canales judiciales formales y empezar a innovar y buscar mecanismos alternativos que ayuden a solucionar el problema de raíz. Una herramienta eficaz para atacar el problema son los Tribunales de Tratamiento de Drogas (en adelante TTD). Estos tienen su fundamento en la justicia terapéutica –movimiento que busca que el derecho actúe como un agente terapéutico-. Cabe mencionar que nuestros TTD se cimientan sobre la Suspensión Condicional del Procedimiento (SCP), cuestión bastante criticable, pero que será abordada más adelante.

Los TTD nacen en la década del '70 en EEUU sobre la idea de que la drogodependencia no debe ser tratada como un acto criminal, sino como una enfermedad de compromiso físico y psíquico. De esta manera, la rehabilitación de la persona adicta se entendió como un paso clave para alcanzar la reinserción social. Con el posicionamiento de los TTD se logró reducir de manera considerable la actividad criminal y, en consecuencia, se redujo parte de la sobrepoblación penal. Esto se asienta en diversos estudios, baste como muestra, uno realizado en EEUU por David Wilson y sus colegas, donde concluyeron que la cantidad de nuevos arrestos era menor en aquellos que fueron partícipe de TTD que los que no.

En Chile, el año 2004, se instauró el primer plan piloto de TTD en Valparaíso, y a la fecha actualmente funcionan en 29 tribunales del país. Estos se desenvuelven como un programa o procedimiento penal alternativo que se lleva a cabo dentro del sistema de justicia penal, dirigido a infractores de ley que, además, son drogodependientes. Luego, con el objetivo de reducir la reincidencia criminal, los imputados drogodependientes inician un programa de rehabilitación bajo la supervisión de un tribunal, el cual rompe la lógica rígida de la forma de hacer justicia tradicional, dejando de ser el juez esa figura distante e inalcanzable y donde las partes (fiscal – defensor) trabajan en conjunto.

Los avances logrados por nuestros TTD son invaluables respecto a la reincidencia criminal. Como dijo hace unos días el director de SENDA, Patricio Bustos, “normalmente quienes reinciden sin tratamiento son cerca del 70%. En el caso que se acogen a tratamiento de drogas, la reincidencia llega sólo al 9%, es decir, no son sólo buenos propósitos, si no también resultados importantes en beneficio directo de la sociedad”.

Aunque ya los TTD son efectivos, falta mucho por avanzar. Para comenzar, es necesario institucionalizar el programa de TTD (como lo ha realizado Puerto Rico y EEUU). Es decir, que se le dé existencia y herramientas legales propias. Luego, es preciso que la base de este no sea la SCP, ya que esta figura procesal posee requisitos muy estrictos, lo cual produce una exclusión significativa respecto de las personas que deban entrar al programa. De ahí, que se propone una nueva figura legal, que entre sus requisitos sea acorde al fin resocializador que se persigue. Además, la Ley 20.391 -agenda corta-, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, es un obstáculo importante que debe ser analizado para racionalizar el uso de la cárcel. Estos últimos dos puntos son claves, ya que quienes entran a este programa, en su mayoría, son aquellos que han cometido delitos de bagatela, lo cual no es razonable si queremos mejorar el sistema en su conjunto.

Existe un círculo vicioso entre el abuso de sustancias controladas, la comisión de delitos contra la propiedad, el crecimiento de la población penal y la reincidencia criminal. Para frenar este ciclo, los TTD representan una solución a largo plazo. Es imperativo que Chile abandone el populismo penal y encuentre soluciones concretas a mediano y largo plazo. Para ello se requieren alternativas como los TTD, dejar los prejuicios de lado y atender a los signos de los tiempos.