El reciente proceso migratorio que vive nuestro país ha sido sujeto de diferentes discusiones y debates en los que se entrecruzan posiciones políticas, económicas, sociales y culturales. Diferentes voces demandan la necesidad de hacernos cargo como sociedad de las situaciones que han derivado de la presencia de extranjeros/as que han elegido Chile como lugar de asentamiento. Esto plantea un conjunto de desafíos, en particular para un país poco acostumbrado a la diversidad que incluso ha negado sistemáticamente su propio carácter multicultural.

Entre esos desafíos hay uno que resulta clave y que es parte central de las reflexiones de este libro: la concepción política en torno a la migración. Más específicamente, sostenemos que la migración requiere un abordaje político que en primer término implique la acción del Estado y su capacidad para asegurar derechos y generar espacios de convivencia democráticos. En efecto, aunque es rol del Estado “gestionar” en forma interna las migraciones, no se puede reducir su acción a una cuestión procedimental si es que a la base no existe un concepto más amplio del sujeto inmigrado que debe estar, y esa la principal propuesta de este texto, enraizado en la perspectiva de los derechos humanos.

Bajo esos parámetros este libro tiene como objetivo presentar las miradas que surgen en torno a la relación que establece actualmente el Estado con las personas inmigradas en Chile, en particular a través de las políticas sectoriales dirigidas a la satisfacción de necesidades de la población. En esa línea, se discute en torno a las políticas públicas y la forma en que desde éstas se configura al sujeto extranjero, tanto desde una perspectiva teórica como procedimental.

El libro transita desde una discusión teórica en torno al concepto de inclusión y la diferencia que surge respecto de otras formas de “gestión” de las migraciones, pasando por incorporar una perspectiva comparada de algunas experiencias internacionales que aportan luces respecto de la forma en que otros países han resuelto a través de políticas y normativas el acceso de la población inmigrada a los servicios del Estado. Asimismo, se  aborda la concepción del sujeto inmigrado que subyace tanto a las convenciones internacionales que Chile ha ratificado, como a la propia legislación y las políticas públicas que desde la década del 2000 se han orientado a satisfacer determinadas necesidades de este colectivo, como también visualizar la forma en que desde las instituciones públicas se construyen una relación de inclusión y exclusión social. En este punto se presentan los resultados de una investigación que los/as autores desarrollaron para la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Finalmente, el texto cierra explicitando la perspectiva común sostenida por los/as autores/as: la movilidad humana es un derecho y las sociedades de acogida son responsables de hacer valer y respetar los derechos humanos de los/as inmigrantes. Sólo de esa forma podemos avanzar no solo hacia la profundización democrática, sino también hacia un país más justo y equitativo.