El desenlace de estos hechos es aún incierto en tanto los acontecimientos están en curso. Carabineros de Chile y el Ministerio Público tienen versiones contrapuestas, pero más allá de sus declaraciones, al cierre de esta investigación una de las dos instituciones auxiliares del poder judicial quedará erosionada en su legitimidad, mientras que políticos mercenarios de todo tipo buscarán esclarecer y sancionar a los responsables de modo categórico y oportuno a fin de mantener una credibilidad que cada día sigue erosionándose, para resguardar las condiciones que les permitan cumplir la promesa de Sebastián Piñera de crear una nueva Ley de Inteligencia que de mayores facultades operativas a la policía secreta.

Desde el punto de vista periodístico es un hecho inédito de gran controversia pública, sin embargo, no podemos perder de vista la centralidad del problema que a nuestro entender tiene dos aristas de relevancia estratégica:

1. El develamiento irrefutable de la persecución política y policial al movimiento mapuche autonomista en general y a la Coordinadora Arauco Malleco en particular, persecución que busca anular las legítimas demandas del pueblo mapuche y ocultar sus verdades históricas presentando a esta expresión mapuche como un grupo de criminales y terroristas para conseguir al mismo tiempo por cualquier medio su desarticulación operativa. Dirigentes de esta organización encarcelados durante el mes de octubre en El Manzano producto de esta operación, comunicaron a la opinión pública que estaban siendo objeto de un montaje político policial para criminalizar la reivindicación nacional mapuche por interés de grupos de presión empresariales.

Por lo tanto, esta controversia institucional nuevamente corrobora y da respaldo a lo expresado por los dirigentes de la CAM, quienes han sostenido una política comunicacional basada en la reivindicación pública de acciones y sabotajes a la industria extractivista que nada tiene que ver con una serie de atentados erráticos a pequeños parceleros o iglesias que contribuyen al proceso de criminalización, al mismo tiempo que han denunciado en reiteradas oportunidades la persecución de la que han sido objeto.

Esta persecución dirigida está amparada en la Ley de Inteligencia, que permite a carabineros operar de forma independiente y autónoma del Ministerio Público, aumentando la posibilidad de que los servicios de Inteligencia funcionen como una policía secreta y al margen del Estado de derecho. De esta forma, todo el poder de la inteligencia estatal combate contra una organización integrada por militantes de gran estatura moral, tenacidad y firmeza inquebrantable, organización que ha sabido resistir y no arrodillarse jamás frente al enemigo.

Nos parece sumamente grave que la inteligencia del Estado coordinada estratégicamente por la ANI y empleada tácticamente por las FF.AA. y de Orden y Seguridad, que debiese operar en función de un objetivo rector: Preservar la Seguridad Nacional, utilice sus recursos en otra dirección, en contra de organizaciones políticas que fundamentan su accionar en planteamientos legítimos para revertir el despojo territorial del pueblo mapuche, tal es el caso de la Coordinadora Arauco Malleco. Esta estrategia ha sido justificada durante años por un ficticio combate al crimen organizado y al terrorismo, escenario construido a partir de sistemáticas operaciones psicológicas destinadas tipificar como terrorista a esta organización política frente a la opinión pública. En estas operaciones psicológicas han concurrido servicios de inteligencia, medios de comunicación y operadores del poder ejecutivo como el subsecretario del interior Mahmud Aleuy

En el contexto de esta controversia entre el Ministerio Público y Carabineros, la Operación Huracán financiada con recursos estatales y ejecutada por organismos que debiesen garantizar la Seguridad Nacional, se devela como lo que es: Una acción más de desprestigio y criminalización hacia una organización política, lo que plantea una interrogante central: ¿A petición de quién se realizan estas operaciones espurias realizadas por los servicios de inteligencia?

2. Si el interés del Estado y sus fuerzas de orden fuera realmente la Seguridad Nacional, no se explica que bajo condiciones de franco descontrol e impunidad, entidades transnacionales y empresariales no solo vulneren la legalidad chilena para implementar sus modelos de negocios altamente nocivos, sino que se amparen en un modelo económico-social extractivista que atenta de forma crítica contra el equilibrio medio ambiental del país, imponiendo una estructura salarial que somete a la pobreza y la miseria a amplias capas del pueblo chileno, promoviendo un modelo político que ha privatizado a las instituciones estatales las que han devenido en una corrupción generalizada, por ejemplo, al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden en la que altos generales han cometidos delitos de traición a la Patria en total impunidad al robarse recursos destinados a la Defensa Nacional. Carabineros tiene una condición de corrupción que ya es inherente a su estructura, el alto mando ha desfalcado a los chilenos en más de $27.000.000.000, y los carabineros de bajo rango han sido sorprendidos coludiéndose con narcotraficantes o francamente desarrollando robos contra el Retail y casas de personalidades. La corrupción de las FF.AA. y Policías las convierte en fuerzas de ocupación contra el pueblo de Chile y sus intereses, al operar como sicariatos al servicio del mejor postor.

Estas organizaciones tienen alojada en su operación el criterio de abuso e impunidad y será imposible obtener de ellas el debido respeto a los Derechos Humanos y sociales. Para que sirvan al Estado, estos organismos deben ser reformulados en su composición y en su estructura, y su dependencia debe estar efectivamente subordinada al Estado.

Al mismo tiempo, los administradores de este modelo subsidiario han desmantelado las instituciones para la protección de los chilenos, tales como Conaf o Sename para beneficio directo de políticos mercenarios; Han impuesto un sistema de protección social raquítico que no cumple los objetivos para los que ha sido creado, mientras se fortalecen los carteles del narcotráfico que cercenan a nuestra juventud. Todo esto ocurre a vista y paciencia de la “Defensa nacional, la inteligencia policial y los dirigentes políticos de turno”

La élite dominante, que se ha hecho con el poder estatal para defender sus intereses mezquinos , emplea la fuerza y la inteligencia para perseguir a quienes como la CAM se han transformado en sus enemigos porque luchan frontalmente contra la industria forestal transnacional o para perseguir a cualquier otra entidad que defienda la soberanía y el interés nacional, dejando en total vulnerabilidad a la población chilena frente a las verdaderas amenazas que nos someten a la miseria material y cultural.

En definitiva, este caso devela una verdad clave: En términos nacionales y estratégicos, el pueblo chileno está desamparado e indefenso, por lo que tiene todo el derecho a defenderse con los medios que sean pertinentes contra sus verdaderos enemigos: La élite financiero-empresarial dominante y sus títeres políticos.