Los acontecimientos se precipitan en Cataluña a una velocidad vertiginosa. Cada día hay un tema estrella que copa la agenda política y mediática y da continuidad a la vorágine ocurrida en el referéndum del pasado 1 de octubre. Mientras el miércoles fue el llamado a la mediación, el jueves le tocó a los bancos y empresas que quieren salirse de la región, y hoy parece que, cinco días después de los hechos, llegó la hora del perdón.

El delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, pidió disculpas por los heridos y las consecuencias de las cargas policiales ocurridas en los colegios electorales durante el dispositivo para evitar el referéndum. Sin embargo, el representante español responsabilizó al gobierno catalán de la situación por, según él, fomentar el voto pese a que el referéndum había sido declarado ilegal por le Tribunal Constitucional (TC).

En una entrevista a la televisión pública catalana, Millo aseguró que “cuando sé que ha habido gente que ha recibido golpes sólo puedo pedir disculpas”. Y agregó: “De los 2,2 millones de personas que el domingo intentaron votar, hay quien sufrió una lesión o un golpe. Lo lamento”.

Sin embargo, el la autoridad central defendió con rotundidad la actuación policial amparada en la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y acusó a la Generalitat de que nunca le dio una respuesta para “impedir donde hemos llegado”.

Ante estas declaraciones, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en nombre de los otros cuatro organizaciones del gremio, solicitaron la dimisión Millo porque -a su juicio- la actuación policial “fue ajustada al derecho como en otros cientos de ocasiones”. Añaden que si hubo cargas fue por la “inacción” de la policía catalana (Mossos d'Esquadra) y por la falta de anticipación en las órdenes recibidas para cumplir con el mandato judicial de precintar los centros de votación.

"Nos han mandado al matadero social"

A las disculpas de Enric Millo, se suman las de un grupo de mandos intermedios de la Policía Nacional que participaron en la represión del pasado domingo. En una carta envida al medio regional El Periódico, que decidió proteger la identidad de los firmantes, sostuvieron: "Pedimos disculpas. No por hacer nuestro trabajo, sino por el daño que una intervención mal dirigida políticamente ha causado en el tejido social al que pertenecemos". Y agregaron: "Presentamos nuestras más sentidas disculpas por los excesos que se hayan podido producir".

Los agentes aprovecharon la misiva para criticar la mala dirección política de un operativo "condenado al desastre". Y reiteraron:  "(...) la propia esencia del servicio catastróficamente planteado que se nos encomendó comporta inevitablemente escenas como esas". Según ellos, podría haberse impedido el voto sin necesidad de hacer desalojos y habría bastado con desplegar de madrugada hileras de policías a las puertas de los colegios.

Su versión explica que a la una del mediodía recibieron la orden de parar las actuaciones ante el impacto mediático que está llegó a tener el operativo. "¿Pero de verdad no eran conscientes [el gobierno español] de que en cuanto se diese un golpe con la defensa iba a hacerse viral a través de las múltiples redes sociales? ¿En serio se sorprenden y tienen que valorar continuar o no?", se preguntaron.

Los firmantes reconocieron que en la actuación hubo excesos policiales. "¿Se produce algún exceso por parte de algún compañero? Hay vídeos que así lo evidencian. No cabe duda de que sí. Ello tendrá su consecuencia disciplinaria y penal, y todos somos perjudicados por ese bochorno”, manifestaron.

"Nos han mandado al matadero social", aseveraron utilizando una expresión que el domingo en la noche ocupó el comisario principal al mando del operativo. Y añadieron: "La irresponsabilidad de la lamentable clase política nos obligará a estar largo tiempo. Evidentemente esto no va a quedar así".

Además, los policías denunciaron la deslealtad de los mandos de los Mossos d'Esquadra, a cuya actitud condescendiente con el referéndum atribuyen parte de responsabilidad por lo ocurrido: “Han traicionado a España, a los jueces, fiscales y a más de la mitad de la población catalana", aseguraron.

Independencia podría declararse el martes

Después de que el Tribunal Constitucional suspendiera este jueves el Pleno Parlamentario de los diputados catalanes previsto para el próximo lunes sin que la reunión no se hubiera ni siquiera convocado, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidió comparecer el próximo martes a las 6 de la tarde en el Parlamento catalán para "valorar la situación política actual”.

Será entonces cuando el mandatario llevará los resultados de la jornada del 1 de octubre al Parlamento, tal y como aseguró que haría los días posteriores al referéndum, después de que hoy se hicieran públicos los resultados oficiales del referéndum. No se descarta que durante la jornada pudiera producirse la declaración unilateral de independencia, pese a que en las últimas horas voces de su propia fuerza política se mostraron partidarias de posponer la proclamación.

Investigaciones por todas partes

El alto mando de la policía catalana (Mossos d’Esquadra), Josep Lluís Trapero, y los líderes de las organizaciones independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, llegaron este viernes hasta la Audiencia Nacional de Madrid para declarar como investigados por el delito de sedición en las multitudinarias protestas que el pasado 20 de septiembre se desplegaron en Barcelona tras la detención de varios altos cargos del gobierno catalán, durante los preparativos del referéndum.

Por ahora, la Fiscalía no pidió para ellos ninguna medida cautelar pero solicitó a la juez instructora que fije una nueva fecha para continuar las declaraciones a la mayor brevedad posible,  a la vista de un nuevo atestado policial que puede “resultar trascedente".

Por otra parte, el Juzgado de instrucción 7 de Barcelona investiga 130 denuncias y sus correspondientes partes médicos de lesiones por las cargas de la Policía Nacional en 26 colegios de Barcelona el pasado 1 de octubre. El juez tomó esta decisión ante la "avalancha" -en sus propias palabras- de denuncias y partes médicos recibidos, por lo que irá llamando a lesionados, investigados y testigos que corresponda para esclarecer los hechos.

En su argumentario, el juez rebatió punto por punto las tesis del fiscal, que este martes rechazó investigar las cargas porque los heridos solo representaban el 0,037 por ciento de los votantes en el referéndum. "Afectación de la normal convivencia la hubo”, replicó el magistrado, quien a la vez instó al fiscal a no "minimizar la gravedad" de lo ocurrido el pasado domingo.