Entre los días 20 y 26 de septiembre se está llevando a cabo el plebisicto con el cual el Frente Amplio busca zanjar algunos puntos de disenso en relación a la redacción del programa definitivo de su candidatura presidencial.

Un grupo de 6 personas, compuesto por militantes e independientes, provenientes del periodismo, del audiovisual y de la academia, hicimos por varios meses un interesante aprendizaje de trabajo colectivo y participativo en aras de organizar y sistematizar la información proveniente de los encuentros territoriales en la temática de Comunicación y medios. Destaco esto porque quiero dejar constancia de que el formato de trabajo fue efectivamente horizontal y democrático, elaborado entre personas que hemos participado de diversos procesos de movilización social y gremial en torno a estas temáticas, lo cual otorga validez tanto en forma como en fondo el trabajo realizado. Sin duda, el resultado no es perfecto y estamos en condiciones de seguir debatiendo y agregando matices. Pero es un buen punto de partida.

El diagnóstico surgido de los encuentros territoriales fue bastante coherente en términos de identificar los principales problemas que tiene hoy día el sector. Un gran consenso al respecto se refiere a demandar un rol más activo del Estado en varios niveles: en primer lugar, a favor de la democratización y pluralismo de las comunicaciones, restringiendo la concentración de la propiedad de los medios y fomentando medios comunitarios e independientes. Entre las medidas que surgieron aquí, se repitió en varios encuentros aquella de prohibir tener medios de comunicación a empresas del sector financiero. Así como aquellas orientadas a establecer una red pública – estatal de medios multiplataforma, autónoma del gobierno de turno, de nivel nacional, regional y local, con recursos técnicos y económicos asegurados por el Estado, que además debiera tener una misión de servicio público precisa y evaluable por la sociedad.

Otro consenso importante surgido de los encuentros territoriales fue la necesidad de poner al día la legislación nacional en materia de libertad de expresión. Esto es: despenalizar la radiodifusión sin licencia, derogar leyes que tipifican los delitos de amenazas y desacato contra autoridades públicas (como el artículo 264 del Código Penal y el 284 del Código de Justicia Militar), garantizar el derecho a la protesta, entre otros. Lo interesante es que este consenso quedó articulado como una adecuación a los estándares de organismos internacionales en la materia (ONU, CIDH) de todo el desarrollo normativo chileno (actual y futuro) en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Es decir, comprender estos estándares internacionales como mínimos democráticos sobre los cuales construir todo el desarrollo legislativo en materias de libertad de expresión del país.

Un cuarto consenso surgido de los encuentros territoriales estuvo relacionado con articular una institucionalidad reguladora de las comunicaciones de carácter convergente, con énfasis en principios de libre competencia, transparencia, calidad de contenidos y educación mediática. Es decir, revisar el rol de instituciones como el Consejo Nacional de Televisión (ampliar su capacidad fiscalizadora a otros tópicos de preocupación ciudadana, como los discursos de odio, la discriminación y el sexismo; incorporar a regulación del sector radial) y la fallida Superintendencia de Telecomunicaciones, así como de instituciones encargadas de garantizar estándares de libre competencia que no ahoguen pequeños empresarios del sector (como ocurre hoy, por ejemplo, con el acaparamiento de espectro por grandes empresas de telecomunicaciones) y transparencia de la información sobre propietarios, publicidad estatal, índices de lectoría, entre otros.

De manera transversal, también apareció como tema relevante resguardar los derechos de los trabajadores de la comunicación (periodistas y no periodistas, profesionales y autodidactas).

Por otro lado, hubo temas con muy poca presencia: las relaciones de internet y telecomunicaciones con el derecho a la comunicación aparecieron muy sutilmente. El debate sobre cibervigilancia y protección de datos personales, completamente ausente en relación a libertad de expresión.

Hubo, sin embargo, ciertos matices respecto de cómo se entiende el soporte financiero del Estado a medios públicos, comunitarios e independientes. Este matiz es el que hemos dejado como un disenso, que es al mismo tiempo una invitación a participar del plebiscito, votando básicamente entre dos opciones en esta materia, a saber:

• Medios público-estatales y comunitarios con financiamiento estatal directo y exclusivo. Es decir, el Estado asegura completamente la sustentabilidad económica de estos medios, pero a cambio no permite otras fuentes de financiamiento (publicidad, aportes privados, fondos públicos indirectos).
• Fondos públicos diversos para un ecosistema de medios pluralista y de calidad. Desde esta perspectiva, se entiende que el rol del Estado no es excluyente ni exclusivo; el apoyo financiero de éste no es un fín en sí mismo, sino que es un medio que buscar asegurar al mismo tiempo la sustentabilidad y la autonomía de aquellos sectores que hoy día se encuentran en desventaja en el actual sistema de medios, a saber: públicos, comunitarios y privados independientes.

La invitación queda hecha a pronunciarse respecto de qué énfasis debiera dar el programa del Frente Amplio en su formulación definitiva. Pueden inscribirse y votar a través de esta página: http://frente-amplio.cl/plebiscito.