El establecimiento de la verdad sobre las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la dictadura tiene un reconocimiento político y social amplio y relativamente transversal. Pero lamentablemente en una sociedad de profundas desigualdades en el ejercicio del poder y de una naturalización de la violencia contra las mujeres prácticamente intocable, el Estado, los actores políticos, los medios de comunicación y periodistas redundan en darle la espalda a esa verdad histórica cuando ella alude a la violencia particular que se ejerció (y ejerce) contra las mujeres.

El martes 13 de junio, en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, el periodista Ignacio Franzani tuvo como entrevistada a Loreto Iturriaga, hija de Raúl Iturriaga Neumann, ex militar e integrante de la DINA, condenado por violaciones a los Derechos Humanos. El caso ha estado en agenda por el estado de salud del ex militar y por el uso que ha hecho su hija de las redes sociales para reclamar por las condiciones en que se encuentra su padre y banalizar la violencia sexual a la sobrevivieron decenas de mujeres en dictadura.

Iturriaga reiteró en varios momentos de la entrevista que la violencia sexual contra las mujeres, y “las violaciones cometidas con animales como perros y ratas”, son una falsedad, una mentira. Como Comisión de Género del Colegio de Periodistas es un imperativo ético recordarle a la opinión pública que la violencia sexual como un modo específico de tortura contra mujeres fue una práctica sistemática de la dictadura y que el periodismo no se puede ejercer de espalda a una verdad histórica registrada en los informes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura conocida como Comisión Valech (por mencionar algunos testimonios escritos).

Es de toda justicia, empatía social y responsabilidad profesional denunciar que episodios como estos no pueden repetirse en el ejercicio del periodismo y en los medios de comunicación sin que exista un mínimo de cuestionamiento sobre la calidad de la información y la línea editorial del medio que prima en el desarrollo de esos contenidos. La verdad histórica de lo que sucedió con las mujeres en dictadura no puede ser entendida como un espectáculo mediático o como la puesta en escena de alguien con ánimos particulares de venganza. Lo mínimo que se le puede exigir a un periodista con palestra pública es que esté informado.

La violencia sexual contra las mujeres en dictadura fue sistemática y se aplicó en todas sus formas y en casi todos los centros de tortura (Villa Grimaldi, Londres 38, la “Venda Sexy”, la ex Colonia Dignidad, por mencionar algunos) en las comisarías, retenes, cuarteles, furgones, durante los allanamientos, en las propias casas de las mujeres. Donde fuese posible.

La violencia sexual se ejecutó a través de violaciones anales, vaginales y de manera oral. Por personas, usando objetos y animales. A través de tocaciones y amenazas de violación como una forma de infundir miedo. Desnudez y exposición forzada a los abusos sexuales contra otras personas para anular todo atisbo de dignidad.

Estas violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres fueron masivas y ejecutadas por militares y civiles, contra mujeres de todas las edades y clases sociales. Sus cuerpos y sus vidas fueron parte de una estrategia de guerra, odio y temor y también como botines, como recompensas por el cumplimiento del deber.

Una vez más reiteramos que los medios de comunicación y sus profesionales deben trabajar sus informaciones y contenidos en marcos fundados en Derechos Humanos reconocidos internacionalmente. La violencia contra las mujeres es un continuo en democracia, guerra o conflictos políticos y armados. Adquiere diversas manifestaciones y formas. Se produce y reproduce en distintos espacios sociales. Pero en tiempos de conflicto, esas manifestaciones de violencia sobre las mujeres se exacerban, se tornan más crueles y perversas. Se ejercen con mayor grado de impunidad. Lamentablemente, no son nuevos actos de discriminación y violencia porque continúan siendo expresiones de dominación y subordinación histórica hacia las mujeres, dirigidas por grupos armados, la acción u omisión del Estado.