En medio de la visita del papa Francisco a Chile, la presidenta Michelle Bachelet ingresó al Senado un proyecto de ley que busca eliminar el indulto particular en caso de delitos de lesa humanidad. La idea es reemplazarlo por un procedimiento administrativo a cargo de los jueces, quienes podrán resolver las peticiones solicitadas por reos con enfermedad terminal. 

En términos generales, el proyecto busca "regular los criterios especiales que deben considerarse para la obtención de permisos de salida, libertad vigilada y rebaja de condena; y, además, la no procedencia del indulto particular, respecto de las personas condenadas por crímenes o simples delitos de lesa humanidad, de genocidio o de guerra".

En este sentido, se propone que los responsables aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza "y que demuestren su arrepentimiento".

De este modo, el Presidente de la República no deberá firmar una petición de indulto, sino que será función exclusiva de los tribunales: Será "el tribunal de garantía el que, mediante resolución fundada y previa acreditación del estado de salud terminal, podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total, lo que tiene un claro fundamento humanitario", según adelantó El Mercurio.

Desde La Moneda argumentaron que no existen reglas específicas que regulen la ejecución de la pena de los condenados y las condenadas afectados por una enfermedad terminal. 

"Como una forma de seguir avanzando en la creación de las condiciones indispensables para alcanzar la verdad, una efectiva paz y reconciliación nacional, respecto de los condenados y las condenadas por crímenes y delitos de lesa humanidad, genocidio o guerra, afectados por una enfermedad terminal, se les requerirá, además, que manifiesten su arrepentimiento por los hechos cometidos", consigna el proyecto.

Además, cuando se trate de personas con enajenación mental, el texto propone que se requiera un informe al Servicio Médico Legal para probar esta situación, ajustándose a los protocolos referenciales que establezca la dirección nacional del servicio.

Al respecto, el ministro Mario Carroza sentenció que se trata de "un proyecto que se venía gestando hace tiempo. Creo que genera consenso porque trata de beneficios y trato a enfermos. No se refiere a la edad de los condenados para cumplir condena en domicilio, que es tema que divide las opiniones".

De esta manera, la propuesta elimina indulto particular en casos de presos por violaciones a los Derechos Humanos y se consagra la atribución de los jueces de resolver al respecto.