En las últimas semanas han surgido denuncias que cuestionan el plan de trabajo que el Ministerio de Salud se encuentra desarrollando para modificar el Modelo de Atención Integral de las Personas Viviendo con VIH/SIDA en Chile. La propuesta, según los denunciantes, contemplaría trasladar las prestaciones de salud en VIH/SIDA de los programas especializados en hospitales a los centros de atención primaria de salud (APS).

El anuncio del traslado se oficializó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el 31 de julio pasado, oportunidad en la que se analizó el alarmante aumento de casos de VIH/SIDA en el país. Esta decisión ministerial también ha sido analizada en reuniones de importantes autoridades ministeriales y organismos internacionales como la OPS/OMS. Diversos activistas del VIH/SIDA señalan que la determinación viola disposiciones vigentes de la ley 19.779 de Prevención del VIH/SIDA y la Ley de Derechos de los Pacientes.

La Sociedad Chilena de Infectología de Chile, organismo integrado por médicos y profesionales tratantes de personas que viven con VIH/SIDA además de diversos activistas de reconocida trayectoria en el tema, han manifestado su desacuerdo con la medida. En ese contexto, el 30 de agosto del presente año, un grupo personas con VIH/SIDA interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo, y del jefe del Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA, Dr. Edgardo Vera.

Si bien la acción legal fue declarada inadmisible, sus razones y fundamentos continúan vigentes debido a la alarma que se generó entre la comunidad afectada y producto de las últimas denuncias de traslado de mujeres viviendo con VIH/SIDA desde hospitales especializados en Iquique a consultorios primarios de la misma ciudad.

En una reciente entrevista publicada en El Desconcierto, Marcela Silva, representante de la comunidad de mujeres viviendo con VIH (ICW, en inglés) en Chile, denunció el hecho, señalando que se tomarían acciones legales porque las mujeres no comparten la inconsulta determinación. “Tenemos que pensar que las personas que atienden en los consultorios es gente del mismo sector. Ninguna persona, sea hombre o mujer, se va a exponer a que su identidad sea revelada. En nuestra organización tenemos compañeras que llevan 20 años viviendo con VIH/SIDA y nadie sabe de su estado de salud, incluso, algunas compañeras están dispuestas hasta dejar las terapias por no ir al consultorio. El Ministerio de Salud está poniendo en peligro la vida de las personas”, dijo Silva, también fundadora de la organización Belona de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA.

Para comprender estas reacciones y las demandas planteadas es necesario situarse en la realidad del VIH/SIDA como un diagnóstico de salud generador de estigmas, que a su vez expone a las personas afectadas a graves discriminaciones y vulneración de sus derechos personales y humanos. Para la gran mayoría de quienes acuden a los programas especializados situados actualmente en el nivel secundario de atención de salud, sus equipos tratantes no solo son funcionarios de salud, son también -en gran parte de los casos- la única instancia donde se puede dar nombre al diagnóstico, hablar libremente sobre del VIH/SIDA, requerir información y contención a diversas dudas e interrogantes. Para efectuar un traslado como el que plantea actualmente el Ministerio de Salud sería necesario formar equipos con experiencia y soporte técnico no solo en lo referente a aspectos biomédicos, sino en acogida, orientación y resguardo de la confidencialidad.

Debemos adicionar que los beneficiarios de la atención primaria de salud se atienden según cobertura residencial, es decir, en su entorno vecinal cercano. El punto es que en estos lugares quedarán antecedentes sobre diagnósticos y tratamientos en VIH/SIDA, información que hasta ahora ha sido resguardada en su confidencialidad en los centros especializados de salud, pero que podría verse expuesta a la posible indiscreción, conocimiento y sanción pública de la comunidad más cercana a la persona afectada. Del mismo modo, como lo expresa apropiadamente la Sociedad Chilena de Infectología, el número de especialistas es insuficiente para entregar una atención integral de calidad en VIH/SIDA al creciente número de los beneficiarios de los centros hospitalarios de referencia.

¿De qué forma los centros de atención primaria que no cuentan con médicos y otros profesionales con la especialización requerida podrán asumir este desafío? ¿Cómo se enfrentarán las particulares necesidades de vinculación y apoyo diferenciado de las personas con VIH/SIDA ante la continua rotación de sus equipos de trabajo? Las comunas son muy diversas tanto en sus características geográficas, habitacionales, como en recursos económicos y su distribución. Entonces: ¿Tendremos atenciones de primera, segunda y tercera clase dependiendo del lugar de residencia?

Quienes trabajamos en el tema y nos relacionamos diariamente con personas que viven, trabajan y conviven con el VIH/SIDA, creemos que en un país como el nuestro donde existen tantas diferencias e injusticias sociales, será complejo garantizar un acceso igualitario en calidad de atención a las personas viviendo con VIH/SIDA si se aplica el nuevo modelo de atención integral.

Por otra parte, desde los inicios del Programa de Atención a Personas con VIH/SIDA, la sociedad civil ha jugado un rol relevante, no solo en la prevención sino en la ejecución de políticas públicas, constituyéndose en un importante apoyo en el acompañamiento, orientación y acogida de sus pares. Pero indudablemente su mayor contribución y aporte ha sido el de sensibilizar y educar a través de su activismo, sumando experiencias de vida a los equipos de salud, en sexualidad, diversidad sexual y derechos humanos en pos de una atención más cercana y humanizada, es por ello que ningún cambio puede realizarse sin su debida participación, validando la experiencia y opinión de las personas viviendo con VIH/SIDA en Chile.