Usted probablemente no sabe, porque casi nadie en el mundo supo, porque casi ningún medio lo ha noticiado: la semana pasada, el presidente brasileño Michel Temer firmó un decreto donde excluye de la lista de áreas naturales preservadas a una inmensa Reserva Renca (47 mil kms²), en el norte del país, más o menos del tamaño del territorio de Noruega, rica en oro, hierro y otros minerales.

Lo que tampoco se sabía, porque no fue noticia ni siquiera en Brasil (pero sí en Canadá), es que cinco meses antes de la firma presidencial, representantes del gobierno brasileño estaban en Toronto dando una charla a empresarios mineros (a algunas empresas que los chilenos conocen bien), invitándolos a invadir la Amazonia en busca de las riquezas minerales. Y son menos aún los que saben sobre las pequeñas empresas brasileñas también beneficiadas con información privilegiada, y que entre ellas está Boa Vista Mineração, cuya socia principal es Marina Jucá, hija de Romero Jucá, uno de los más fuertes aliados de Temer -fue su ministro jefe en los primeros meses hasta caer por denuncias de corrupción y ahora es su líder en el Senado-.

Cuando las noticias se conocieron en Brasil, tras la firma del decreto, la repercusión negativa hizo que el gobierno retrocediera. Este lunes 28, de hecho, Temer revocó el decreto, pero presentando otro enseguida, junto con una fuerte campaña mediática asegurando que la actividad minera en la zona -que seguirá los mismos parámetros del primer decreto- no va afectar las reservas forestales, la biodiversidad y las áreas indígenas.

Quizás hace algunos años uno tenía otra idea de lo que era Brasil o de sus aspiraciones geopolíticas, pero pasados los gobiernos del PT (el Partido de los Trabajadores, el de Lula da Silva y Dilma Rousseff), el país volvió a las manos de la vieja oligarquía, lo que también explica por qué Brasil casi desapareció del noticiero internacional de los medios chilenos, salvo cuando se habla de la corrupción o de fútbol, como si nada más sucediera en el gigantesco país.

Aunque incluso en los medios brasileños hay que buscar más allá de las noticias sobre corrupción y fútbol, que también son las destacadas por la prensa local, bajando el perfil del debate sobre las políticas implantadas por el presidente Michel Temer en su primer año de gobierno -y si eres dado a las teorías conspirativas, podrás imaginar por qué esos temas no son noticiados en el Chile que está ad portas de un comicio presidencial donde se debate, una vez más, la profundización o el agotamiento del modelo neoliberal-.

Así como si nada, Temer cumple un año en la presidencia de Brasil. Es verdad que él asumió el cargo en mayo de 2016, pero en ese entonces era presidente interino, mientras Dilma Rousseff enfrentaba la fase final del juicio político en el Senado. El 31 de agosto, tras la segunda condena de la ex mandataria, Temer se hizo presidente con plenos poderes, incluso para deshacer todo lo realizado por los gobiernos de Lula y Dilma. Y vaya que lo ha hecho bien.

En 365 días, el gobierno de Temer logró impulsar la más profunda política de contra reformas que ya se ha visto en Brasil, la que no solo miró a programas sociales recientes sino que a derechos mucho más antiguos, además de un amplio programa de privatizaciones.

La primera muestra del carácter del nuevo gobierno fue la venta de inmensos campos petroleros en el Atlántico. Conocidos como Pré-Sal, son el más grande descubrimiento petrolero de este siglo y formaban parte de un proyecto para financiar reformas profundas en las estructuras de educación y salud en el país a partir del año 2020. Desde noviembre del año pasado, el gobierno de Temer ha empezado la serie de subastas de esos campos petroleros, tras desactivar una ley de Lula que imponía a Petrobras como operadora única en los campos, obligando a las privadas deseosas de participar del negocio a asociarse con la estatal brasileña.

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La PEC de la Muerte

Luego vino la PEC 241/55 (la sigla se refiere a “proyecto de enmienda constitucional”). Apodada “PEC de la Muerte” por la oposición, prevé el congelamiento por 20 años de las inversiones públicas en educación, salud, vivienda y otros gastos sociales. Significa decir que el presupuesto federal para esas áreas en las próximas dos décadas no podrá superar el techo que el gobierno de Temer deberá imponer a partir del año de 2019.

Además, es curioso verificar que el gobierno consideró adecuado que la nueva regla de techo presupuestario empezase a valer solamente al año siguiente de las elecciones presidenciales de 2018, aunque el argumento del gobierno era que el Estado necesitaba contener sus gastos de forma urgente.

En el trámite legislativo para aprobar la PEC de la Muerte, Temer inauguró su estilo de negociación con los parlamentarios, el cual consiste en organizar lujosos y costosos banquetes para diputados y senadores en el Palacio da Alvorada (residencia oficial de los presidentes brasileños, no confundir con el Palacio do Planalto, que es la oficina presidencial), en octubre y en diciembre del año pasado, a vísperas de cada una de las votaciones. Cada cena costó a las arcas públicas más o menos 200 mil reales (o 65 mil dólares, o 40 millones de pesos chilenos), y su éxito llevaría a otros eventos similares en 2017.

