El alza de $20 en la tarifa del Transantiago afecta directamente a la población asalariada de la región metropolitana que utiliza el transporte público para llegar a sus puestos de trabajo, centros de estudio o para desplazarse en la ciudad. Son 6,2 millones de usuarios que utilizan este medio de transporte y por lo tanto, la ecuación tarifaria del sistema debería ser de la más alta responsabilidad política y no solo de un panel técnico integrado por tres expertos.

Según este panel, una de las principales causas que justifican el alza del pasaje, corresponde a la implementación de las nuevas líneas de Metro, ampliación que implica más transbordos y por tanto mayores costos operacionales. Lógicamente, el transporte metropolitano, como en cualquier ciudad del mundo, es un servicio que no es compatible con la rentabilidad empresarial. Así, Metro como empresa pública está al servicio de la comunidad y los usuarios no debiesen cargar con los costos de la modernización del servicio.

Por otro lado, el fracaso de la licitación del Transantiago aumentará los costos operacionales del sistema por parte de las siete empresas privadas que se han beneficiado con garantías y subsidios entregados por el fisco y considerando las indignas condiciones laborales y salariales en las que someten a los trabajadores del transporte de superficie.

Esta alza tarifaria recaudará aproximadamente $30 millones de dólares al año para cubrir el incremento en los costos de la operación, justamente en un año en que el Estado, utilizando recursos de todos los chilenos, aumentó  el subsidio a los operadores privados del Transantiago en US $124 millones, sumando un total de US $864 millones para garantizar las ganancias del interés privado en el transporte, al mismo tiempo en que se incrementa la precarización del servicio entregado a millones de chilenos.

Sumado al despilfarro de las arcas fiscales que ha implicado el Transantiago, nos parece absolutamente contradictorio que se establezcan alzas de un 3% a la tarifa, considerando la precaria política  salarial que mantiene a los trabajadores chilenos en una condición de pobreza generalizada. El 50% de los trabajadores gana menos de $305 mil y 7 de cada 10 trabajadores ganan menos de $450 mil. Así, los más afectados con esta alza de tarifa nuevamente serán los trabajadores de Santiago que ocupan este medio justamente para acercarse a sus puestos de trabajo.

Es tiempo de que las autoridades políticas se hagan cargo del gran fraude que ha resultado ser el Transantiago, y que no ha fracasado por estar mal diseñado e implementado, sino que ha sido una estrategia pensada en otorgar extraordinarias ganancias a un grupo selecto de operadores privados por sobre la responsabilidad social que tiene  el Estado y las autoridades políticas de otorgar un servicio de transporte cómodo, expedito, decente y en coherencia con el ingreso de los trabajadores de Santiago.

Mientras los usuarios del Transantiago y quienes trabajamos en él, no exijamos un servicio de transporte estatal, público y orientado a las necesidades de la población por sobre la lógica mercantil del interés privado, las alzas de tarifas y la mala calidad en el servicio continuarán vigentes en nuestro recorrido diario.