Como un verdadero triunfo vivieron la mañana de este miércoles los 11 comuneros mapuche y sus familias el veredicto que entregó el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco referente al ataque incendiario de la madrugada del 4 de enero del 2013 en Vilcún.

Pasadas las 10 horas de la mañana, el juez José Ignacio Rau Atria comunicó la alegre noticia: se absuelve a los 11 imputados del llamado Caso Luchsinger Mackay, decretando su liberación total e inmediata.

[caption id="attachment_172281" align="alignnone" width="1040"] Peñis celebrando tras el veredicto que decretó la inocencia de los 11 imputados / Francisco Parra[/caption]

Así, los comuneros Francisca Linconao Huircapan, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, José Arturo Cordova Tránsito, José Manuel Peralino Huinca, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel y Luis Tralcal Quidel quedaron libre de todo cargo y desestimando el montaje político-judicial que los tuvo siendo parte de una investigación que duró 4 años y de un juicio que se alargó por más de dos meses, incluyendo 35 jornadas de audiencia.

Tras el veredicto, la alegría embriagó a los peñis asitentes a la audiencia. No obstante, también hubo críticas al proceso, el cual se sostuvo en base a uno de los tres testimonios del co-imputado José Peralino Huinca, quien habría relatado ante oficiales de la PDI y los fiscales Arroyo y Chiffelle el detalle del ataque contra los Luchsinger. El problema es que el propio Peralino después se desdijo y acusó a los oficiales Vilches y Leiro de obligarlo a culpar al resto.

Ante eso, el abogado defensor Pablo Ortega declaró a El Desconcierto la necesidad de que el Ministerio Público introduzca modificaciones en sus estándares de prueba y de imputación que se ajusten a los estándares internacionales de DD.HH. "No puede ser que en una causa de esta naturaleza las personas imputadas sean absueltas simplemente porque no se presentaron pruebas. Creemos que tienen que introducir urgente modificaciones en sus criterios y en sus políticas de persecución penal", explicó.