Hemos sido testigos de los graves impactos ambientales que la industria minera ha generado en el norte del país: contaminación del suelo, del aire y del agua, reducción de glaciares y de humedales, degradación de cuencas y de otros ecosistemas, todos los cuales son fundamentales para la sobrevivencia de diversas especies, entre ellas la humana. El deterioro de estos recursos naturales y las externalidades negativas de la minería que allí se concentran afectan de manera irreversible diversos ámbitos de la vida de las personas que allí habitan, especialmente las economías locales y las actividades productivas agropecuarias de comunidades indígenas y campesinas.

Pero estos impactos no afectan a todos por igual. La literatura internacional da cuenta que las mujeres se ven más afectadas por la industria minera en distintas dimensiones. Muchas veces las mujeres quedan fuera de los procesos de negociación de sus comunidades y, por tanto, de las compensaciones monetarias que son fruto de esos procesos. Así también se señala que, al ser comúnmente las mujeres las responsables de las actividades de cuidado familiar, los impactos de la minería en la salud y la disponibilidad del agua aumentarían su carga de trabajo no remunerado. Del mismo modo, los efectos en los recursos agua y tierra reducen la viabilidad de la agricultura de subsistencia, que para muchas mujeres del mundo rural representa una importante fuente de ingresos y de autonomía. Por otro lado, existe una estrecha relación entre la industria minera, su cultura machista y el incremento en los índices de violencia contra las mujeres.

Sin embargo, algunos territorios del norte de Chile nos muestran que los conflictos socio-ambientales han impulsado transformaciones en las estructuras de poder de las organizaciones locales donde las mujeres han ido ocupando un rol central. Basta con recorrer el Valle del Huasco y la Provincia del Loa para darse cuenta que las mujeres indígenas del norte de Chile, las que históricamente fueron situadas en las butacas como espectadoras de los procesos de cambio, hoy son las protagonistas en la defensa y recuperación de sus territorios. Ellas han ido adquiriendo un nivel de conocimiento de los marcos normativos nacionales e internacionales que las protegen, lo cual les ha permitido dialogar desde una mejor posición frente a las empresas mineras.

También han aprovechado los recursos de los procesos de negociación y compensación para defender sus derechos, su patrimonio e invertir en sus territorios. Por ejemplo, organizaciones diaguitas del Valle del Huasco -encabezadas por mujeres- contrataron sus propios estudios de análisis de suelo, aire, agua, y del estado de los glaciares de roca, para contrastar los estudios de las empresas mineras, lo que les ha permitido interponer demandas y exigir mejores sistemas de monitoreo de los impactos de la industria. En San Pedro de Atacama, algunas comunidades Licanantay han invertido esos recursos en infraestructura para la valorización del patrimonio natural y cultural que les permite hoy en día generar ingresos autónomos, basado en su identidad cultural.

Frente a este escenario me atrevería a decir que el ejercicio del trabajo comunitario no remunerado que históricamente han realizado las mujeres, bajo un contexto de conflicto socio-ambiental, se ha convertido en una posibilidad de equilibrar su incidencia en los espacios públicos y de toma de decisiones. De algún modo, las crisis y los conflictos territoriales generan fisuras en las formas tradicionales de hacer las cosas, en particular, en los sistemas de género, que permiten el surgimiento de nuevos actores en el escenario político local.