En una resolución tomada en Ginebra esta mañana, expertos de las Naciones Unidas le urgieron al Estado de Chile a dejar de aplicar la Ley Antiterrorista contra comuneros mapuche, después de los bullados casos de huelga de hambre en el llamado "caso Iglesias".

El llamado se basa precisamente en el mismo caso y apunta a la extendida prisión preventiva, vigente desde junio de 2016. "Los cargos en contra de estos individuos deben ser revisados con urgencia y se les deben brindar las garantías de un juicio justo, propias del sistema de justicia ordinaria”, aseguraron los expertos.

“Los miembros de la comunidad indígena han sido privados de su libertad por 16 meses. La Ley Antiterrorista no ofrece las garantías necesarias para un juicio justo, mientras que su uso pone en riesgo la estigmatización de las comunidades indígenas. Además, pone en duda el derecho a la presunción de inocencia de los acusados”, agregaron.

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Además, instaron al Estado que se abstenga de aplicar esta legislación "para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de los mapuches, que buscan reclamar sus derechos" y pidieron usarla exclusivamente en casos que realmente amenacen la seguridad nacional.

También solicitaron una reforma a la Ley 18.314 pues consideran que utiliza "conceptos jurídicos indeterminados", los que finalmente "permiten su aplicación a situaciones que deben ser reguladas por el sistema de justicia ordinaria”.

Por último, rescatan que no es la primera vez que se hace esta advertencia. Tanto la Corte Americana de los Derechos Humanos como el relator especial de la ONU Ben Emmerson en su viaje en 2014 han exigido importantes reformas a la legislación, enfatizando precisamente en puntos como lo extendido de la prisión preventiva, el uso de testigos protegidos y la falta de garantías de un proceso justo.

Quienes firman la declaración son Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Guevara Bermúdez, presidente del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y Fionnuala ni Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.