El terrorismo aterra. Y los mapuche en las comunidades viven en el temor permanente de ser allanados, golpeados, baleados, o incluso asesinados por la policía. Tanto así que el testimonio de la anciana Petronila Catrileo de la comunidad de Pocuno, es dramático: “cada día y cada noche estamos pensando que nuestra familia ya no va a amanecer, que la familia va a estar hecha cenizas…hay cuatro niños chicos en la casa y no quiero que a mis hijos los saquen muertos de la casa…”, dice. ¿No es esto terrorismo de Estado? ¿No es igualmente pavoroso que Vania Queipul, de la comunidad de Temucuicui deba optar por estudiar enfermería, no por vocación, sino porque de esa manera puede ayudar a sus hermanos y hermanas que son continuamente heridos por carabineros en su comunidad? Ese es su presente y su futuro, una memoria construida desde los relatos de los antiguos, pero también de la memoria reciente, que es su propia historia.  ¿No es esto terrorismo de Estado?

Brandon Hernández, joven de 17 años fue acribillado en la espalda por un carabinero mientras se hallaba en el suelo. Porque a Brandon le disparó súbita y cruelmente el sargento de las Fuerzas Especiales de Carabineros, Cristian Rivera. Como hacen los cobardes le acribilló con 100 perdigones, no obstante el suboficial está en libertad, aduciendo que fue tan solo un accidente. Uno más en el marco del conflicto-chileno mapuche. Sin embargo, el general jefe de la Novena Zona Policial de Carabineros, Christian Franzani, dijo lamentar este “accidente”. “No quiero que esto sirva para distorsionar la realidad de lo que ocurrió, lo único que queremos nosotros es respeto hacia la institución y respeto hacia este funcionario que se encuentra afectado, junto a sus superiores”.  Sucedió en la zona de Curaco, en las cercanías de Collipulli, pero se replica en todas partes. En el mismo mes de diciembre de 2016, en el sector Tranapeque, comuna de Tirúa, efectivos del GOPE de Carabineros dispararon sus armas de fuego,  hiriendo gravemente a dos comuneros mapuche.

Hace unos días la estudiante Fabiola Antiqueo fue impactada por una bomba lacrimógena en las afueras del Hogar mapuche de Padre Las Casas en Temuco, perdiendo la visión de su ojo izquierdo. ¿Otro accidente? ¿No es  esto terrorismo de Estado?

¿Es esta la horrenda violencia mapuche que dicen atormenta a la sociedad regional? porque todo indica que afecta más a los mapuche. Si es tanta la violencia que argumentan que existe, si es tan vasto el tormento ¿Cómo es posible entonces que las utilidades de la industria forestal hayan crecido ininterrumpidamente en las últimas dos décadas? ¿Cómo se explica que el comercio en la región de La Araucanía haya alcanzado un incremento promedio real de un 9,4% en 2016? Esto quiere decir que se superó el crecimiento de 4,1% de 2015 y de 2,9% en 2014: ¿De qué situación de temor se habla? Aun así, la Multigremial de La Araucanía y el candidato presidencial José Antonio Kast llaman a la aplicación de Estados de Excepción y sacar militares a la calle. ¿No es esto terrorismo de Estado?

 La presencia policial en territorio mapuche

Acorde a Informes oficiales, el año 2015 se incorporó en la zona del conflicto a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE. Además, se crearon tres brigadas de Investigaciones Policiales Especiales en Los Ángeles, en La Unión y en Angol, que ya tenían en Concepción. Se formaron  ocho brigadas de inteligencia, lo que hace un total, en esa macrozona, de 161 detectives, de los cuales 73 se encuentran a cargo de labores solamente investigativas y 88 en la función de inteligencia.

Asimismo, Carabineros continúa incrementando su presencia en el Wallmapu. Entre los 1.389 funcionarios destinados a la zona del conflicto –equivalente a un batallón de un ejército–  se incluye personal de dotación de las unidades que se crearon para este objetivo. La Prefectura de Fuerzas Especiales, la Subprefectura de Fuerzas Especiales y algunas Tenencias temporales.  A esto deben sumarse recursos logísticos: 167 vehículos, 50 de ellos blindados, 93, semiblindados y 21 vehículos convencionales. A pesar de todo el despliegue mencionado, igualmente se pretende seguir anexando nuevas tecnologías, como drones o aviones no tripulados. Es una guerra de desgaste con un fuerte componente territorial y de violencia simbólica. Al menos tres de las bases de las Fuerzas Especiales de Carabineros se encuentran en escuelas ubicadas en áreas rurales.

Son fuerzas y medios bélicos dispersos a lo largo de tres regiones y basificadas en colegios que deberían estar destinados para los fines que fueron diseñados: la educación y no la violencia. Uno de los campamentos policiales está en el ex Liceo Técnico de Pailahueque en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía. Esta es una afrenta simbólica al pueblo mapuche toda vez que ahí estudió Alex Lemun, joven mapuche asesinado en 2002, precisamente por un carabinero.

