Declaración Pública ante destitución de coordinadora PRAIS en Servicio Salud de Oriente
En el contexto de nuestras demandas sobre cambios y/o mejoras necesarias a las políticas de reparación en salud a los sobrevivientes de la dictadura, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente destituyó a la coordinadora PRAIS Santiago Oriente, Olga Alejandra Pinto Henríquez, medida adoptada de manera intempestiva y sin participación de las y los usuarios PRAIS. Esta medida se encuentra evidentemente relacionada con la crisis del programa PRAIS. Esperamos que tenga alcances positivos para el proceso de nuestras reivindicaciones y derechos, fortaleciendo el necesario diálogo que buscamos continuar.
Las autoridades administrativas del SSMO y del propio PRAIS, nos han informado que lo que se pretende es garantizar el buen desempeño del equipo y el adecuado funcionamiento del programa para mejorar la atención de los pacientes PRAIS. Pensamos que cualquiera restructuración será positiva y tendrá sentido solamente si ayuda al rompimiento de las trabas que no permiten que la Norma Técnica y los lineamientos correspondientes se implementen de manera adecuada.
Estamos a la espera de la información oficial y escrita de las causas y alcances de esta medida, adoptada en el marco de nuestras reivindicaciones ante el Estado por una reparación justa y digna. Dichas demandas fueron expuestas- junto a otras asociaciones de usuarios PRAIS y de DDHH- en carta a la Presidenta de la República con fecha 7 de diciembre de 2016.
Por otra parte, con el fin que usuarias y usuarios podamos ser sujetos de los procesos de restructuración de un programa que debe otorgar reparación a los graves crímenes cometidos por el Estado, solicitaremos que nuestra agrupación pueda participar en los criterios y necesidades de dichos ajustes organizativos como es el caso de la actual reorganización dirigida por la directora del SSMO, Dra. Andrea Solís y coordinada de manera subrogante por la Sra. Edith Magaña.
Por último, exigimos nuevamente a las instituciones públicas del país que asuman su responsabilidad en cuanto a dar cumplimiento a una reparación plena para las y los sobrevivientes de la dictadura en materia de salud, y que realicen una política definitiva y efectiva de Verdad y Justicia, que permita superar el profundo daño causado a nuestra sociedad por un régimen de terror estatal.