La PEC de la Muerte fue la principal medida de desfiguración del papel del Estado impulsada por Temer, pero no la única. Este año, el gobierno trató de avanzar con su agenda de contra reformas de corte neoliberal, deshaciendo algunos sociales históricos en Brasil, y no solamente las políticas adoptadas durante los gobiernos del PT.

Reforma laboral

La primera que logró ser aprobada en las dos instancias legislativas y sancionada por el presidente es la reforma laboral. Con el argumento de que era necesario “modernizar la legislación laboral”, Temer impulsó un paquete de medidas que debilita la sindicalización y crea un marco legal donde lo previsto en contrato vale más que la mismísima legislación laboral. Suena raro, pero la lógica de la reforma dice que lo acordado entre las empresas y los trabajadores tiene más fuerza ante la Justicia que lo establecido por ley.

Algunos sindicatos reclaman que ese principio, sobretodo en el escenario de casi 13 millones de desempleados en Brasil, llevará a que empresas ofrezcan contratos en condiciones abusivas a personas cesantes. “En los años '90, Brasil vivía una situación donde la miseria era un proyecto de las élites y el trabajador cesante aceptaba cualquier condición con tal de tener una fuente de ingreso, y la reforma va por regresar a esa misma lógica”, explica el presidente de la CUT brasileña, Vagner Freitas, quien afirma incluso cono0cer casos de empresas forzando la renegociación de contratos vigentes con los empleados actuales para adecuarlos a la nueva normativa, buscando aprovechar sus ventajas.

Establecidas en 1943, durante la dictadura de Getulio Vargas (especie de Carlos Ibáñez del Campo brasileño), las leyes laborales brasileñas eran consideradas una de las que dan mayor garantía y protección a los trabajadores en todo el mundo, fortaleciendo la sindicalización y creando figuras que antes no existían, como el sueldo mínimo, vacaciones remuneradas, jornada laboral fija y plan de seguridad social. Vino a reemplazar un cuadro donde la desregulación favorecía la explotación de los trabajadores y relaciones no muy distintas de los tiempos de la esclavitud.

En ese punto, cabe destacar que hasta mediados del Siglo XIX, el de Brasil fue uno de los más intensos mercados de esclavos africanos del mundo. La esclavitud terminó en el país en el año 1888, y pese a su avanzada legislación laboral de más de 70 años, fue solamente a partir del gobierno de Lula da Silva (2002-2010), cuando se creó una política anti informalidad, que el país empezó a abandonar los puestos de destaque en los vergonzosos rankings internacionales sobre de explotación laboral y condiciones de esclavitud.

Actualmente, estudios locales comprueban la existencia de poco más de 160 mil casos de trabajo esclavo en el país. En ese sentido, preocupa el hecho de que uno de los proyectos de reforma laboral para el campo incluye un artículo que prevé la regulación de pago a trabajadores con comida y hospedaje, sin necesidad de sueldo, sí establecido por contrato. Por suerte, ese artículo no ha sido votado ni sancionado -al menos no todavía, aunque cuenta con el ímpetu del diputado Beto Mansur y del senador Ronaldo Caiado, dos de los panzers oficialistas en el Congreso, y que responden a procesos donde se les acusan de mantener trabajadores en régimen de semi esclavitud en sus haciendas-.

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Lo que queda por hacer

La tercera pata del proyecto de Temer es la reforma previsional, buscando desestructurar las reglas del sistema público de seguridad social establecido también en 1943 por Vargas.

Los dos puntos básicos de esa reforma son el aumento de la edad mínima de jubilación (de 60 a 65 años en el caso de los hombre y de 55 a 62 años en el caso de las mujeres) y el tiempo de contribución para lograr la jubilación con el sueldo integral, que ahora es de 15 años y que el texto del proyecto pretende subir a 40 años -eso haría que un trabajador, sin lagunas de contribución, podría alcanzar ese valor máximo-.

Sin embargo, el proyecto todavía no ha sido aprobado, debido a que es el que cuenta con mayor resistencia por parte de la opinión pública, aunque con la aprobación de los cambios en la legislación laboral pasó a tener alguna prioridad por parte del gobierno.

Aun así, aprobar esa reforma tendrá un costo mayor debido a los efectos que traería a los diputados que voten a su favor. Y cuando se habla en costos es literal. Si para la votación de la PEC de la Muerte y de la reforma laboral bastó con las cenas lujosas, para esta Temer podría reforzar la estrategia que usó para lograr los votos para enterrar el juicio político por corrupción, como sucedió a principios de este mes de agosto, comprando votos con enmiendas presupuestarias adicionales para que los parlamentarios de su grupo usen a voluntad en sus distritos.

De hecho, el salvataje del presidente no fue la primera vez que el gobierno usó esa maniobra -lo había inaugurado antes, en la reforma laboral y la PEC de la Muerte, pero solo para lograr los últimos y decisivos votos-, pero ahora, en un Congreso donde se hizo regla lo de que cada voto tiene un precio, la inflación también ha llegado al mercado del voto parlamentario.

