Después de una maratónica jornada de cinco días, del 16 al 21 de octubre, el viernes 3 de noviembre de 2017 se realizó una nueva jornada del Proceso Constituyente Indígena, en un nuevo intento por lograr acuerdos con el Estado chileno en los temas de reconocimiento constitucional de naciones, avanzar en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, en reconocimientos de territorios ancestrales y en los temas de libre determinación. Pero no hubo acuerdos.

Los representantes del Estado chileno solo estuvieron dispuesto a reconocer temas culturales y de pre existencia, pero en los temas de derechos políticos, que son los que determinan cambios reales, no fue posible avanzar.

La jornada de trabajo partió en horas de la mañana, donde las primeras críticas al gobierno fueron en relación a por qué se habían disminuido las delegaciones que en la jornada de la ONU eran de 145 y en esta jornada eran poco más de 50, es decir, estaba presente un tercio de los delegados originales. Esto causo molestias en varios delegados, pero se superó en el debate, lo que fue la primera muestra del gobierno por manejar la asamblea, pero también demostró la disposición de la asamblea de superar escollos por llegar a acuerdos en los temas trascendentales. Aun así, no hubo acuerdos.

Esto fue solo una muestra de los esfuerzos que realizaron los pueblos originarios por buscar acuerdos con el gobierno, pero la intransigencia de los funcionarios a cargo no permitió llegar a puerto en ninguno de los temas de real interés de los pueblos presentes en la sala.

Los pueblos emitieron una declaración, una vez terminada la jornada, en la que dejan claros sus puntos de vista, como también lo ocurrido en esta jornada. En ella, junto con dejar claro lo sucedido, también señalan que no descartan recurrir a Tribunales para conseguir el respeto por sus derechos no considerados en esta consulta, que llega a su fin sin acuerdo relevantes. También se deja Constancia que la asamblea no reconoce la acta del 16 al 21 de octubre presentada por el gobierno, ya que en ella solo firmaron 38 personas de 145 delegados de aquella oportunidad, lo que representa el 26% de los asistentes.

Al final de la declaración se señala que el Estado se perdió una gran oportunidad de cambiar las injusticias de muchos años, pero que el gobierno no se atrevió a realizar estos cambios.

En esto último se señala la gran responsabilidad de este gobierno, que generó grandes expectativas con este Proceso Constituyente Indígena, pero que prefirió seguir atado a los grandes poderes fácticos, a los grupos económicos que controlan el sistema neoliberal y que no quieren cambios reales en este país. Así, esta promesa de cambiar la actual Constitución, donde se incluyan los derechos usurpados por años a los pueblos originarios de estos territorios se aleja cada vez más. Se seguirá hablando a nombre de los pueblos originarios, de los mapuches en particular, pero sin considerarlos como actores políticos con derechos y en igualdad de condiciones, como es el anhelo del conjunto de nuestros pueblos.

Es bueno dejar claro que esto no detiene la lucha de los pueblos por abrir espacio en una sociedad que nos discrimina, que nos reprime, que nos encarcela, que nos mata. Un Estado que quiere tener patente de moderno, de desarrollado, pero que continúa con prácticas feudales, anclado en un pasado de mente atrasada, de prácticas sancionadas internacionalmente. Un estado que impone un desarrollo que no incorpora ni identifica a los pueblos originarios, menos aún acepta una democracia acorde al siglo XXI.

Finalmente, decir que aquellos que me reclamaban que “los dejara solos”, efectivamente se han quedado solos para negociar con el Estado, las migajas que este les quiera conceder, pero los pueblos originarios ya tomaron su decisión. Y esto dice relación con seguir avanzando en la construcción del camino propio, de seguir trabajando por fortalecer sus organizaciones, las comunicaciones con los otros actores de la sociedad, con los cuales los acuerdos son más fáciles y más duraderos.