Le dicen “el Dicom del Transantiago”. A los responsables del proyecto el nombre no les debe sonar muy lindo. Quién sabe. Pero el asunto es serio. Se le presenta como una de las medidas para combatir la evasión del pago de pasajes. En esencia es un registro de evasores. Quien sea sorprendido viajando sin pagar su pasaje, arriesga no sólo multas, sino que su nombre quedará en un listado público, una suerte de sanción social.

Claro que el castigo está cargado hacia los pobres. Y es que obviamente, la evasión es mucho más frecuente en los sectores vulnerados de la ciudad, donde los bajos sueldos sumados a la mala calidad del servicio, hacen que la evasión no sea sólo por dejación o rebeldía. La evasión es tan masiva y sostenida que es imprescindible salirse de la mirada que sólo busca sancionar. Hay que buscar otras causas, y no el puro castigo.

No hay que olvidar que, hasta antes del Transantiago, los pasajeros tenían un comportamiento de pago ejemplar. Quien subía por la puerta trasera, enviaba su plata de mano en mano, y de regreso recibía vuelto y boleto. ¿Qué pasó para que se diera este giro en la moral del usuario? ¿Y eso se arregla con simples sanciones? No puede ser tan mecánico. Porque cualquier política pública que quiera solucionar el tema, tiene que hilar más fino. Y sin las anteojeras de buscar solamente soluciones de mercado, que en estos temas sólo tiene deudas.

Para los trabajadores del Transantiago el asunto tampoco es sencillo. Su pega es precaria, no nos engañemos: para empezar, trabajan con contrato a honorarios, y eso los tiene por definición sin protección social. El tema no es menor, porque es un trabajo con altas dosis de estrés. La relación entre pasajeros y fiscalizadores es tensa y a veces violenta. Basta ver el caso de la mujer agredida en Maipú por un pasajero descontrolado. Entonces, trabajadoras y trabajadores sin previsión y sin derechos sociales son puestos en la primera línea de un trabajo conflictivo y peligroso. Más aún, enfrentando a pasajeros vulnerados que muchas veces evaden por necesidad o en respuesta ante un pésimo sistema de transporte. Y ante este panorama complejo, el “Dicom del Transantiago” se presenta como la gran solución.

Otro punto: quienes laboran para una empresa concesionaria ejercen un trabajo que necesita atribuciones públicas, una autoridad legal que, en estricto sentido, no les corresponde asumir. Estas y otras inconsistencias pasaron coladas en a la hora de hacer esta ley, que está a punto de ser promulgada. Y es lamentable, porque es un proyecto de dudosa utilidad. Además, tendrá un impacto negativo para pasajeras, pasajeros, trabajadoras y trabajadores. Sus voces no fueron escuchadas durante los debates previos a la ley.

¿Qué queda por hacer ahora? ¿Simple resignación? ¿Críticas al aire? Ni lo uno de lo otro. Una mala ley no es para siempre, se puede elaborar una respuesta. Se viene un recambio de legisladores y de gobierno. Hay que apoyar las alternativas que consideren soluciones reales a problemas complejos, no sólo parches o mediáticos y poco efectivos. Hay que poner en el centro los intereses de la clase trabajadora, que está en ambos lados de la ecuación, como pasajeras y pasajeros tanto como trabajadoras y trabajadores.

Existen propuestas para financiar vía impuestos el pasaje, lo cual es técnicamente posible. O incluso ir más allá, e imaginar un sistema de transporte realmente público, que no considere a los privados, de muy mal desempeño en este tema. Y ojo ahí, porque el Estado hoy inyecta miles de millones de pesos, que pasan a manos privadas y que no han mejorado el servicio prestado, ni han eliminado la evasión. La mentada eficiencia empresarial queda desmentida día a día, por cada micro “en tránsito” que se pasea sin pasajeros, por cada bus en calamitoso estado que recorre las avenidas de la capital.

En definitiva, hay que recuperar los sentidos colectivos, para que la micro de la justicia social no nos deje abajo.