Para su suerte, no todas sus medidas necesitan aprobación del Congreso. El programa de privatizaciones iniciado con la entrega de campos petroleros de Petrobras ahora va adelante con la venta de la compañía eléctrica Eletrobras y la concesión de aeropuertos.

Así vive Brasil su contradicción, un presidente que concluye su primer año de mandato con menos del 5% de aprobación, aunque claramente exitoso en el juego político interno, logrando aprobar los principales puntos de su paquete incluso en contra de la voluntad popular, o “aprovechando su falta de aspiraciones electorales para pasar las reformas necesarias pero que jamás lograrían vencer en las urnas”, como dijo hace algunos meses un editorial del diario Folha de São Paulo -y está claro que cuando habla de “reformas necesarias” se refiere a las necesidades de los grandes grupos económicos-.

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Parlamentarismo como respuesta a Lula

De todas formas, sí existen preocupaciones electorales en el grupo político de Temer. Tanto que las últimas semanas han sido marcadas por una reforma incidental: la reforma política.

A cada nueva victoria parlamentaria, Temer aumenta su impopularidad. No sólo eso, también hace crecer también la nostalgia a Lula da Silva. Pese a los juicios en su contra en la Justicia y la reciente condena por corrupción, el ex presidente sigue ascendiendo en las encuestas, aunque no está claro si podrá ser candidato en 2018 -caso sea condenado en segunda instancia quedaría imposibilitado-.

Ante ese escenario de posible retorno de Lula y de un proyecto que pueda deshacer todo lo logrado por Temer, el oficialismo, en alianza explícita con algunos medios de comunicación, empezaron el debate de la reforma política, para cambiar las reglas del juego ya para las próximas elecciones.

Uno de esos cambios discutidos sería el de la forma de elección de los diputados, para el llamado “distritão”, o “súper distrito”, creando circunscripciones gigantescas que elegirían muchos representantes, lo que ayudaría a elegir incluso políticos con merma en su votación tradicional. Así sería posible mantener gran parte del parlamento actual, ante la necesidad de tener un Congreso hostil a Lula o a un presidente de centro-izquierda que venga reemplazar a Temer.

Pero la idea principal es un viejo sueño de las élites brasileñas: el parlamentarismo. La posibilidad de mantener un Congreso más a la derecha parece ser más simple que la de elegir un presidente, debido al poder de voto para el legislativo que tienen los grupos evangélicos, los grandes coroneles del agro e incluso los ex oficiales de la policía militarizada -las llamadas bancadas BBB, de la bala, del buey e de la biblia-. Por ello, se piensa en disminuir el papel presidencial a un cargo casi decorativo o restricto a temas internacionales, mientras la política interna quedaría a cargo de un primer ministro, elegido dentro del Congreso, por diputados y senadores.

Acá en El Desconcierto ya habíamos contado sobre la historia de las elecciones indirectas en Brasil, como la que hubo en 1985, en la transición de la dictadura hacia la democracia -y cómo eso se barajó como opción de transición a Temer, en mayo de este año, cuando los sectores afines al golpe de Estado de 2016 pensaban ser insostenible su situación tras el escándalo de la escucha telefónica-.

Sin embargo, no contamos que el parlamentarismo fue un modelo vigente en dos momentos de la historia brasileña.

En el siglo XIX, cuando el Brasil recién independiente era una monarquía, tuvo que enfrentar una década entera de casi ingobernabilidad debido a que su segundo monarca, Pedro II, no tenía la edad suficiente -era un niño de 6 años cuando su padre, el portugués Pedro I, héroe de la independencia brasileña, renunció al trono para asumir como rey de Portugal, tras la muerte de su progenitor-. El Congreso estableció un sistema parlamentarista hasta el año 1840, cuando las presiones por derrumbar el monarca llevaron su grupo de apoyo a dar el llamado “golpe de la mayoridad”, por el cual se creó una excepcionalidad para declararlo mayor de edad y apto a ejercer el poder a los 15 años.

El otro momento parlamentarista de Brasil fue en los años previos al golpe de Estado de 1964. Tres años antes, el presidente democrático Jânio Quadros renunció al cargo, cuando el vice-presidente João Goulart estaba en viaje a China. Los militares, que ya eran desafectos de Goulart, trataron de impedir su regreso al país, cerrando las fronteras y estimulando sus aliados políticos a instalar el parlamentarismo antes la “ausencia voluntaria del presidente”. Aliados de Goulart lo ayudaron a regresar por una frontera no controlada con Uruguay y así llevarlo a Brasilia. Sin embargo, el nuevo presidente tuvo que convivir casi un año y medio con el sistema parlamentarista, que se mantuvo.

El año de 1962 fue marcado por la campaña de Goulart en todo el país por las llamadas “reformas de base”, entre ellas la reforma agraria, educacional y tributaria. En enero de 1963, se realizó un plebiscito para decidir si el país prefería el presidencialismo con Goulart a la cabeza o el parlamentarismo, y ganó la opción presidencialista, gracias al apoyo popular a las reformas. En marzo del año siguiente los militares dieron el golpe, sacaron Goulart del poder, enterraron las reformas y estableceron su régimen dictatorial, que duraría 21 años.