Otra base se encuentra en el Liceo Purulon en la comuna de Lanco, Región de Los Ríos. Finalmente, también se usa la escuela básica San Luis, de Contulmo, en la provincia de Arauco, en la Región del Bío-Bío. Pero la violencia simbólica no sólo se expresa en la presencia policial al interior de las dependencias de estas escuelas-comisarías-campamentos, sino que en los pueblos y localidades cuyos habitantes ven perturbada su cotidianidad  por la presencia de personal uniformado. Eso comprende a centenares de niños y niñas mapuche que han crecido en la violencia.

Se materializa también concretamente en que el Estado ha detenido, procesado y encarcelado a decenas de mapuche, la mayoría de ellos comuneros, invocando en numerosas ocasiones la Ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley anti-terrorista. Además de realizarse permanentes allanamientos en comunidades, hostigamientos constantes, amenazas y baleos. Se utilizan todos los recursos del Estado –financieros,  humanos, organizativos, logísticos, materiales, propaganda psicológica, armados, entre otros– para amedrentar y controlar a un pueblo, o al menos a un sector del pueblo mapuche. El Estado  ha criminalizado la protesta social, las movilizaciones, las demandas y reivindicaciones mapuche, recurriendo a la violencia y al terror.

Terrorismo chileno desde el siglo XIX hasta la Ley anti-terrorista

 Hay un racismo histórico en las clases dominantes que los hace despreciar al indígena. En el siglo XIX, el coronel Cornelio Saavedra, quien dirigió la ocupación militar del territorio mapuche, sostuvo que a los mapuche había que
“quemarles sus ranchos, tomarles sus familias, arrebatarles sus ganados y destruir, en una palabra, todo lo que no se les puede quitar”. Vicuña Mackenna, por su parte, consideraba a los mapuche “una horda de fieras que es urjente (sic) encadenar o destruir en el interés de la humanidad, en bien de la civilización”. Antes eran salvajes y fieras, hoy son terroristas o “guerrilleros paramilitares narcoterroristas” como sostiene el delirante comando clandestino Húsar de la Muerte que surgió en La Araucanía para reprimir a los mapuche, pero del que nadie habla. ¿No es eso terrorismo?

En segundo lugar, la definición de terrorismo usada es tan vaga y amplia que cualquier acción o movilización de protesta social que involucre algún grado de violencia podría ser calificada como terrorista. Pero internacionalmente –aunque tampoco hay consenso en esto–  la figura y práctica de terrorismo entraña la aplicación sistemática de una conjugación de elementos que producen terror en la población o en sectores de la misma, básicamente con la intencionalidad de causar muertes, tomar rehenes o graves lesiones, amedrentar, provocar y obligar a un gobierno u organismo internacional a realizar o abstenerse de efectuar acciones que de otra manera hubiese ejecutado. Nada de esto han producido las acciones atribuibles al pueblo mapuche. En territorio mapuche histórico todo funciona con normalidad, jamás ha habido un quiebre del Estado de Derecho como se intenta hacer creer, lo cual no significa que no haya violencia política desde un segmento del movimiento mapuche autonomista. Existe, pero ésta se ha expresado principalmente en acciones de propaganda armada en ataques a la propiedad privada. También se ha provocado la muerte de dos agricultores en un incendio acaecido en la zona de Vilcun en 2013, acción que siendo sin duda condenable constituye una excepción. Además, la violencia utilizada por un sector del movimiento mapuche es más bien rudimentaria –comparada con el poder de fuego del Estado– y absolutamente marginal en relación al movimiento en su conjunto.

El problema es que la Ley anti-terrorista, tal como ha establecido Ben Emmerson, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, de las Naciones Unidas,  “permite una interpretación que incluye bajo la rúbrica de terrorismo conductas que atenten exclusivamente contra la propiedad, da lugar a ambigüedad y confusión sobre lo que el Estado reprocha penalmente como delito terrorista”. En otras palabras, delitos comunes se tipifican como terroristas. Se ha vulnerado permanentemente la presunción de inocencia, las garantías judiciales, se abusa de los periodos de prisión preventiva, del recurso de los testigos protegidos, del secreto del sumario. En el sur no hay terrorismo, sino que actos de violencia política y la aplicación racista de una Ley que ya fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014.

El pueblo mapuche siempre ha estado más dispuesto al diálogo, inclusive la Coordinadora Arauko-Malleko, que el Estado, los agricultores descendientes de colonos o las empresas forestales. Es más, la mayoría del movimiento mapuche recurre a vías institucionales para canalizar sus demandas, una minoría utiliza la violencia política, porque la considera un recurso legítimo de autodefensa. En territorio mapuche no existe, ni ha existido jamás terrorismo mapuche. No hay quiebre del Estado de Derecho, excepto para los mapuche. La solución no es policial, sino política, mientras la clase dominante chilena no comprenda eso no habrá solución alguna al conflicto.