Dos hechos han llamado la atención del diverso grupo de defensores de los once imputados en el caso Luchsinger-Mackay en los últimos días. El primero fue el anuncio de que Jorge Andrés Luchsinger Mackay, el hijo de la pareja que murió en un incendio intencional el 2013, será parte del Consejo Ciudadano de la candidatura de Sebastián Piñera. Pero fue la solicitud de un certificado de estado de causa por parte de los abogados de la familia Luchsinger-Mackay lo que definitivamente prendió las alarmas.

Este certificado es uno de los varios documentos necesarios para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. A inicios de mayo, luego que el Tribunal rechazara varias de las pruebas que presentaron por improcedentes o impertinentes, el propio Jorge Andrés Luchsinger reconoció a El Mercurio que recurrir al TC era una posibilidad.

Sin embargo, hoy esa posibilidad parece cierta. Una vez finalizada la etapa de audiencias preparatorias, el juicio oral debería iniciar en un plazo máximo de 60 días. Pero las defensas sospechan que el recurso ante el Tribunal Constitucional se usará como una más de las maniobras dilatorias que ya se han registrado en el caso.

Al respecto, la defensora de Sergio Catrilaf Marilef, Hernán Catrilaf Llaupe y Sabino Catrilaf Quidel, Manuela Royo, explicó a El Desconcierto que “el querellante, señor Tenorio, que representa a la familia Luchsinger y tiene relaciones con senadores como el señor Espina, presentó una solicitud a la Corte de Apelaciones de Temuco pidiendo que se certifique se consideró inadmisible un recurso presentado por él, para así poder acudir al Tribunal Constitucional”.

Royo analiza que este recurso podría suspender la causa por casi un año. “Estamos hablando de personas que ya se encuentran privadas de libertad por más de un año. Es un acto de absoluta mala fe, que busca mantener a inocentes privados de libertad”, criticó Royo, añadiendo que “nos parece por lo menos extraño cuando justo ayer se revela que la familia Luchsinger forma parte del comando de Piñera, revelando los intereses políticos que hay detrás de esto”.

El abogado Jorge Guzmán, representante de José Córdova Tránsito, señaló que "sería extraño que los querellantes recurrieran al Tribunal Constitucional ya que constantemente han declarado que su interés es que este juicio se lleve a cabo lo antes posible".

En su mirada, un requerimiento ante el TC puede dar para cualquier cosa, ya que por un lado podría alargar la prisión preventiva de los once imputados o, por otro lado, podría prestarse para una revisión de las medidas cautelares de José Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Peralino Huinca, José Cordova Transito y la machi Francisca Linconao Huircapán.