PPK se salvó. Así titulan los medios peruanos el día después de su intervención en el congreso el jueves 21 de diciembre. Es que no es menor lo que ha ocurrido la última semana en este país, la ingobernabilidad de Pedro Pablo Kuczynski llegó a niveles mayores al ser citado por los partidos Fuerza Popular (fujimoristas) y Frente Amplio al Congreso, quienes presentaron una moción para su vacancia por vínculos con la empresa de origen brasileño Odebrecht.

Odebrecht ha sido el punto de discusión de Latinoamérica, y en este caso de Perú todo el 2017. Justamente hace un año, el Departamento de Justicia de EEUU publicaba una investigación que dejaba en evidencia sobornos y coimas que la empresa brasilera habría realizado a funcionarios públicos de 12 países (entre ellos Colombia, Argentina y Perú) por sobre USD$788 millones, derivado de una comisión llamada “Lava Jato”, que investiga hace tres años casos de corrupción en Brasil. Consecuencia de ello, la justicia peruana mantiene una investigación pendiente al ex presidente peruano Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, quienes se encuentran en prisión preventiva en estos momentos por unos supuestos aportes de Odebrecht por sobre los USD$3 millones. En el mismo caso, el ex presidente Alejandro Toledo también mantiene una orden de detención de 18 meses por el delito de lavado de activos, al recibir –cuando era presidente-  la suma de USD$20 millones de la empresa brasilera a cambio de favorecerla con la licitación de dos tramos de una carretera en construcción. Además, el empresario brasilero Marcelo Odebrecht, de su propia boca, confirmó que financió la campaña presidencial de la candidata en ese entonces, Keiko Fujimori. Actualmente ha sido llamada por la fiscalía en dos oportunidades, sin embargo, en ambas no asistió excusándose no tener aún los antecedentes.

Keiko Fujimori es la actual líder del fujimorismo -el ala ortodoxa de la derecha peruana- y la representante activa de su padre Alberto Fujimori, -quien se encuentra en prisión desde el año 2010 condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad-. Su lucha radica en la petición de indulto, cuenta con la mayoría en el Congreso y es uno de los principales motivos de la ingobernabilidad en Perú. La carta de Keiko y del fujimorismo es la desestabilización de los poderes del Estado para tranzar y negociar el indulto de su padre.

El mes pasado, en medio de la histórica clasificación de Perú al Mundial, se filtró un documento en donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski era acusado por Odebrecht, indicando que la empresa brasilera le pagó asesorías a Westfield Capital (ex empresa de PPK) entre los años 2004 y 2007, cuando él era ministro de Alejandro Toledo. Una acusación que se convirtió en el motivo perfecto para llamar inmediatamente a la vacancia presidencial, conforme a la constitución peruana, el congreso nacional unicameral tiene la facultad de destituir al presidente por “daños a la moral”, dándole solo cuatro días de investigación. El fujimorismo a la cabeza realizó una enorme campaña para llamar a la vacancia de PPK, incluso obtuvo votos de la centro-izquierda, apelando a que los niveles de corrupción ya habían llegado demasiado lejos. Días antes, el fujimorismo realizó un golpe al Tribunal Constitucional al destituir e inhabilitar por 10 años a los magistrados Eloy Espinosa y suspender por 30 días a otros tres, quiénes se encontraban investigando el caso de corrupción de Keiko Fujimori por Odebrecht. Sin embargo, la corte interamericana de Derechos Humanos desestimó indicando que se debía suspender “inmediatamente el procedimiento de acusación constitucional seguido contra los magistrados del TC”, por considerarse ilegal.

Ante ese intento de golpe del fujimorismo hacia el TC, PPK es citado para declarar el jueves 21 de diciembre, no sin antes que el presidente se resguardara, enviando una carta la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar un observador, indicando que existían intenciones de golpe por parte del congreso, todo eso debido a la ingobernabilidad ocasionada por el fujimorismo anteriormente, ya que en menos de un año y medio han destituido a un gabinete completo de ministros, 2 vicepresidentes, un golpe al TC, entre otros.

La vacancia no pudo llevarse a cabo gracias al congresista fujimorista y, también hijo de Alberto Fujimori: Kenji Fujimori. Con 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones, Kenji logró convencer en pleno congreso y votación a 5 congresistas de Fuerza Popular para que se abstuvieran de votar y así dejar que PPK continúe siendo presidente de Perú. ¿El motivo? Aún no lo deja claro, Kenji se ha tratado de desligar de la imagen de su padre y hermana, se presenta como conciliador y representa la cara nueva del fujimorismo. Sin embargo, esto no va más allá de una estrategia para posicionarlo como presidenciable en 4 años más, ya que la imagen de su hermana está manchada por la corrupción e intentos golpistas. Otros analistas, indican que es un favor a cambio del indulto de Alberto Fujimori, eso dejaría a PPK tranzar con la ultra derecha y, por lo tanto, además de la imagen de corrupto que ya posee, sería la de una imagen débil, dejando a su partido sin ninguna esperanza en las próximas elecciones.

La sensación de la gente es la molestia permanente, “que se vayan todos” gritan en las calles, la marcha del miércoles sólo en el centro de Lima tuvo una afluencia de 50 mil personas. Una última encuesta realizada indica que el 53% de los peruanos desea que PPK deje la presidencia, el otro en tanto desea que se quede sólo para que los fujimoristas no tengan el poder. La constitución peruana es fujimorista (1993), los peruanos salen a las calles a exigir una nueva, apelando que esta está obsoleta, concentrando el poder en algunos pocos. Se escucha fuerte “fujimorismo nunca más”. Todo es una cacería. Yo miro a Chile desde lejos preguntándome: ¿qué será peor? ¿Una cacería de brujas como la peruana? ¿O políticos relacionados con casos de corrupción en Chile que siguen ejerciendo cargos públicos e incluso los eligen presidentes? Para pensarlo.